12 de marzo 2022
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La ex aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, tras escuchar el fallo de culpabilidad por la justicia orteguista, le dijo directamente al juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, "usted me está violentando mi derecho a la libertad de expresión, que tanto defendió mi padre y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que dejó mi padre, el Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi madre, la expresidenta Violeta Barrios", señaló.
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Aseguró que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) tenía la finalidad de capacitar a jóvenes periodistas y que las organizaciones internacionales enviaban donaciones porque confiaban en el buen manejo que hacían de los fondos. "Ustedes me están criminalizando por capacitar a periodistas y se está utilizando la justicia no para decir la verdad. Si yo he sido el canal para recibir esas donaciones y capacitar a los periodistas es porque soy una persona honesta. Yo nunca he tomado dinero de la FVBCh para mi propio beneficio porque fui educada con grandes valores y tampoco he tenido necesidad de hacerlo", expresó.
Chamorro fue declarada culpable este viernes de los presuntos delitos de lavado de dinero -cinco años- y apropiación y retención indebida-tres años-, sumando ocho años de prisión, y una multa equivalente a tres veces el valor del dinero supuestamente lavado. En el caso de la Fundación también fueron acusados dos extrabajadores, Walter Gómez y Marcos Fletes, para quienes solicitaron 13 años de cárcel; el conductor personal de Cristiana, Pedro Vásquez, para quien piden siete años y al exvicepresidente de la FVBCh Pedro Joaquín Chamorro, cuya pena solicitada es de nueve años.
PJCHB juró ante Dios, la patria y su familia: "No he cometido ningún delito”
Pedro Joaquín Chamorro Barrios se pronunció bajo juramento ante Dios y la patria y le dijo al juez Luden Martín Quiroz ’usted representa la patria’. Juró ante la memoria de su padre, el héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, su madre-la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro- su esposa y sus cuatro hijos. “No he cometido ningún delito. No soy culpable de lo que me están acusando”, expresó, según relataron las defensas.
Dijo que él nunca había obtenido dinero de la FVBCh o se había apropiado indebidamente de nada que no le perteneciera. Que lo único que hizo por diez años fue administrar un patrimonio familiar (el condominio de cuatro apartamentos Farallón en San Juan del Sur) en los cuales él y cada uno de sus hermanos aportaban una parte de los fondos necesarios para el mantenimiento de la propiedad.
También dijo que si alguien lo pudiera culpar de usar mal ese dinero, serían sus hermanos que depositaron su dinero en esa cuenta, "pero tengo la conciencia tranquila que hice las cosas correctas", subrayó.
La pena solicitada en contra de Pedro Joaquín Chamorro Barrios por la Fiscalía se divide en seis años por el delito de apropiación y retención indebida más multa de 300 días y tres años por gestión abusiva más inhabilitación para ejercer la profesión por el mismo periodo; en total, son nueve años de prisión.
Por su parte, Walter y Marcos, afirmaron que no cometieron ningún delito, que son personas honestas y que lo único que hicieron fue ejercer su profesión. "Soy inocente. Le doy gracias a Dios por la esposa y los hijos que me dio, porque es por ellos que yo no haría nada indebido. En mis 30 años de laborar en diferentes instituciones nunca he cometido un delito", dijo Gómez, según relató su esposa, María Consuelo Céspedes.
La Fiscalía solicitó para ambos extrabajadores 13 años de prisión: dos años por falsificación ideológica, dos por gestiones abusivas, más la inhabilitación para ejercer la profesión por ese mismo periodo. Por apropiación indebida, la Fiscalía solicitó una pena agravada de cuatro años más 300 días multa, y por lavado de dinero, cinco años de prisión, más la multa de tres veces el valor del dinero supuestamente lavado. Esto pese a que según las defensas, durante siete días de juicio, la Fiscalía no logró probar ninguno de los delitos imputados a los acusados.
El conductor Pedro Vásquez expresó ante el judicial que es inocente, que "sus manos nunca han estado manchadas por andar haciendo cosas ilícitas”, aseguró su esposa, Norma Vega, quien está muy preocupada por su salud, ya que en las audiencias lo notó débil. "Sufre de mareos, ha perdido unas 40 libras, tiene moretones en sus brazos y se le ha subido la presión", señala.
Nueve meses encarcelados
“Mi miedo es que le pueda dar una embolia, o un paro cardiaco", expresó Vega, quien pidió que permitan que pague su condena bajo la figura de casa por cárcel. A Vásquez lo condenan por ser cooperador necesario por lavado de dinero. Piden siete años de cárcel, más una multa de tres veces el valor del dinero supuestamente lavado.
Cristiana Chamorro se encuentra bajo casa por cárcel desde el 2 de junio de 2021 y Pedro Joaquín está recluido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el Chipote, -donde también se realizó el juicio- desde el 25 de ese mismo mes. Ambos contabilizan cerca de nueve meses como presos políticos del régimen.
Walter Gómez y Marcos Fletes fueron los primeros en ser capturados por el régimen orteguista, dando por inaugurada una cacería política que incluyó a siete precandidatos presidenciales, líderes cívicos, estudiantiles, defensores de derechos humanos y campesinos.
Al igual que el resto de juicios políticos, los abogados apenas lograron hablar con sus defendidos por tres minutos en cada audiencia, Asimismo, hubo reiteradas violaciones constitucionales y al Código Procesal Penal, señalaron las defensas. Agregaron que nunca se probó que los fondos de la FVBCh fuesen ilícitos. “No se puede lavar dinero, sino hay dinero sucio”, señalaron las defensas de los reos políticos.
La Fiscalía presentó a 20 policías, dos trabajadores del Migob y nueve civiles como testigos. Estos últimos afirmaron que su relación con la FVBCh fue totalmente honesta, transparente y correcta. Mientras que en el caso de los agentes policiales, fue evidente las contradicciones, vacíos y el desconocimiento sobre las indagaciones del caso.
Este jueves el Ministerio Público presentó como testigo al capitán Jairo Ramírez Carrión, perito de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, responsable de elaborar el análisis financiero patrimonial sobre el caso de la FVBCh, en el que descansa la acusación en contra de los reos de conciencia.
Sin embargo, el documento de 99 páginas, indica desde la primera página que es un “informe preliminar”; hecho que fue ratificado por el mismo perito cuando fue consultado por los abogados defensores. Dos trabajadores del Ministerio de Gobernación también expusieron informes contradictorios sobre las supuestas inconsistencias en la Fundación. Franya Urey Blandón, responsable de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Migob, reconoció que “desconocía” las “razones específicas” de las acusaciones contra los presos políticos.
