9 de marzo 2022
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El 17 de febrero de 2020, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, y el cofundador y codirector de New Fortress Energy, Wes Edens, informaron que habían firmado un acuerdo para construir y operar en Puerto Sandino, una planta eléctrica a base de gas natural con capacidad para generar más de 300 megavatios (MW).
El acuerdo, firmado el 13 de febrero, estaba en negociación desde, al menos, mediados de agosto de 2019, con la intención de comprar la energía a un costo de 110 dólares el megavatio.
La planta, supuesta entrar a operar en algún momento del segundo semestre de 2021 a un costo de alrededor de 700 millones de dólares, según la versión del Gobierno, sigue sin entregar un solo vatio al sistema interconectado nacional.
La ausencia de un representante de la empresa en Managua, que esté disponible para hablar con los medios de comunicación, así como la política de opacidad con que funciona la Administración de Daniel Ortega, generan versiones que indican que esa planta nunca va a arrancar. La razón serían problemas técnicos. O legales. O temor de inversionistas a la sanciones de Estados Unidos.
Una fuente cercana a NFE dijo a CONFIDENCIAL: “Puedo afirmar que la empresa sigue comprometida con inaugurar la planta en Puerto Sandino”, aunque se abstuvo de precisar una fecha, o explicar las razones del atraso.
Fuentes del sector energético nicaragüense —que compartieron su conocimiento sobre el tema, con la condición de permanecer en el anonimato— explicaron que personeros de la empresa han expresado la dificultad que tienen para construir el ducto necesario para transportar el gas hasta las unidades generadoras.
“Tengo entendido que la planta de New Fortress sufrió un retraso por dificultades técnicas para descargar en el puerto, el gas natural licuado que usará como combustible”, dijo una de las fuentes.
“Para resolverlo se contempla la construcción de un pequeño gasoducto entre el punto de descarga en el puerto y la planta, que está a unos cuantos kilómetros. Al parecer, la idea original de descargar el gas en contenedores se encontró con el problema de que el suelo del puerto se estaba hundiendo”, añadió.
Los expertos consultados aseguraron que el tiempo previsto para resolver este aparente imprevisto, es de entre siete y diez meses, con lo que, en el mejor de los casos, la planta podría estar lista a finales de 2022, casi tres años después de la firma.
¡Cuidado con los sancionados!
Sin negar la posibilidad de que en efecto, haya un problema con la conexión de la tubería de gas, las fuentes también señalaron que lo más probable es que la empresa esté siendo muy precavida al buscar cómo relacionarse con los oficiales del Gobierno de Nicaragua, sancionados por el de Estados Unidos, sin quebrantar las leyes estadounidenses.
El 15 de noviembre de 2021, Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios orteguistas, entre ellos el ministro Mansell; el director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Castañeda; y el gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y de la distribuidora de electricidad, Rodolfo López.
Menos de una semana después, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una serie de modificaciones para restar poderes administrativos a los tres afectados y diluirlos entre varios funcionarios, con la intención de evadir las sanciones estadounidenses.
La empresa está consciente del riesgo que significa relacionarse con personas sancionadas por Estados Unidos, como lo ha informado de manera consistente a la Comisión de Bolsa y Valores, del Gobierno estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), así como a los bancos de inversión, y a sus accionistas.
“En 2018, 2019 y 2020, autoridades gubernamentales estadounidenses y europeas impusieron sanciones contra entidades e individuos en —o asociados con— el Gobierno de Nicaragua... aunque tomamos precauciones para cumplir todas estas leyes y regulaciones, violar las leyes y regulaciones gubernamentales de control de exportaciones y sanciones económicas podría tener consecuencias negativas para nosotros”, admitió la empresa.
En ese mismo documento, la compañía confirmó que sigue construyendo una instalación en Puerto Sandino, que consiste en una unidad de regasificación, e infraestructura asociada, incluyendo amarre y oleoductos.
Se espera que la instalación suministre combustible a la planta de energía a gas natural de aproximadamente 300 MW que planean operar, con base en el acuerdo de compra de energía (PPA), de 25 años, firmados con Disnorte y Dissur, esperando utilizar unos 695 000 galones de gas por día.
Ganadores y perdedores
La invasión rusa de Ucrania tuvo, entre otros efectos, un alza en los precios de los hidrocarburos, lo que incluye el gas licuado que necesita la planta de NFE en Puerto Sandino. La empresa dijo a los bancos de inversión, que tiene en reserva una gran existencia del producto, por lo que podrán seguir operando sin que el sobreprecio afecte sus finanzas.
De hecho, la actividad bursátil de los últimos días, revalorizó las acciones que NFE negocia en la Bolsa de Nueva York.
Información disponible en línea, muestra que las acciones, que al 23 de febrero (un día antes de la invasión a Ucrania) se cotizaban en 21.84 dólares, incrementaron su valor en 14.1%, para cerrar en 25.43 dólares el primer día de comenzar el conflicto armado.
Desde entonces, el precio se incrementó en casi ocho dólares más, para cerrar este 8 de marzo en 33.44 dólares, logrando así una capitalización bursátil superior a los 7000 millones de dólares.
Se prevé que el valor de la acción siga aumentando, y que llegue a cotizarse en 54 dólares en los siguientes doce meses. Aun si se cumple esa previsión, la empresa todavía no habría regresado al nivel que tuvo en enero de 2021, cuando su acción llegó a cotizarse en 58.45 dólares.
