El 30 de marzo el juez federal de Nueva York, Kevin Castel, condenó a cadena perpetua a Juan Antonio “Tony” Hernández, por traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2005 y 2015 “con total impunidad”, gracias a la protección que le daba su hermano, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, quien, según los fiscales del caso, “desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta y auspiciada por el Estado”.
Desde hace bastante y particularmente desde el juicio contra su hermano, Juan Orlando es conocido en el mundo como un narcotraficante. Dentro de Honduras lo llaman también “ladrón”, “criminal” y “mafioso”, y es lugar común decir que es “mentiroso”. Además, todos saben que tiene responsabilidad en la condena a perpetuidad de Tony porque logró convencerlo —y chantajearlo— para que no colaborara con los fiscales y jueces del caso no dando toda la información que conocía sobre esa “conspiración”.
Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el sistema de justicia de Estados Unidos, diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar control sobre las rutas por donde circulaba la cocaína desde América del Sur hacia el Norte. Desde hacía treinta años Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga que se comercializa y consume en territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido control de sectores importantes de esas rutas. Y los principales “propietarios” de las rutas se habían escapado de sus manos, extremadamente empoderados en tan solo una década de actividades ilícitas.
La estrategia de Washington significó la instalación en nuestro territorio de una especie de “enclave”, en donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños, operadores de justicia, como actuaba clandestinamente infiltrando a esos mismos órganos.
La DEA creó instancias paralelas desde donde lanzar los auténticos operativos antidroga. Al montar el enclave, el primer objetivo fue descabezar a las mafias que controlaban los corredores, que desde la Mosquitia hondureña cruzaban nuestro territorio, para entregar la droga a redes cómplices, principalmente a las de Guatemala. También actuaba la DEA en las rutas por las Islas de la Bahía, por Belice y en menor escala por territorio salvadoreño. La señal para iniciar la estrategia la dio el presidente Barak Obama en mayo de 2013, cuando el Departamento del Tesoro señaló al cartel de Los Cachiros, afirmando que era una banda peligrosa a la que había que hacer frente para contrarrestar el narcotráfico, no solo en Honduras, sino en toda Centroamérica.
El anuncio de Obama no pareció haber sido entendido por todos como el grito de guerra con que iniciaba Washington su estrategia. Los Cachiros sí lo entendieron. Para entonces, ya ellos venían colaborando con la DEA y sabían que el anuncio era la señal para que se entregaran a las autoridades estadounidenses. Entregarse era el único camino que les quedaba si querían seguir vivos. Por informantes internos, el entonces jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, y hasta esos mismos días colaborador de Los Cachiros, Julián Pacheco Tinoco, tenía ya listo el operativo para eliminar físicamente a todos y a cada uno de los miembros de la banda, adelantándose así a la estrategia gringa.
La entrega de Los Cachiros a la justicia de Estados Unidos, en enero de 2015, selló la exitosa campaña de capturas y extradiciones de los principales narcotraficantes hondureños iniciada en 2013. Después de Los Cachiros se entregó Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. Y así, otros. Sin embargo, a pesar de haber caído casi todos los cabecillas de las bandas narcotraficantes, y según versiones de un oficial de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, la circulación de la droga por territorio hondureño, en lugar de reducirse aumentó. Si antes de 2013 el 80% de la cocaína consumida en territorio estadounidense provenía de Honduras, después de la exitosa estrategia de la DEA llegaba al 85%.
Viendo esto, en 2015 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino a la poderosa familia Rosenthal, liderada por Jaime Rosenthal y su hijo Yani. Les incautaron sus propiedades, especialmente las que tenían a lo largo del valle de Sula. Y les intervinieron el Banco Continental con el argumento de que allí se lavaba el dinero procedente de los negocios ilícitos de Los Cachiros. Jaime Rosenthal afirmó que la intervención de sus bienes, y especialmente de su banco, era una acción que respondía al contubernio entre el Gobierno de Juan Orlando Hernández y las élites árabes, dupla que manejaba todo el sistema financiero nacional, donde se lavaba dinero sucio a escala muy superior a la que se le atribuía al Banco Continental. Ciertamente, en la campaña de “limpieza” que alcanzó a la familia Rosenthal, nunca quedó fuera de la mira de la DEA la familia Hernández Alvarado, especialmente Juan Orlando, su hermano menor “Tony” y su hermana mayor Hilda.
