3 de marzo 2022
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El juicio político contra la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín, dos exfinancieros de la misma—Marcos Fletes y Walter Gómez— y el conductor Pedro Vásquez se extenderá la próxima semana tras el inicio del desfile de testigos este viernes 4 de marzo.
Según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL, en la audiencia de este viernes nueve personas rindieron testimonio ante el juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, pero se espera que el Ministerio Público intente probar la semana del 7 de marzo sus acusaciones basado en declaraciones de 26 policías y tres funcionarios del Ministerio de Gobernación (MIGOB) que usarán como testigos.
“Es un absurdo. Son los testigos del lavado. Esos policías fueron los encargados de hacer las actas de allanamiento, los recibos de ocupación de las computadoras, cargadores, celulares, documentos encontrados. Hay análisis financieros elaborados por oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas”, comentaron las fuentes.
Los primeros testigos contradijeron la versión de la Fiscalía y expresaron que su relación con la FVBCh fue totalmente honesta, transparente y correcta. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) dijo que eso demuestra que no hay evidencias de la comisión de un delito.
“La apreciación de la defensa es que, a falta de pruebas, solo violando flagrantemente la ley y la decencia, podrán decretar culpabilidad, son inocentes, deben ser liberados inmediatamente. Son juicios nulos”, afirmó el organismo en el segundo día del proceso.
La apreciación de la defensa es que A FALTA DE PRUEBAS, solo violando flagrantemente la ley y la decencia, podrán decretar culpabilidad, SON INOCENTES, deben ser liberados inmediatamente, #SonJuiciosNulos#LibertadParaLasLosPresosPoliticos @CIDH @OACNUDH
— Cenidh (@cenidh) March 4, 2022
El jueves tres de marzo oficiales de la Policía obligaron a la exprecandidata presidencial Chamorro Barrios, que se encuentra en arresto domiciliario, a vestirse con uniforme azul de los presos políticos y le pusieron bridas en sus manos al presentarla ante el juez en el inicio del proceso político por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), informaron abogados y organismos de derechos humanos.
La audiencia se realizó a puertas cerradas en la celda de El Chipote, con un fuerte dispositivo policial. Según el Cenidh, la expresidenta de la FVBCh fue trasladada en la mañana desde su casa hasta la prisión, donde la obligaron a entrar a una celda y vestirse con el traje que el régimen ha convertido en un distintivo para los reos de conciencia acusados de “terrorismo” desde 2018.
“Esta es una ilegalidad más del régimen Ortega Murillo, producto del odio y la venganza, advertimos que están alterando el estatus de arresto domiciliar, denunciamos ante la Organización Mundial contra la Tortura sobre estas acciones, que son tratos crueles y degradantes”, denunció el organismo.
🔴Condenamos ensañamiento contra la presa política @chamorrocris, fue llevada de su casa al Chipote, donde la metieron a una celda, le obligaron a usar uniforme azul y le pusieron esposas de plástico. Así la presentaron en la farsa judicial. pic.twitter.com/A5IPQKRqHG
— Cenidh (@cenidh) March 3, 2022
Las autoridades trasladaron de sus celdas a la sala de audiencias de la prisión policial a los cuatro presos políticos esposados con bridas, el exdiputado y exvicepresidente de la FVBCh Pedro Joaquín Chamorro Barrios, a Walter Gómez y Marcos Fletes— exfuncionarios de la extinta Fundación— y al conductor de la exprecandidata presidencial, Pedro Vásquez. Una vez iniciada la audiencia, a los cinco presos las autoridades les quitan las esposas de plástico
Según la acusación, a Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida; al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, exvicepresidente de la FVBCh le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida; y a Vásquez le imputan por el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero.
Intercambio de pruebas
La audiencia del jueves se centró en el intercambio de pruebas, una etapa que debía realizarse antes del inicio del juicio, que inició de lleno este viernes 4 de marzo.
En este intercambio, el juez Quiroz se parcializó a favor de la Fiscalía al rechazar las peticiones de la defensa. Incluso cuando fue cuestionado por realizar la sesión en la Policía y no en su despacho como manda la ley, argumentó que es “un juez de distrito y su sede es todo el distrito”.
“Es un absurdo total, tu sede es la oficina. No vas a despachar debajo de un palo de mango”, dijeron las fuentes.
