2 de marzo 2022
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Hace dos años, la gerencia de una gran empresa de capital binacional en Nicaragua, recibió un reparo por varios millones de dólares, emitido por la Dirección General de Ingresos (DGI). La gerencia decidió querellarse contra el Estado y logró evitar el pago inmediato. Sin embargo, un año después, mientras aún litigaban ante el Poder Judicial, recibieron otro reparo por una suma mayor, y todo el proceso legal comenzó de nuevo, sin aún llegar a término, confirmó a CONFIDENCIAL un alto ejecutivo de la empresa atacada.
“Todavía no sabemos lo que va a pasar cuando nos auditen 2021”, confesó el atribulado administrador.
A partir de 2019, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó el acoso fiscal contra el empresariado, con especial énfasis en los más grandes, sean importadores, productores, comerciantes o exportadores, a quienes impone cobros millonarios, al margen de lo que establece la ley.
Imponer grandes multas a los empresarios que no se pliegan al Gobierno, no es una práctica nueva. Ya ha ocurrido antes, y durante el período de Arnoldo Alemán (2007 - 2012) se hizo tan común que las denuncias llegaron a los medios de comunicación, y la sociedad se enteró de la práctica. Sin embargo, la diferencia es que en esta estrategia bajo la Administración orteguista, las empresas que son víctimas de estos cobros millonarios se mantienen en silencio.
CONFIDENCIAL habló con cinco gerentes de empresas y cuatro líderes gremiales, actuales o retirados. Todos aceptaron hablar bajo estricto anonimato, de modo que no se les mencionara a ellos, las empresas para las que trabajan, o los rubros en los que operan.
No importa el rubro ni la filiación política (pues al menos dos de ellas pertenecen parcialmente a empresarios ligados al Gobierno), para estar en la mira de los inspectores de la DGI, que son la punta de lanza para presionar a los empresarios, lo que importa a la DGI es el monto de su facturación.
Robarse las ganancias, no las empresas
El acoso fiscal prueba que Ortega evita repetir algunos errores de su primer Gobierno en la década de los 80 del siglo pasado, recuerda una de las fuentes.
“En ese tiempo confiscaron los medios de producción. Ahora no: lo más que han hecho es confiscar universidades y oenegés, pero todavía no se atreven a quedarse con alguna empresa productiva”, notó.
En vez de eso, “están confiscando las ganancias de las empresas –en vez de estatizarlas– porque recuerdan que cuando las expropiaron en los 80, los gerentes que ellos mismos pusieron, las llevaron a la quiebra”, determinó.
“Los dueños van a luchar por sus empresas, porque nadie quiere perder su patrimonio, además hay deudas con los bancos, con proveedores extranjeros, y si fracasás, vos y tus hijos quedarían en la calle”, explicó.
El resultado de esa política es que “muchas empresas formales están a punto de quebrar”, porque “ellos mismos están promoviendo la informalidad”, señaló una de las fuentes.
El impacto de estos cobros millonarios es que “provocan inflación, porque las empresas suben los precios lo más que el mercado lo permita, y crean reservas, porque saben que tendrán pagar esas multas que les están imponiendo”.
En paralelo, “provocan recesión. Es cierto que te obligan a ser supereficientes para ahorrar gastos. No podes ahorrar en electricidad, combustibles, materia prima o transporte, pero sí podés despedir personal”, reconoció.
De paso, “están creando una burguesía orteguista emergente, a la que le aplican la cuota fija por ser leales al régimen. Premian al incondicional y castigan al que consideran ‘enemigo’, simplemente porque no es adepto suyo. Les enfurece que no seamos su instrumento; que no les hagamos el juego”, añadió.
Reparos y multas millonarias
“Es normal que la DGI te haga una auditoría para evaluar el año previo. Ese es su trabajo, y si hay errores de cómo se contabilizan costos, eso puede generar un reparo”, dijo a CONFIDENCIAL el gerente de una empresa que, precisamente, sufrió uno de esos reparos.
“Lo que pasa es que están siendo más detallistas, lo que ha dado como resultado que impongan más multas”, reconoció.
Hace tres años, la empresa para la que él trabaja sufrió un reparo por casi 400 000 dólares. Gracias a los contactos de uno de sus gerentes, que antes fue funcionario gubernamental, pudieron establecer un enlace directo con representantes de la Administración actual para buscar una solución.
El resultado fue que revisaron su propia contabilidad, volvieron a presentar su declaración de impuestos, y se les permitió pagar una cifra cercana a los 80 000 dólares “para que nos dejaran seguir operando”, narró uno de los socios.
Este empresario dijo que pagaron directo al Tesoro de la República, y que prefirieron arreglarse sin pagar coimas porque “eso es enredarse, además que muchos son los diablos y poca el agua bendita”, graficó.
No era la primera vez que la empresa enfrentaba una amenaza tan seria para su estabilidad y existencia. “Esto ha pasado en varias ocasiones. Es un desgaste, pero lo hemos resuelto, porque si no, tendríamos que salir del mercado”, explicó.
Aunque tener un funcionario que conservaba abierta la línea para comunicarse con sus antiguos amigos le sirvió a esta empresa para minimizar el golpe, en general, pagar esos reparos implica entregar más del 70% –y en algunos casos más del 100%– de las ganancias.
Tres pájaros de una sola pedrada
En muchos sentidos, 2018 representó un parteaguas para la Administración Ortega - Murillo, en especial, cuando los empresarios desdeñaron la cercanía con el Gobierno, y criticaron abiertamente el asesinato de ciudadanos indefensos que tomaron parte en la Rebelión de Abril.
Algunas fuentes piensan que el incremento del acoso fiscal –encabezado por la DGI, y complementado por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), y la Alcaldía de Managua– es una respuesta directa a tres problemas que ahora tiene el Gobierno.