Tony, narco desde 2004
De acuerdo a informes filtrados para el juicio que enfrentó en Estados Unidos, Tony Hernández se vinculó a actividades de narcotráfico y crimen organizado desde 2004, cuando tenía 25 años. En Gracias, cabecera del municipio de Lempira, donde nació, estableció su base de operaciones. Desde allí, se vinculó con la banda criminal dirigida por los hermanos Ardón. Uno de ellos, Alexander, se convirtió en alcalde por el Partido Nacional del municipio El Paraíso, un centro de la narcoactividad. También se relacionó con los hermanos Valle Valle, capos en la zona de Copán. Y también con la banda de Los Cachiros con sede en Colón.
Para entonces, su hermano Juan Orlando era ya diputado en el Congreso Nacional, cargo al que llegó en 1998, cuando la ley se lo impedía por tener familiares en cargos públicos. Antes de escalar esa posición y como secretario del Congreso, promovía negociaciones entre partidos políticos para aprobar leyes que favorecían a empresarios de la energía, de las comunicaciones, de empresas extractivas y de las maquilas. Su prioridad fue también favorecer a los “amigos” de su hermano colocándolos en puestos clave, garantizando así el tráfico de drogas al que Tony se dedicaba.
La ascensión de Juan Orlando, abogado de profesión, fue indetenible. En 2009 participó en el golpe de Estado que sacó del Gobierno a Mel Zelaya. A partir de entonces creó condiciones para que en enero de 2010 lo eligieran presidente del Congreso Nacional, puesto desde que se convirtió en candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República, en las cuestionadas elecciones de 2013 en las que sus adversarios fueron Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción y Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Antes de alcanzar la Presidencia, Hernández ya había consolidado las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado en Honduras, convirtiéndose en su indiscutible líder. Entre 2010-2013, logró que todas le obedecieran. En esos años se afianzaron las relaciones entre los cárteles de la droga de América del Sur con los de Guatemala y principalmente con los de México.
En esos años se dieron las más numerosas concesiones a empresas mineras y a empresas hidroeléctricas para utilizar ríos y fuentes de agua para la industria extractiva. Y fue en esos años cuando se aprobaron las Ciudades Modelo, pasando por encima de la Constitución.
Es en el período de 2010 a 2013 que ya se puede hablar de que Honduras se había convertido en un narco-Estado. En su mayoría, los diputados del Congreso Nacional servían a las actividades ilícitas. La Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Comisaría Nacional de Derechos humanos, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, legitimaban todos los actos que Hernández decidía como presidente del Congreso.
En esos años, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se convirtieron en cuerpos de seguridad dedicados a proteger las rutas de la droga que llegaba a Honduras y pasaba por nuestro territorio o por nuestros mares, protección que brindaban también a los capos que controlaban las rutas.
En 2012 se estableció y reglamentó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, convirtiéndolo en el máximo órgano de decisión del Estado, por encima del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y todas las decisiones pasaron a manos de Hernández, al frente del Congreso. Garantizando así su poder, llegar a la presidencia de la República era asunto de tiempo, como en efecto ocurrió.
Dos escenas habituales en los años de gloria
De 2010 a 2013, Juan Orlando, su familia y sus allegados más leales vivieron años de gloria. En la Semana Santa de 2010, en una fiesta organizada por el alcalde de El Porvenir, modelo de municipio narco, vieron a Hernández junto a colaboradores, militares y funcionarios de la Fiscalía, participando en una noche de parranda amenizada por un conjunto mexicano que llegó en helicóptero custodiado por patrullas de la Policía. En los años siguientes estas fiestas serían cada vez más frecuentes.