Esa fue una de las irregularidades durante la jornada, donde los fiscales tuvieron todo tipo de facilidades—acceso a internet, a computadoras—, mientras a los defensores les limitaron todo, incluso el tiempo a tres minutos para hablar con sus clientes.
El juez se opuso a botar las pruebas de la Fiscalía, sobre todo aquellas que se basan solo en testimonios y no presentan ninguna evidencia documental. “Si dicen que se financió un tranque, que se muestre el cheque”, explicaron. Para algunas fuentes resulta notable que el juez ya tiene lista la sentencia del caso.
Los defensores plantearon incidentes y excepciones y todas fueron negadas y también fueron excluidas cinco pruebas de la defensa durante la celebración de una audiencia preparatoria de juicio, sin embargo se solicitaron la exclusión de más de 30 pruebas de la Fiscalía y no se excluyó ninguna prueba del Ministerio Público.
Un informe del Ministerio de Gobernación señaló que la Fundación trasladó supuestamente fondos para el fortalecimiento de medios entre 2017-2020 a personas y organismos que buscan “la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.
El régimen de Ortega alega que fue víctima de un golpe de Estado en 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar y pedir su renuncia, pero organismos internacionales de derechos humanos, CIDH y OACNUDH documentaron el uso excesivo de la fuerza del Estado contra los ciudadanos, lo que causó la muerte de 355 personas, y no encontraron “ningún indicio” de una tentativa de golpe de Estado.
Alertan sobre deterioro de salud de los detenidos en El Chipote
El deterioro de la salud de los prisioneros que se encuentran en El Chipote, preocupa tanto a sus abogados como a sus familiares.
“Se nota la pérdida de peso de todos. Se vieron bien desgastados. Marcos (Fletes) ha perdido mucho peso, Walter (Gómez) ha perdido mucho peso, Pedro Joaquín (Chamorro) bastante y Pedro Vásquez (el conductor) se veía con problemas de salud y dificultades al caminar. La mayoría son personas mayores”, dijeron.
También confirmaron que los presos políticos están pálidos, que el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios se encuentra con problemas de próstata, al conductor Vásquez se le notan morados en la piel, lo que no se sabe si es a consecuencia de torturas o problemas de circulación, lo que les preocupa tomando en cuenta el recientemente fallecimiento en cautiverio del general en retiro Hugo Torres el pasado 11 de febrero.
La audiencia de este jueves terminó a las tres de la tarde, cuando todos los de la audiencia del caso de la FVBCh fueron sacados de la sala en la prisión policial, porque leerían en El Chipote la sentencia contra siete líderes políticos opositores, condenados a penas de entre ocho y 13 años.
Yader Morazán, experto en administración de justicia, afirmó que el Poder Judicial revivió un muerto al tramitar un juicio extinguido por habérsele vencido su término de duración del proceso, correspondiente a dictar sentencia.
Las leyes procesales locales establecen un plazo máximo de seis meses a partir de la audiencia preliminar, que fue celebrada el tres de junio pasado en el caso de Cristiana Chamorro el tres de junio pasado, sin embargo, van ocho y están reanudando el juicio político.
Juicio podría durar una semana
Los abogados defensores aseguraron que el juicio podría durar una semana, debido a la documentación acumulada por las autoridades para cada uno de los cinco acusados, y por la cantidad de pruebas que planea interponer la defensa.
Además de los policías testigos que suele citar la Fiscalía, como en el caso de otros presos políticos, la audiencia judicial ha citado a periodistas y representantes de medios de comunicación beneficiarios de donaciones de la FVBCh como supuestos “testigos”.
La decisión de iniciar este juicio político ocurre dos meses después que se venció el plazo para que dictara sentencia, una grave situación procesal que se suma a un cúmulo de irregularidades en la investigación usada por el régimen para inhibir las aspiraciones políticas de la expresidenta de la Fundación y amedrentar al menos a 60 periodistas que fueron citados el año pasado a la Fiscalía.
Morazán afirmó que el “cronómetro judicial” empezó a correr desde el 3 de junio de 2021 cuando se celebró la audiencia contra Chamorro Barrios, a quien la Policía impuso el régimen de casa por cárcel.
Las leyes procesales del país establecen un plazo máximo de seis meses a partir de la audiencia preliminar. Eso pasa cuando se trata de una investigación de “tramitación compleja”, que duplica los plazos procesales. Sin embargo, con la investigación a la FVBCh este jueves se cumplen ocho meses desde la primera audiencia.
