5 de marzo 2022
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La mayoría de miembros del equipo de fiscales designados para acusar a los líderes políticos y cívicos, activistas de los derechos humanos, periodistas y empresarios en los juicios políticos promovidos por el régimen orteguista surgieron de procesos de selección sin transparencia llevados a cabo por el Ministerio Público, violando los procedimientos establecidos en la Ley 586 de Carrera Fiscal.
La Ley de Carrera Fiscal precisamente regula el proceso de elección de nuevos fiscales para encabezar los procesos acusatorios por parte del Ministerio Público. Sin embargo, la destrucción de la independencia de poderes por la dictadura orteguista ha devenido en que los procedimientos establecidos en la Ley 586 para la escogencia de fiscales sean manipulados para colocar a funcionarios afines, la mayoría provenientes de las filas de la Juventud Sandinista.
Un análisis sobre el funcionamiento del sistema jurídico llevado a cabo por la plataforma especializada Expediente Abierto, menciona brevemente esta problemática con la Ley de Carrera Fiscal.
“La Ley 586, Ley de Carrera Fiscal, regula el ingreso, traslado, promoción, sanciones disciplinarias y destitución del personal sustantivo y administrativo del Ministerio Público. Este marco legal estableció que el procedimiento de ingreso era por concurso de oposición pública. Sin embargo, las autoridades fiscales lo han interpretado a realizarlo con concursos de oposición interna, inscribiéndose únicamente los aspirantes, ingresados previamente como pasantes o asistentes fiscales, afines a las autoridades partidarias”, cita el análisis de Expediente Abierto.
Un reporte especial de CONFIDENCIAL publicado el 11 de febrero de 2022 reportó quiénes eran los miembros del equipo de fiscales asignado a los juicios políticos en el Chipote. La mayoría, vinculados a las filas partidarias del Frente Sandinista.
Este equipo, regularmente rotado para cada una de las acusaciones que se están llevando a cabo está conformado principalmente por Perla de los Ángeles Baca, Martha Ileana Morales, Jean Dylan Rivas Falcón, Jorge Luis Arias Jarquín, Marling de Jesús Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Salas, Yubelka Pérez Alvarado, Carlos Rafael Espinoza Castilla y Manuel de Jesús Rugama, entre otros.
Varios miembros de este grupo de fiscales surgieron de estos procesos amañados de oposición interna llevados a cabo por el Ministerio Público desde 2007, que es cuando Daniel Ortega llegó al poder, confiaron exfiscales consultados.
“Desde 2007 los procesos de selección de fiscales son concursos de oposición privados. Esto quiere decir que integran como fiscales a pasantes o asistentes de fiscales afines al Gobierno, que vienen de la Juventud Sandinista o de los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS) por medio de estos concursos de oposición internos”, explicó la exfiscal de la Unidad de Enfoque de Género y actual miembro del equipo de abogados defensores de presos políticos Acción Penal, Eilyn Cruz.
Concursos deben ser abiertos, pero falta de transparencia
Al realizar los concursos de oposición internos, se contraviene lo establecido por la Ley de Carrera Fiscal, que señala que estos procesos deben ser públicos. “No abren una convocatoria abierta al público, como se hacía antes. Me acuerdo que antes se abría por medio de La Prensa y El Nuevo Diario e incluso se establece que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos podía participar para aspirar ser seleccionado”, añadió.
Durante tres años consecutivos (2004, 2005 y 2006) se llevaron a cabo estos concursos de oposición públicos para la escogencia de fiscales, hasta que los mismos fueron bloqueados con la llegada del orteguismo al poder.
A través de estas convocatorias se reportaba cuántas vacantes para fiscales estaban disponibles y los requisitos para optar a los puestos. Al ser concursos de oposición, los aspirantes competían con base en sus habilidades (sometidas a pruebas teóricas y prácticas) y experiencias jurídicas para conseguir ser escogidos, y no con base en a alguna vinculación partidaria.
“Ahora lo que se hace es que la fiscal general (Ana Julio Guido) hace un memorándum haciendo un llamado a un concurso de oposición privado, que se dirige a todas las sedes departamentales y ahí es donde se inscriben los pasantes y asistentes de fiscales que han ingresado debido a que tienen el carnet partidario del Frente Sandinista, del CLS o simplemente son amigos de alguien del partido o de un funcionario interno. Ese proceso lo hacen entre ellos mismos en la Fiscalía, no lo revelan en ningún lado y de ahí resultan los seleccionados”, explicó Cruz.
La fiscal general Ana Julio Guido fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2020. Los argumentos de esta instancia gubernamental norteamericana fue que Guido fue sancionada por ser funcionaria del régimen formando a un grupo de fiscales que “trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”.
El Ministerio Público a nivel institucional también fue sancionado, en noviembre de 2021. Se unió a la Policía entre las instituciones sancionadas tras la represión desatada contra la población en 2018. En su resolución, Estados Unidos recordó que fue la Fiscalía la que imputó cargos contra los precandidatos presidenciales presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
“El Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas”, sostuvo Estado Unidos, al describir a ese aparato orteguista como instrumento para tomar acciones políticas que atentan contra la democracia e institucionalidad del país.
“Esto es parte del engranaje de los juicios políticos. Estamos hablando, poder decir un ejemplo, de muchachos que salen de la UNAN y al ser pasantes o abogados sin experiencia que entran a la Fiscalía solo por ser del Frente Sandinista, pues obviamente lo que tenemos son un montón de funcionarios mediocres que solo llegan a los juicios a hacer lo que se les ordenen”, añadió la exfiscal Cruz.
Descomposición y falta de valores
Cruz aclaró que entre el equipo de fiscales conformados para llevar a cabo las acusaciones en contra de los presos políticos del Chipote hay algunos que sí resultaron de los concursos públicos que establece la ley, como el caso de Giscard Moraga Guillén, Manuel de Jesús Rugama y Javier Morazán, que es el fiscal a cargo de la Unidad contra el Crimen Organizado.
Una investigación de CONFIDENCIAL publicada el 9 de octubre de 2020 reveló que Morazán estaba a cargo de dirigir una especie de unidad élite de fiscales encomendados por el régimen para fabricar pruebas en contra de los reos de conciencia secuestrados por el orteguismo.
“En estos casos lo que pienso es que la descomposición viene por una situación de principios y falta de valores. En estos casos de nada les valió haber venido de concursos públicos. La mayoría de los fiscales involucrados si vienen de estos concursos oscuros e irregulares establecidos actualmente”, opinó.
El régimen ha desarrollado una maquinaria bajo su control entre jueces, fiscales y policías para imponer condenas a 32 presos políticos hasta ahora, casi todos señalados por cometer el supuesto delito de “conspiración en menoscabo de la integridad nacional” o por la supuesta “propagación de noticias falsas”
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en octubre de 2020, indicó que, desde el inicio de las manifestaciones, “las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense”.
Para lograrlo, ha sido clave un engranaje de represión desplegado por la Policía, con el fin de asediar a objetivos precisos en sus casas, e impedir cualquier manifestación opositora, junto con la campaña de represión sostenida por el sistema de justicia, en la que participan jueces y fiscales para concretar las condenas a los críticos del régimen.