En 2011, en un punto de la costa norte, un productor —en tierras que había adquirido después de años de trabajar en la bananera— recibió la visita de un grupo de hombres que le ofrecieron financiarle la construcción de una granja avícola a cambio de que en sus tierras permitiera instalar unos módulos que se usarían como bodegas. Animado con iniciarse como emprendedor avícola, el productor les dijo que lo discutiría con su familia. “Amigo —le dijeron—, esto no es una propuesta, es una decisión. Todos saldremos ganando. No hay nada que discutir. Si no acepta, lo matamos a usted y a toda su familia”. Así se instaló la granja. Detrás de ella se construyeron, excelentes bodegas a donde llegaban camiones que cargaban y descargaban bultos. El dueño de la propiedad no tuvo más remedio que ser socio silencioso, y silenciado, de aquel negocio.
Cuenta el “emprendedor” que había allí reuniones regulares a las que llegaban en camionetas de lujo, hombres de botas y sombreros vaqueros. “A varios los he visto en la televisión”, dice. Entre quienes llegaban a las reuniones identificó claramente a Tony, y al menos en dos ocasiones a Juan Orlando. Ambos se reunían con otros, a los que pocos años después reconoció en los medios: los hermanos Valle Valle y los hermanos Cachiros. En otras ocasiones las reuniones eran con hombres, que tras las capturas de 2014 identificaría como el “Negro Lobo”, “Don H” y “Winter Blanco”.
Cuenta también el emprendedor que las reuniones eran frecuentemente conducidas por la única mujer que llegaba hasta aquel lugar: Hilda Hernández, hermana mayor de Juan Orlando, la que luego se comprobaría era una de las administradoras de los fondos que mezclaban magistralmente los recursos del Estado con los recursos del crimen organizado. Con indagaciones primarias se puede establecer que el lugar de la granja y las bodegas tenía una ubicación privilegiada, por estar equidistante de la Mosquitia, de Tegucigalpa, y de la zona fronteriza con Guatemala, convirtiéndose así en un punto ideal para la ruta de la droga y para encuentros entre los grandes capos.
Tony llegó a ser uno, convirtiéndose en el mayor exportador de droga hacia Estados Unidos. Cuentan habitantes de la zona de Sico y de las costas del noreste del Atlántico que durante varios años, especialmente entre 2010 y 2014, lo vieron pasar una y otra vez casi siempre con cargamentos. Lo vieron también negociando con políticos de renombre en Colón y Olancho, en Cortés, Yoro, Copán, Lempira, Santa Bárbara y Francisco Morazán.
Esta plataforma criminal le sirvió a Tony de trampolín para lanzarse a la política como candidato a diputado por el Partido Nacional por Lempira. Y fue así que en 2014, los dos hermanos accederían juntos a cargos de elección popular, Juan Orlando a la presidencia y Tony a la diputación.
Hilda, quien ya se había logrado colocar años antes como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno de Pepe Lobo, administrando los fondos destinados a programas sociales y asistenciales, organizó una oenegé que captaba millones que sirvieron a la campaña presidencial de Juan Orlando y a la compra de lealtades y que engordaron las cuentas privadas de la familia. En 2014, ya su hermano en la Presidencia, ella fue responsable de administrar todo el presupuesto nacional, las relaciones públicas de Casa Presidencial y la estrategia de comunicación del presidente.
Como presidente de la República, en control absoluto de la institucionalidad del Estado y de las redes criminales, Hernández comenzó a eliminar competidores. En 2013 se descubrieron los primeros signos de ajustes de cuentas: confrontaciones con el sector financiero de los Rosenthal, aumento de masacres vinculadas a grupos armados irregulares, conflictos exacerbados entre pandillas juveniles…
El presidente puso entonces en marcha el proceso para crear la Policía Militar del Orden Público, su guardia pretoriana, destinada a defenderlo ante las amenazas de grupos rivales y ante eventuales traiciones de los suyos.
2013 y 2015 fueron años de enorme violencia, años de ataques y contraataques entre los diversos capos de la droga en Honduras, años de grandes masacres destinadas a eliminar testigos y a ajustar cuentas. Hernández no dudó en “limpiar” su entorno criminal, mandando a asesinar a unos y capturando a otros para encerrarlos en cárceles de máxima seguridad o para extraditarlos a Estados Unidos. Buscó también blindarse de posibles procesos judiciales, con un control aún más estricto del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. También se dedicó a “soplarle” a las instancias estadounidenses cómo ubicar a varios narcotraficantes hondureños.
