7 de marzo 2022
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Agentes de la Policía, durante interrogatorios que han sido constantes a lo largo de 283 días de encierro en El Chipote, le propusieron a Walter Gómez, uno de los presos políticos en el proceso por lavado de dinero abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que “colaborara con las autoridades” después de advertirle que podía pasarle algo a su familia, según su esposa María Consuelo Céspedes.
Céspedes dijo que su marido, de 55 años y exfinanciero de la FVBCh, ha perdido 50 libras y padece problemas en la piel (psoriasis). A la par del deterioro físico, ella asegura que sufre “trastorno depresivo ansioso” y teme mayores daños psicológicos, los que han sido notables para ella en el juicio, activado el jueves 3 de marzo por la maquinaria judicial del partido de Gobierno.
En los primeros días de encierro, a Gómez le hicieron creer para “convencerlo” que la tenían a ella y una hija detenida al mismo tiempo, mostrándole una fotografía de un vehículo rojo familiar el cual le sostuvieron que se encontraba incautado, lamentó ella.
Walter Gómez, ex financiero de la FVBCh, preso político del régimen. Foto/Cortesía
En un segundo intento, amenazaron con secuestrar a su hijo. Entonces en los interrogatorios, le dijeron que su condena sería de treinta años y ya no lo vería crecer, pero Gómez se mantuvo firme, a pesar que las secuelas de la tortura lo hacen ver débil, encorvado, y con ciertos tics nerviosos como un movimiento similar a una mecedora.
“Le veo los ojos enrojecidos y es que ha permanecido en una celda a total oscuridad. Ahora que va a la audiencia hay un montón de luminarias, entonces a él le molesta la luz. Por eso, a cada rato se está restregando los ojos”, relata Céspedes. Estos daños, más el desgaste físico, le hace temer lo peor a esta mujer que pide la libertad inmediata de su esposo o cuando menos el cambio de medida cautelar a casa por cárcel.
La muerte el 11 de febrero pasado del general en retiro Hugo Torres, un héroe de la lucha contra Somoza a quien el régimen de Daniel Ortega convirtió en prisionero político el año pasado en redadas que sumaron más de 40 detenidos, mantiene en zozobra a los familiares de presos políticos.
De acuerdo con un informe del mecanismo para el reconocimiento de personas políticas presas, fechado el 31 de enero de 2022, en el país existen 177 reos de conciencia, entre ellos los más de 40 detenidos antes de las votaciones y otros reprimidos por su participación en la protesta cívica contra la dictadura.
Céspedes se declara preocupada. La Fiscalía acusa a Gómez y Marcos Fletes por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación, retención indebida y lavado de activos como hizo con Cristiana Chamorro Barrios, la excandidata presidencial, la última de los siete precandidatos que será condenada en un juicio que puede durar la semana entrante y con el cual el régimen habría cumplido su plan de reelegirse sin competencia electoral e inhibir de futuro a los principales liderazgos políticos, económicos y sociales del país.
Pablo Fletes es un conocido cronista deportivo, especializado en la cobertura de boxeo. El golpe más grande que ha recibido en su vida ha sido el encarcelamiento de su hermano Marcos Fletes—el otro financiero de la FVBCh— sobre quien expresa preocupación también por su deterioro físico, su pérdida de peso evidente, lo que revela una mala nutrición, pecado mortal para alguien que padece diabetes. La última vez le vio las manos moradas.
El reo de conciencia Fletes tiene tres hijos: un hijo de 15 años, una hija de 12 y otro chiquito de dos, por quienes siempre pregunta cada vez que puede ver a sus familiares. La tristeza, o la indignación, se apodera sin embargo de los parientes de Marcos cada vez que les permiten verlo.
“Me dio tristeza cuando lo vi. Hasta lo llevaron esposado a la sala, con unas bridas plásticas, y no hay necesidad de hacerlo, porque hay todo un despliegue policial que se activa con solo que van saliendo. Dos policías, uno a cada lado del prisionero, se colocan para evitar que tenga contacto con el reo del lado cuando lo están enjuiciando. Son medidas para mí exageradas”, lamentó.