A partir de la audiencia en junio pasado, inició un proceso caracterizado por el secretismo judicial, la intimidación, la falta de garantías a los procesados, las audiencias secretas en la cárcel El Chipote y porque Ortega anticipó en varias ocasiones una condena, insultando a los presos políticos calificándolos en noviembre pasado como “hijos de perra del imperialismo”.
“Al morirse el proceso, se muere todo lo que este genere, como la medida cautelar de prisión preventiva para todos los involucrados en el mismo caso”, explicó Morazán.
Febrero: Mes de condenas a presos políticos
La reactivación del caso de la FVBCh se da un mes después del inicio de condenas a presos políticos en Nicaragua. Una maquinaria bajo control del partido de Gobierno, integrada por 15 funcionarios, entre jueces, fiscales y policías, ha impuesto condenas a más de veinte presos políticos hasta ahora, casi todos condenados por cometer el supuesto delito de “conspiración en menoscabo de la integridad nacional” o por la supuesta “propagación de noticias falsas”.
La expresidenta de la FVBCh fue detenida el 2 de junio del año pasado. La acusaron por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el “lavado de dinero”, después que un informe del Estado señaló que la Fundación trasladó supuestamente fondos para el fortalecimiento de medios entre 2017-2020 a personas y organismos que buscan “la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.
El principal señalamiento de la acusación es que supuestamente la FVBCh recibió de los donantes 150 millones de córdobas entre 2015 y 2019, pero tenían en el sistema bancario 190 millones de córdobas.
El donante principal de la FVBCh, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de Estados Unidos, negó desde el 27 de mayo de 2021 que hubiesen encontrado “evidencia de lavado”, tal como señaló el régimen. Entre los beneficiarios para la supuesta desestabilización del Ejecutivo de Nicaragua, la Fiscalía enlistó a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas.
El proceso permitió la inhibición de la precandidata Chamorro Barrios y de otros seis aspirantes presidenciales y, de ese modo, se aseguró un cuarto mandato consecutivo, lo que le valió el rechazo internacional a la farsa e ilegitimidad.
Otro de los procesados es el hermano de Cristiana, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, detenido por la Policía el 26 de junio pasado por cometer supuestos “actos en menoscabo de la soberanía del país”, después de dar una entrevista en la que había manifestado también sus aspiraciones presidenciales. Posteriormente fue acusado por los supuestos delitos de “gestión abusiva, apropiación y retención indebida” en relación al caso de la FVBCh.
El calvario de los procesados en el juicio de la FVBCh inició en mayo del año pasado. Los primeros capturados fueron el 29 de ese mes, Walter Gómez y Marcos Fletes, el exfinanciero y excontador de la FVBCh, pero también está detenido el conductor de Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Vásquez Cortedano.
Acusan en ausencia a director de CONFIDENCIAL
Por la misma causa fue acusado en ausencia el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro Barrios por los supuestos delitos de gestión abusiva, apropiación y retención indebida y también lavado de dinero, a pesar de que ni Chamorro ni CONFIDENCIAL tienen algún vínculo legal, económico o institucional con la FVBCh.
El periodista se encuentra en el exilio, por segunda vez desde junio de 2021, y ha sido víctima de la confiscación de las oficinas del medio desde 2018, el segundo asalto policial contra una oficina temporal de CONFIDENCIAL el 20 de mayo de 2021, y el allanamiento de su casa el 21 de junio del año pasado.
También son acusados en ausencia los extrabajadores de la FVBCh: Ana Elisa Martínez, Lourdes Arróliga, Guillermo Medrano y Emma Marina López.
“Ese expediente tiene que separarse; para las personas no capturadas no corre el cronómetro. La otra forma en que no corre el proceso es cuando ya no llegaste en la segunda audiencia y entonces se produce rebeldía. Son las únicas dos formas en que términos estadísticos los jueces pueden cargar un expediente”, explicó el abogado Morazán.
El abogado explicó que el plazo del vencimiento máximo en el proceso para dictar una sentencia es una de las diez causas para que se dé la “extinción de la acción penal” y recordó que otra es la prescripción, la misma que fue alegada para salvar a Daniel Ortega de enfrentar a la justicia en diciembre de 2001 cuando fue acusado de violación por su hijastra Zoilamérica Narváez.