Desde 2013, enterado Juan Orlando que Tony ya era investigado por el Gobierno de Estados Unidos, se dedicó también a reganar el apoyo de Washington para asegurarse la reelección. Con los grupos empresariales llevó a Washington el argumento del riesgo que significaría para Centroamérica que Mel Zelaya recuperara el poder, lo que significaría el control de la Venezuela chavista en la región. Eso pareció convencer al Gobierno de Estados Unidos, aunque en los años siguientes se vería que la convicción era solo expresión del habitual pragmatismo estadounidense, basado en cálculos e intereses. Ya desde entonces, Washington le pisaba los talones. Y muy directamente: seguían todos los movimientos de su hermano Tony, alguien que, en menos de una década, se había convertido en un capo con la capacidad de negociar con el Chapo Guzmán o con Ismael “El Mayo” Zambada.
2015: Cuando Honduras gritó “¡Fuera JOH!”
En 2015 se destapó el saqueo millonario en el Instituto Hondureño del Seguro Social y decenas de miles de personas se movilizaron durante varias semanas seguidas con la consigna “¡Fuera JOH!”, exigiendo se hiciera justicia con los saqueadores y se creara una instancia internacional que investigara los actos de corrupción.
A mediados de ese año parecía que toda la estructura de poder montada por Hernández desde 2010 se vendría a pique. Sin embargo, en ese momento y en varios que siguieron, lo salvó el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. Después de lograr que las movilizaciones callejeras desembocaran en un diálogo entre sectores afines al Gobierno y en la instalación de la Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y a la Impunidad en Honduras (Maccih), adscrita a la OEA, el mandatario salió tan fortalecido de la crisis que consiguió transformarla en plataforma para relanzar su reelección presidencial.
En 2016 logró que la Corte Suprema de Justicia aprobara una figura jurídica que interpretaba los “artículos pétreos” de la Constitución hondureña, los que prohíben bajo cualquier circunstancia la reelección presidencial, para permitirle participar como candidato bajo el argumento del derecho humano que toda persona tiene a ser electo para un cargo público.
Contra todo pronóstico prosiguió su carrera de político y de narcotraficante, mientras su familia también reflotaba: su hermano Tony seguía liderando las rutas del narcotráfico y su hermana Hilda seguía distribuyendo recursos del Estado para pagar a medios de comunicación y a periodistas, para financiar la campaña por la reelección y para otorgar favores a altos jefes militares y policiales.
Cuando a finales de 2016 era indetenible un nuevo mandato presidencial, la DEA, con archivos llenos de pruebas que señalaban a Tony le hacía a Juan Orlando las primeras preguntas sobre las actividades criminales de su hermano. Seguro de controlar todos los hilos, se ofreció para servir de intermediario entre la DEA y Tony, y logró que su hermano se presentara voluntariamente en noviembre de 2016 ante la DEA en Miami. Lo hizo acompañado de un despliegue publicitario que buscaba mostrar, no solo la inocencia de Tony, también el compromiso del presidente de perseguir el narcotráfico con la consigna de “caiga quien caiga”.
Al regresar triunfal de aquel viaje relámpago a Estados Unidos, Tony convocó una conferencia de prensa, en la que dijo que venía de probar su inocencia porque “el que nada debe nada teme”. El mandatario remató lo dicho por su hermano afirmando que quedaba establecido que en su Gobierno “nadie está por encima de la ley, y el que la debe la paga”.
Al colaborar con la DEA, Juan Orlando destapó una olla de demonios. Y muchos de los demonios lo buscaban a él para ajustar cuentas. Entre los primeros demonios estuvieron Los Cachiros. Enterados desde 2013 que Hernández había decretado contra ellos muerte segura, prefirieron entregarse y negociar información con la DEA convirtiéndose en informantes protegidos. Lo mismo hicieron los hermanos Valle Valle, quienes tras escapar a varios intentos de asesinato y tras frustrados intentos por asesinar ellos a Juan Orlando, negociaron su captura y extradición convirtiéndose también en informantes protegidos.