El primero, es el divorcio con el sector privado, al que ahora mantiene bajo chantaje directo.
El segundo, es hacer frente a la recesión económica que siguió como reacción a la violencia generada desde el Estado, lo que golpeó la capacidad recaudatoria del Gobierno.
El tercero, obligar a determinados empresarios a sentarse con el Gobierno, cuando este decida que llegó el momento de organizar una nueva puesta en escena llamada ‘diálogo nacional’.
“Quieren obligarnos a llegar a su supuesto ‘diálogo’, para que salgamos en la foto con ellos, y vender eso como que estamos avalando al Gobierno”, dijo una de las fuentes.
“Su intención es que no abrás la boca en política. Que no opinés contra el Gobierno. Que no permitás en tus empresas activismo en contra de ellos, mientras te asfixian en lo económico, y sobrerrecaudan a expensas de la liquidez de las empresas”, enlistó.
Es lo que le ocurrió a la empresa agroindustrial para la que él trabaja, que recibió un reparo por un monto cercano a los 300 000 dólares, cuando un auditor de la DGI les dijo que la decisión de reflejar una parte de su producción con un precio distinto a la del resto, era “una maniobra para evadir impuestos”.
Lo que estaba haciendo esta empresa, era reflejar el producto “A” con un precio distinto al del producto “B”, dada la diferencia de calidades entre ambos, y aunque el producto “B”, representaba menos del 4% de su facturación total, “nos pusieron el reparo contra la totalidad de las ventas”, recordó.
“Los auditores llegan con una meta recaudatoria, así que aplican métodos arbitrarios que violan toda lógica contable, y si reclamás ya tienen un machote para resolver ‘no ha lugar’ a cualquier reclamo”, consideró.
Los amigos millonarios del Oriental
El resultado que está obteniendo el Gobierno es que al sobreordeñar las empresas recaudan más, pero a mediano y largo plazo el resultado será “ahogar la empresa formal”.
“Si quieren recaudar más, deberían sacar del régimen de cuota fija a sus amigos millonarios que operan desde el Oriental, para expandir la base de clientes”, recomendó.
Un informe reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), mostró que la recaudación tributaria de 2019, cerró en el equivalente a 2212.1 millones de dólares. En 2021, ese monto se acercó a casi USD 2527.3 millones. Los más de 315 millones de diferencia, representan un crecimiento de 14.3%.
El Presupuesto vigente está calculado sobre la base de que este año se recaudarán 2378.5 millones de dólares, o sea, 148.8 millones menos (5.9%) que en 2021, lo que sugiere un agotamiento de la reforma tributaria de marzo de 2019.
Nadie –excepto quienes están a cargo de esta operación extorsiva– tiene el detalle de cuán “productiva” ha sido esta estrategia recaudatoria, pero las historias de las empresas que tuvieron que pagar para seguir operando, son muchas. Todas, con muchos elementos en común.
La gran empresa de capital binacional obligada a reparos millonarios por dos años consecutivos ha logrado evadir el pago de las multas impuestas, pero hay un riesgo gigantesco de que la justicia orteguista les obligue a pagar, lo que sería un mazazo en contra de su economía empresarial.
Las fuentes tienen confianza en que, a pesar de todo, el oficialismo no les dará el tiro de gracia. Prueba de ello es que, aunque la amenaza fiscal sigue vigente, “nos mantienen la solvencia fiscal para no paralizarnos, porque la necesitamos para prestar dinero a los bancos”.
“Te mantienen vivo, pero con una pistola en la cabeza. Te chantajean. Aunque no te lo dicen, los dueños saben que están en manos del Estado y que les pueden quitar la empresa por esa deuda inventada”, refirió.
Gremios: nadie nos ha dicho nada
El ataque fiscal contra las grandes empresas es un tema de amplio dominio entre empresarios, cámaras, gremios y diplomáticos, pero en este momento no parece haber nadie haciendo gestión alguna para ayudarles a salir del calvario fiscal al que han sido empujadas.
“El Gobierno ha cerrado toda comunicación con Cosep, con AmCham, con las cámaras… ahorita cada quien resuelve como puede”, dijo el antiguo director de una de esas cámaras empresariales.
El gerente de una cámara que aglutina a empresas del ramo alimenticio, recordó que “en 2016 o 2017 nos reportaron un caso de acoso fiscal, pero lo resolvimos haciendo una gestión directa con la DGI”.
Eran los tiempos en que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), conservaba el ‘derecho de picaporte’, con presidentes de los poderes del Estado, asesores de Daniel Ortega, y ministros del Gobierno.
En la actualidad, la cámara detecta “una tendencia de la DGI a recaudar como sea, reviviendo normas, leyes y reglamentos que eran inaplicables. Vemos que buscan cualquier excusa para recaudar”, dijo el gerente.
La exdirectora de otra cámara asociada al Cosep, dijo que el acoso fiscal “es vox populi entre empresarios dentro y fuera del país, quienes comparten la frustración que les causa ser víctimas de las alcaldías y de la DGI, que les imponen cobros, reparos y multas indebidas”.
“Nosotros no hemos recibido quejas ni comunicaciones de ninguna de las empresas asociadas a la cámara, pero sabemos que el acoso existe”, compartió el presidente de uno de esos gremios.
Su opinión es que “el chantaje no es sostenible. Se puede hacer una o dos veces. Quizás con los nacionales, pero los extranjeros tienen otro razonamiento. Algunos tienen litigios en Ingresos, en Aduanas, en la Corte, y están concentrados en agotar todas las instancias legales. Cuando eso ocurra –adelantó–, recurrirán a la instancia diplomática”.
