27 de febrero 2022
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El régimen de Daniel Ortega usó, durante los últimos 15 años, una serie de prácticas para “demoler” la libertad de asociación en Nicaragua, que conllevó a la cancelación de la personería jurídica y registro de al menos 115 asociaciones, fundaciones, partidos políticos y oenegés, concluye una investigación de la Fundación del Río y Popol Na, organizaciones canceladas y confiscadas en 2018.
El análisis — “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua”— destaca que entre las prácticas para acabar con las asociaciones hay confiscaciones de facto, cierre absoluto de la vía administrativa y violencia policial, así como el bloqueo al acceso a justicia.
“La libertad de asociación fue debilitándose gradualmente desde el año 1997 y luego fueron intensificándose progresivamente las agresiones en contra de la sociedad civil nicaragüense, desde que el régimen Ortega-Murillo tomó el control del Estado en 2007, hasta llegar a hechos de agresión exponencial en represalia por la masiva sublevación ciudadana que inició en abril de 2018”, señala.
23 confiscaciones de facto
El informe detalla que, de las 115 asociaciones eliminadas entre 2007 y 2022, 23 fueron confiscadas de facto a pesar que la Constitución Política de Nicaragua lo prohíbe en su artículo 44. Las confiscaciones ocurrieron por la vía de ocupación policial de sus edificios o por medio de traspasos de hecho.
Asimismo, destaca que en la cancelación de las personerías jurídicas, el Ministerio de Gobernación (Migob) “jugó un rol crucial” al negarse a recibir la documentación y prefabricar argumentos para que la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, ejecutara la masiva cancelación de personerías.
“En la mayoría de los casos, deliberadamente (el Migob) han impedido el uso de la vía administrativa, al no recibir ni contestar los informes y las comunicaciones presentadas por las asociaciones, al negarles sus certificaciones para operar en el país, al crear una carga desproporcionada de nuevos requerimientos”, subrayan.
Asimismo, destacan que en el país impera la falta de acceso a la justicia porque los recursos jurídicos presentados por las organizaciones no fueron respondidos por la Corte Suprema de Justicia.
“Al ilegalizar a las organizaciones, el régimen busca enviar al desempleo a liderazgos sociales comprometidos con la transformación del país, para que no puedan continuar desempeñando su rol. Así mismo, somete a las comunidades que antes eran beneficiarias a permanecer en condiciones de pobreza y sometimiento político con el Estado”, agrega el informe.
La investigación considera la violencia policial y las detenciones a opositores, como una consecuencia del interés estatal de impedir que los ciudadanos se organicen y defiendan sus derechos.
“Las personas que integran estas organizaciones sufren desplazamiento forzado dentro del país, viéndose obligadas a ocultarse dentro del país o a exiliarse para preservar su libertad e integridad”, comentan los investigadores, que salieron del país tras las confiscaciones del régimen.
Cuatro etapas del desmantelamiento
La investigación identifica, que entre 2007 y principios de 2022, el régimen de Ortega ejecutó cuatro fases de desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua.
La primera fase ocurrió de 2007 a 2010 y está replicó “los discursos de Gobierno pasados para controlar políticamente sobre todo los fondos para el desarrollo que llegaban a las organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría”, explican. En esta etapa destaca la cancelación de dos partidos políticos: el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Conservador, este último dos años después recuperó su personería.
De 2011 a 2015, identifican una segunda etapa caracterizada por la represión hacia movimientos sociales. La siguiente etapa ocurrió de 2016 a 2018 y se destaca por presiones a las organizaciones sin fines de lucro que acompañaban a los movimientos sociales que salieron a protestar. Lo cual detonó la cancelación de nueve organizaciones que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos, ambientales e indígenas, políticos, de libertad de expresión y por derechos de las mujeres.
La última etapa se ha ejecutado desde 2019 a la fecha. Esta se caracteriza por la consolidación de un marco legal restrictivo a las organizaciones sin fines de lucro para justificar jurídicamente “el aumento del control, seguimiento, intimidación y restricción del trabajo de las organizaciones internacionales presentes en el país”, detallan.
