12 de marzo 2022
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El juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, declaró culpables por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos a la ex aspirante presidencial, Cristiana Chamorro; dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Marcos Fletes y Walter Gómez; el conductor Pedro Vásquez, y al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida.
El fallo judicial se conoció este viernes, tras siete días de audiencias; las últimas tres maratónicas. La Fiscalía solicitó ocho años de cárcel para Cristiana Chamorro, 13 años para Marcos Fletes, Walter Gómez; siete años para Pedro Vásquez, y nueve años para Pedro Joaquín Chamorro, aunque no probaron la comisión de los delitos por parte de los imputados, señalaron las defensas.
Fiscalía basa su acusación en un informe preliminar
Este jueves el Ministerio Público presentó como testigo al capitán Jairo Ramírez Carrión, perito de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional, responsable de elaborar el análisis financiero patrimonial sobre el caso de la Fundación, en el que descansa la acusación. Sin embargo, el documento de 99 páginas, indica desde la primera página que es un "informe preliminar”; hecho que fue ratificado por el mismo perito cuando fue consultado por los abogados defensores.
“Dijo que era un informe preliminar y que él solo miraba actividades sospechosas, pero nunca dijo que eso es lavado de dinero”, indicaron las fuentes. “Cuando vos tenés un informe final, ya tenés tus propias conclusiones, pero cuando el informe es preliminar, significa que la investigación está avanzando, no ha concluido. Por lo tanto, tomar un veredicto basado en este informe es un absurdo. No pueden condenar a alguien cuando es un informe preliminar porque a lo mejor, al final, resulta que no sos culpable- si esto no fuera un juicio político-”, subrayaron.
Las principales conclusiones del documento del perito de la Policía orteguista indican que la expresidenta de la FVBCh supuestamente “utilizó a otros investigados para que sirvieran como colaboradores necesarios para la sustracción de fondos provenientes de las donaciones”. Además, existe un monto de 2.2 millones de córdobas y 303 003.76 dólares de los que “se desconoce su actividad laboral o económica alternativa que originó esta retribución monetaria”.
Sin embargo, las defensas argumentan que dichas afirmaciones son provisionales, a tal punto, que los “depósitos bancarios no tienen hora, fecha, ni las sucursales en que hicieron el depósito, nada. ¿Cómo vas a venir a decir que recibiste en tu cuenta 500 córdobas, si no te digo que día te los depositaron y a qué hora?”, cuestionaron.
Perito fue certificado por la USAID, el principal donante de la FVBCh
Incluso, al mostrar sus credenciales técnicas para soportar su idoneidad como contador público autorizado, el capitán Ramírez Carrión presentó un certificado de capacitación de un curso de auditoría financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID-por sus siglas en inglés, que fue el principal cooperante de los proyectos de la Fundación Chamorro. Al preguntarle si consideraba que los recursos de USAID fueran ilícitos, respondió que bajo ninguna circunstancia podría considerarse dinero sucio.
En el informe también se señala que el dinero que ingresó a la Fundación salió como "respaldo a medios de comunicación financiados, con el fin de crear programas, que usando noticias falsas, desestabilizarán al Gobierno y para evitar ser detectados, crearon una fachada de apariencia legal, cuando en realidad, la Fundación financiaba de manera solapada a medios de comunicación televisados o mediante plataformas digitales y radiales con el objetivo de mantener el flujo de fondos entre la Fundación y los grupos golpista y medios de comunicación oportunistas".
Entre los medios de comunicación señalados incluyen a Canal 12, 100% Noticias, radios de comunicación, CONFIDENCIAL, que de acuerdo a la acusación del régimen, fueron financiados con fondos de la USAID, con el objetivo de "crear un bloque de oposición mediático" para afectar al Estado de Nicaragua. Esta versión del Ministerio Público concuerda con la narrativa del régimen orteguista que aduce haber sido víctima de un fallido golpe de Estado, invisibilizando la represión orquestada contra la rebelión cívica de abril de 2018.
Migob con informe contradictorio
El miércoles, Franya Urey Blandón, responsable de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob), durante su testimonio en el juicio, reconoció que “desconocía” las “razones específicas” de las acusaciones contra los presos políticos, pero además señaló que esta entidad estatal desconocía el origen de los fondos de la Fundación.
En el escueto informe —en poder de CONFIDENCIAL— señalan que la Fundación violentó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros porque no se registró como tal, pese estar “obligada” porque “reciben fondos de Estados Unidos”. Sin embargo, el mismo documento afirma que —basados en un “análisis de los estados financieros de los periodos 2015-2019”— la FVBCh “no especificó el origen, ejecución y destino de los fondos”, aunque indican que los donativos provenían de EE. UU. y Suiza.
Luis Hernández Mendoza, analista financiero del Migob, y quien fue citado el miércoles, tampoco logró explicar qué técnicas utilizó para identificar las supuestas “irregularidades” encontradas en los reportes financieros de la Fundación.
Durante todo el juicio han declarado 20 policías, dos trabajadores del Migob, y nueve ciudadanos. Estos últimos afirmaron que su relación con la FVBCh fue totalmente honesta, transparente y correcta. Mientras que en el caso de los agentes policiales fueron evidentes las contradicciones, vacíos y el desconocimiento sobre las indagaciones del caso.
Nueve meses de prisión
La expresidenta de la FVBCh fue detenida el 2 de junio del año pasado. La acusaron por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el “lavado de dinero”, después que un informe del Estado señaló que la Fundación trasladó supuestamente fondos para el fortalecimiento de medios entre 2017-2020 a personas y organismos que buscan “la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.
El principal señalamiento de la acusación es que supuestamente la FVBCh recibió de los donantes 150 millones de córdobas entre 2015 y 2019, pero tenían en el sistema bancario 190 millones de córdobas.
Juez no especifica dónde pagarán condena Róger Reyes y Alex Hernández
Entre los beneficiarios para la supuesta desestabilización del Ejecutivo de Nicaragua, la Fiscalía enlistó a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas.