Hubo otros, hubo varios. Y a quienes no lograron escapar o entregarse para ser extraditados, el presidente los encerró en cárceles de máxima seguridad en donde la mayoría fueron asesinados entre 2015 y 2021. Otros cayeron víctimas en una de las muchas masacres que los medios publicitaban convirtiéndolas en argumento para endurecer medidas legales, policiales o militares.
Hilda Hernández: ¿la muerta que nunca muere?
Entre los demonios que soltó Juan Orlando en esa violenta etapa están los que habrían planificado y ejecutado el asesinato de Hilda Hernández en diciembre de 2017, en el muy agitado ambiente de crisis nacional tras el fraude con el que se reeligió en noviembre de ese año.
La muerte de Hilda ha quedado en la penumbra. De eso no se habla aún en voz alta en ningún círculo del poder hondureño. Nunca nadie dio explicaciones convincentes sobre una muerte que, según versión oficial, sucedió por un accidente de helicóptero, sobre el que se presentaron como prueba fotografías de otros accidentes ocurridos en otras fechas y en otras latitudes.
Para el común de los hondureños Hilda Hernández no murió. Algunos insisten en mostrar fotografías de mujeres que se le parecen y que caminan por calles de Taiwán o de Francia como pruebas de que ella sigue viva. Las especulaciones se alimentan por la imprecisa información oficial sobre el accidente. También, porque al cumplirse el primer año de su fallecimiento no hubo ni una sola esquela ni una sola misa para recordarla, siendo la madre de Hilda tan devota que alcanzó el grado de “ministra de la eucaristía” en una parroquia de Tegucigalpa.
Todo ha dado vuelo a la creencia de que la hermana del presidente no murió, sino que organizó y fingió su muerte al advertir los pasos de la DEA rondando a su familia, sabiendo que era prioritaria su captura y extradición.
Ante esta generalizada versión existe otra que tiene que ver con las actividades criminales de la familia. La muerte de la financiera Hilda habría sido provocada por un ajuste de cuentas entre capos, seguramente del Cartel de Sinaloa, que con el asesinato con saña de Hilda se habrían cobrado algunas de las traiciones del capo Juan Orlando. Ante los frustrados intentos de asesinarlo a él, encontraron en Hilda el mejor y más accesible blanco para ajustar cuentas tanto con ella como con sus dos hermanos.
Para saber la verdad sobre el final de Hilda Hernández habrá que esperar la caída en desgracia de toda la familia y la caída del telón de este nefasto episodio de nuestra historia.
Conservar la Presidencia: asunto de vida o muerte
Con todo su entorno en crisis y todas las aguas en ebullición, la continuidad de Juan Orlando en la Presidencia de la República a partir de 2017 no era solo asunto de ambición política, era de vida o muerte.
Ningún negocio legal, paralegal o ilícito podía subsistir sin Hernández en la Presidencia. Y no solo los negocios. La existencia misma de todos los negociantes dependía de que él conservara el poder. Sintiendo los “pasos de animal grande”, 2016 y 2017 fueron claves para que comprara lealtades y organizara una estructura de seguridad que le protegiera la vida y le garantizara a cualquier costo la reelección. Lo logró con cuantiosos recursos. Ninguno de los de su círculo más cercano dejaron de recibir beneficios que los convirtieron en multimillonarios.
En esta etapa altos oficiales de la Policía y del Ejército, el presidente del Congreso y sus diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el comisionado nacional de los derechos humanos, el fiscal general del Estado, los ministros, cerca de ochenta periodistas, los dirigentes del Partido Nacional, varios de los más renombrados pastores evangélicos y algunos representantes de la autodenominada sociedad civil, se convirtieron en la práctica en correas de transmisión de sus órdenes. Y los que no entraron en esa categoría resultaron desprestigiados en su honorabilidad, marginados de cualquier influencia en la vida pública… o físicamente eliminados.
Fue hasta mediados de diciembre de 2017 que el Tribunal Electoral publicó los controversiales resultados de las elecciones de noviembre que daban de nuevo la presidencia a Hernández.
