25 de febrero 2022
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El Poder Judicial, alineado al Frente Sandinista, programó para el próximo jueves 3 de marzo, el juicio “oral y público” contra la ex aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Cristiana Chamorro Barrios, por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. La audiencia se realizará en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote.
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En el mismo caso, están imputados el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios —acusado por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida—; dos extrabajadores de la FVBCh, Walter Gómez y Marcos Fletes —señalados de los mismos presuntos delitos de Cristiana—; y Pedro Vásquez, chofer personal de Cristiana, quien es acusado de colaborador necesario para el delito de lavado.
La exprecandidata se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, tras un allanamiento de más de cinco horas a su vivienda y un fuerte despliegue policial y patrullas. Por ocho meses, la casa de Chamorro ha permanecido bajo custodia de oficiales.
Los abogados defensores han denunciado “audiencias secretas” en contra de sus clientes, y que al igual que el resto de los reos políticos, recluidos en El Chipote, no les han permitido entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes.
El defensor de Pedro Joaquín Chamorro, Mynor Curtis, en entrevista con Esta Semana, explicó que el primer obstáculo que tendrá la Fiscalía en este caso es demostrar el origen del supuesto dinero "sucio", ya que en los mismos informes a los que ha tenido acceso como parte del intercambio de pruebas, se detalla que los donantes de la Fundación eran organizaciones de cooperación internacional que se financian con fondos provenientes de los contribuyentes de sus determinados países.
El juicio estará a cargo de Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua. Este judicial condenó a diez años de cárcel a la opositora Ana Margarita Vijil, líder de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), por el supuesto delito de “menoscabo contra la integridad nacional”. Por el mismo cargo sentenció a nueve años de prisión al exdiplomático y directivo del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Mauricio Díaz Dávila; y al cronista deportivo y bloguero, Miguel Mendoza.
Juicio puede alargarse un par de semanas
El abogado Curtis considera que el caso de la Fundación es el más complejo entre todas las acusaciones contra reos de conciencia. Advierte que puede alargarse por más de una semana debido a la cantidad de pruebas a presentar. En su caso, como defensa de Pedro Joaquín, ha ofrecido 633 elementos de pruebas documentales, que deben ser leídas en audiencia.
“No hay ninguna evidencia que él se haya apropiado de algo que no era de él, y tampoco hay evidencia de esas supuestas gestiones abusivas". Él era vicepresidente de la Fundacion, pero no manejaba los fondos, no firmaba cheques, por esa razón a él no lo vinculan con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, explicó.
Inicio de la cacería orteguista
La captura de los extrabajadores de la Fundación y, posteriormente, de Chamorro, fue el inicio de una cacería del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra líderes políticos y civiles, que desafiaban su permanencia en el poder, en vísperas de las votaciones generales de 2021, calificadas como una “farsa” por la comunidad internacional y la oposición del país.
Chamorro lideraba las encuestas nacionales de opinión, entre más de cinco precandidatos. Fue citada en dos ocasiones en la Fiscalía y en una de estas, se declaró como una “ciudadana inocente y libre”.
Señaló que todos los organismos internacionales que destinan fondos para Nicaragua, a través de la FVBCh, “están con nosotros”; luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazara los señalamientos de supuesto lavado de dinero en contra de la oenegé nicaragüense.
Sin embargo, el régimen orteguista continuó en su escalada represiva y la inhibió de facto al fabricar una acusación judicial en su contra, tras dos semanas de supuesta investigación contra la Fundación, que implicó interrogatorios a más de 50 periodistas, directores de prensa, y trabajadores de la organización que se consolidó como ícono de la defensa de la libertad de prensa en Nicaragua.
En la investigación contra la Fundación, el Ministerio Público acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva, y apropiación y retención indebida, a pesar de que ni Chamorro ni CONFIDENCIAL tienen algún vínculo, legal, económico, o institucional con la FVBCh. El periodista se encuentra actualmente en el exilio por segunda ocasión, y desde 2018 ha sido víctima de la confiscación de las oficinas de sus empresas.
