7 de marzo 2022
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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en el día de hoy un informe lapidario sobre la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Dicho informe proporciona al Consejo de Derechos Humanos de la ONU los fundamentos necesarios para que adopte una postura más firme respecto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua y establezca, durante el actual período 49.o de sesiones, un mecanismo de investigación internacional destinado a reunir y preservar pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
La Alta Comisionada identificó un “patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos” que suprimió las voces disidentes en el marco del proceso electoral de noviembre de 2021 y que “creó un ambiente poco propicio para que se lleven a cabo elecciones genuinas, imparciales y creíbles”. Estos graves abusos incluyeron la detención arbitraria de 39 críticos del gobierno antes de las elecciones, dentro de los cuales se encontraban siete candidatos presidenciales que actualmente permanecen privados de la libertad.
La mayoría de esas personas han sido procesadas por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Sus derechos y garantías más básicas de debido proceso han sido violadas. A muchos se los mantuvo absolutamente incomunicados y, a algunos, en régimen de aislamiento durante un período prolongado de más de 15 días, lo cual constituye tortura. Según la Alta Comisionada, incluso cuando se permitían visitas familiares, estas eran muy restringidas. Además, los detenidos no recibían suficiente comida ni tenían dietas adecuadas, lo que se reflejó en visibles pérdidas de peso. No se les permitía recibir alimentos de sus familiares, y los guardias penitenciarios mantenían las luces de sus celdas encendidas durante toda la noche. A algunos detenidos con enfermedades crónicas se les negó la atención especializada que necesitaban.
Además, siguen presas otras 130 personas percibidas como críticas del gobierno que han sido detenidas de forma arbitraria, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. Algunas enfrentan condiciones abusivas de detención.
El gobierno también ha atacado a organizaciones de la sociedad civil, opositores políticos y periodistas adoptando leyes represivas que violan el derecho a la participación política y a la libertad de expresión. Desde 2018, las autoridades han cancelado la personería jurídica de decenas de organizaciones no gubernamentales y universidades.
A su vez, las autoridades no han realizado avances para garantizar justicia por violaciones de derechos humanos, entre ellos, los cometidos por la policía durante la feroz represión que desplegó el gobierno contra manifestantes en 2018. No hay información que indique que algún policía esté siendo investigado por estos hechos.
Dada la absoluta falta de independencia judicial en Nicaragua, que hace altamente improbable que haya justicia para las víctimas dentro del país, los miembros del Consejo de la ONU deben ofrecer una vía alternativa para investigar estos delitos de forma internacional. Los Miembros del Consejo deben atender el reclamo de la Alta Comisionada de que se “adopten nuevas medidas para fortalecer la rendición de cuentas” y, para ello, deben crear un sólido organismo de investigación internacional que contribuya a poner fin a la represión en Nicaragua y a garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos respondan por sus actos.
