9 de marzo 2022
AA
Share
Un policía testificó el lunes 7 de marzo ante el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua en la prisión El Chipote, que detuvieron a finales de mayo pasado en la calle a Walter Gómez, exfinanciero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), pero la realidad es otra. Los reportes de entonces confirman que fue arrestado arbitrariamente en su casa.
Esa fue la primera contradicción del Estado, pero ocurrieron más que probaron la fabricación de la acusación por “lavado de dinero” contra la FVBCh. Abogados consultados dijeron que es evidente la falta de pruebas en el proceso que reinició el pasado 4 de marzo bajo múltiples irregularidades.
“Después de nueve meses privados de libertad, la Fiscalía que solicitó en su momento la tramitación compleja del caso, precisamente porque le permite el doble del tiempo para supuestamente investigar, no ha podido demostrar absolutamente ninguna comisión de delitos”, concluyó la fuente.
Los acusados son la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, en su carácter de expresidenta de la FVBCh, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, exdiputado y exvicepresidente del organismo, junto a los exfinancieros Gómez y Marcos Fletes, y el conductor Pedro Vásquez.
Desde el lunes pasado han testificado 16 policías: nueve lo hicieron el lunes y siete más este 8 de marzo en la continuidad del juicio político que se desarrolla en una sala de la cárcel El Chipote, bajo alta presencia de agentes, lo que es considerado como un acto de intimidación por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La acusación misma por lavado de dinero ha sido cuestionada públicamente, porque el principal donante del organismo—la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)— sostuvo el 27 de mayo de 2021 que no hay evidencia para tal señalamiento, pero además el juicio inició dos meses después que se había vencido el plazo máximo para dictar sentencia, que era de seis meses.
Las contradicciones, vacíos y el desconocimiento de los agentes se notaron en diversos momentos a partir del lunes, mientras la Fiscalía se mostró despreocupada en un principio y ya el martes estuvo más agresiva. Probablemente, según las mismas fuentes, esa actitud inicial se explica en un triunfalismo motivado en el respaldo de los jueces que aseguran las condenas de los presos políticos, una maquinaria bajo dominio del partido de gobierno.
Testificaron sobre allanamientos en que no participaron
Los testimonios recabados por CONFIDENCIAL indican que los policías que firmaron los informes de allanamientos despertaron muchas dudas. Los mismos familiares hicieron notar que quienes hablaron ante el juez no fueron los mismos que participaron en los actos de “investigación” que sirvieron como “prueba” contra los acusados.
“Los oficiales dijeron que no habían participado en las diligencias y que solo las habían firmado, llegaron incluso a decir que no sabían adónde habían ido a parar las pruebas que se habían decomisado en los allanamientos y ni siquiera pudieron decir que era lo que supuestamente probaron con sus declaraciones”, dijeron.
La falta de solidez del trabajo de los fiscales quedó expuesta desde un principio por los civiles a quienes llamaron como testigos. El viernes 4 de marzo, ellos refutaron la versión oficial: describieron una relación transparente y profesional con la extinta Fundación.
La FVBCh fue fundada en 1998. Desarrolló una labor técnica, reconocida nacional e internacionalmente en defensa de la libertad de prensa, acceso a la información y derechos humanos en general. Cerró operaciones el cinco de febrero de 2021, luego de la aprobación de la ley de agentes extranjeros, uno de los instrumentos del régimen para perseguir a las asociaciones.
Según el Ministerio Público, la Fundación desvió fondos del programa de medios para financiar la “desestabilización” del régimen. Entre los beneficiarios de los fondos, enlistaron a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas. Como un acto de intimidación al periodismo independiente, hicieron desfilar en las oficinas del Ministerio Público en Managua a más de 60 periodistas para explicar su relación con la FVBCh.
La acusación oficial respaldó la narrativa sin evidencia del Estado de que fue víctima de un intento de golpe de Estado en 2018, cuando organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la OEA, denunciaron el uso excesivo de la fuerza estatal contra los manifestantes que salieron a las calles a demandar un cambio de gobierno.
En junio de 2021, por la acusación contra la FVBCh, se dio la inhibición de la candidata presidencial Chamorro Barrios, mientras se intensificó la represión contra los principales liderazgos políticos, cívicos y económicos del país.
Seis aspirantes presidenciales más fueron capturados arbitrariamente y acusados por el supuesto delito de “menoscabo contra la integridad nacional”, basándose en una ley represiva aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista. Así Ortega cerró la vía electoral y garantizó su reelección sin competencia política para un cuarto período consecutivo.
El deterioro de salud de los procesados
Los familiares de los presos políticos de la FVBCh denunciaron a inicios de esta semana el aislamiento al que han sometido a los presos políticos, la mala alimentación y las torturas psicológicas como el caso de Walter Gómez, a quien los oficiales le dijeron que “colaborara” con la investigación a cambio de no hacerle daño a su familia.
El deterioro físico de cada uno de los detenidos, y el psicológico también, es la causa de que los familiares piden que sean trasladados a sus casas bajo la medida cautelar de arresto domiciliario. Uno de los casos más destacados es el del conductor Pedro Vásquez, quien padece de presión alta. Su esposa denunció que fue llevado a una clínica sin que le notificaran y teme por su vida.
Es visible además la extrema delgadez de los procesados e incluso algunos tienen dificultades para caminar. Los familiares recordaron que el 11 de marzo pasado falleció en cautiverio el general en retiro Hugo Torres, un héroe de la lucha contra la dictadura de los Somoza, a quien Ortega convirtió el año pasado en prisionero político. Actualmente existen 177 reos de conciencia en el país.