El caso de la FVBCh está a cargo del juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito de Juicios de Managua, quien decidió reiniciar el juicio bajo la crítica de fondo de que es imposible probar el delito de lavado de dinero cuando el origen de los fondos es legal como han atestiguado los donantes.
El Ministerio Público acusa a Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín—expresidente de la FVBCh—, a los financieros mencionados y al conductor Pedro Vásquez en un caso en que pretenden demostrar que se desviaron fondos destinados al fortalecimiento de medios para la desestabilización del régimen de Ortega, lo que se suma a la narrativa oficialista de que la dictadura fue víctima de un golpe de Estado.
Quiroz es parte de la maquinaria judicial que ha asegurado las condenas de los presos políticos, integrada por 15 funcionarios, entre policías, fiscales y jueces, quienes cumplen las órdenes emanadas desde El Carmen, el reparto donde se encuentra la residencia de la familia Ortega-Murillo.
El otro cuestionamiento legal, planteado por abogados, a la farsa judicial de la FVBCh es por procedimiento. El juez reinició el proceso político dos meses después que se venció el término máximo para dictar sentencia que en la legislación local es de seis meses desde la audiencia preliminar.
Los familiares de los presos políticos entrevistados tienen sentimientos encontrados ante las audiencias de esta semana, cuando los abogados defensores esperan ya un fallo. Mientras Céspedes asegura que si Dios dispone su esposo nunca pondrá un pie en La Modelo (la principal cárcel del sistema penitenciario nicaragüense), a Fletes se le siente descorazonado.
“Yo les pido que tengan humanidad; que le respeten sus derechos humanos, que lo saquen de esa cárcel y lo trasladen a un régimen más abierto donde pueda tener acceso a su esposa, a casa por cárcel. Me siento indefenso ante todo este aparataje, ya todo está amarrado (la condena). Él no es político”, insistió.
La acusación de la Fiscalía descansa sobre 26 testimonios de policías y tres funcionarios de gobernación, entre ellos la directora de asociaciones, explicaron fuentes vinculadas al caso. Para los familiares de los presos políticos, la cárcel de los suyos es una agonía también para ellos.
“Pedro fue llevado a una clínica y nadie me notificó”
Norma Maribel Vega Ríos, la esposa del conductor Pedro Vásquez Cortedano, se siente preocupada. Su marido de 60 años sufre mareos y ha perdido 40 libras en 260 días de encierro en El Chipote. En los últimos días, asegura, ha padecido presión alta.
Vásquez es conductor de la exprecandidata de Cristiana Chamorro Barrios y es acusado de ser cooperador necesario en el presunto delito de lavado de dinero. Tiene seis hijos. En los años ochenta, se destacó como miembro de las tropas especiales Pablo Úbeda, en los años noventa empezó a trabajar con la familia del exministro de la presidencia Antonio Lacayo y Chamorro Barrios.
Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro Barrios, procesado políticamente por el régimen. Foto/Cortesía
A doña Norma le impactó verlo pálido, caminar cabizbajo y en la última sesión judicial no podía sostenerse en pie, cuando fue al baño, y si no cayó fue porque se apoyó en dos de sus propios carceleros. La gravedad de su marido la conoció cuando fue informada por él de que lo habían llevado a una clínica dentro de El Chipote el veinte de febrero.
“Eso nunca me fue notificado, yo le pregunté a quien recibe las bebidas para la hidratación, y me preguntó qué para qué quería saber”, explica y luego agrega que el policía le aseguró posteriormente que el conductor estaba sano.
Otra duda la atormenta: Las manos de don Pedro Vásquez lucían también moradas y ella no sabe si es consecuencia de alguna tortura o mala circulación sanguínea, por eso pedirá un examen del Instituto de Medicina Legal con la aspiración también que le permitan tenerlo en su casa. “Sentí un desánimo total. Era un hombre recio, dinámico, hoy no es tan así”, lamentó.
“Temo que vaya a pasar lo mismo que pasó con el difunto Hugo Torres. En realidad, el riesgo es a que Pedro (Vásquez) me le dé un infarto o se me vaya a carbonizar por su constante presión alta”, dijo la esposa.