Al anunciarse la reelección, la suerte de sus dos hermanos más cercanos ya estaba echada. En las meras vísperas del anuncio, el 16 de diciembre de 2017, se conoció la trágica muerte de Hilda y ese mismo día fue cuando Tony viajó a Miami a dar cuentas a la DEA, y aunque de allí regresó triunfal, su éxito fue efímero. Diez meses después, en octubre de 2018, viajó a Miami y fue capturado en el aeropuerto acusado de tráfico a gran escala de cocaína a Estados Unidos, de tráfico ilegal de armas de grueso calibre, de asesinato y de mentir a las autoridades estadounidenses.
La captura lo llevó a un juicio que culminaría con sentencia condenatoria en octubre de 2019, hasta que el 30 de marzo de 2021 se le dio la pena de cadena perpetua, además de otros treinta años de cárcel por los otros delitos. También fue sentenciado al pago de 138 millones y medio de dólares.
A pesar de que la captura de Tony en Miami anunciaba otra vez su debacle, Juan Orlando volvió a resurgir con fuerzas renovadas, tantas que a finales de 2019 y comienzos de 2020 decidió no renovar el contrato de la Maccih, instancia que creó en 2015. La sola existencia amenazaba a su círculo de criminales y corruptos. En paralelo, logró también aprobar un nuevo Código Penal con el que sacar de la cárcel a sus amigos sentenciados por corrupción o narcotráfico o, al menos, reducirles drásticamente las penas.
En el juicio en Nueva York contra Tony y contra otros narcotraficantes confesos, Juan Orlando quedó clara y reiteradamente señalado no solo como beneficiado del negocio del narcotráfico, sino como líder narcotraficante, y todavía más, como referente del narconegocio a nivel continental. De hecho, las informaciones de la DEA lo caracterizaron como el arquitecto que ha convertido a Honduras en un narco-Estado.
En el juicio su nombre salió a relucir decenas de veces. Algunos dijeron que no se solicitaba su extradición por el protocolo vigente en Estados Unidos de respetar la investidura de quien es presidente de la República.
¿Cómo logró Hernández aguantar cinco años más en el poder? Desde 2009, tras el golpe de Estado contra Zelaya, había concentrado tanto poder que eso le dio márgenes de maniobra para conservarlo y para negociarlo. Ese poder se lo delegaron las élites criminales de Honduras y de Centroamérica y, aunque parezca surrealista, estuvo a punto de su segunda reelección en noviembre de 2021.
No lo logró. Y a las tres horas de tomar posesión Xiomara Castro, el 20 de enero de 2022, el Gobierno de Estados Unidos emitía la solicitud de extradición. Siempre supieron en Washington que Hernández era un capo del narcotráfico y que su Gobierno era una cueva de criminales. Ahora, Washington necesita a Juan Orlando como un informante supercalificado, dando información no solo de hondureños, sino de personas, organizaciones y poderes centroamericanos y latinoamericanos contaminados con los negocios criminales que atraviesan Honduras desde hace muchos años.
¿Cuánta información dará? Sus más cercanos y leales saben, porque lo conocen, que hará cualquier cosa para mejorar la situación en la que está hoy. Saben que Juan Orlando es el responsable de la condena a cadena perpetua de su hermano Tony, al que logró convencer —y chantajear— para que no colaborara con los fiscales y los jueces que lo juzgaban en Nueva York.
A los fiscales lo que más les interesaba era lo que Tony declarara sobre su hermano y él lo sabía. Si Tony decidía colaborar, si hablaba sobre las relaciones de su hermano con el narcotráfico, le reducirían significativamente su condena. A fin de cuentas, a la justicia de Estados Unidos le interesa no tanto encarcelar delincuentes cuanto lograr con su información desarticular redes criminales. Juan Orlando lo sabía. Y logró convencer a su hermano para que mantuviera la boca cerrada. Si la abría entregando en bandeja a su hermano sería menor la pena. Si la cerraba la boca, le esperaba la condena máxima y su hermano quedaba a salvo.
¿A salvo de nuevo? Juan Orlando logró callar a su hermano. Y entregará a quien tenga que entregar. Callando sobre el trágico final de su hermana Hilda, y contribuyendo a hundir hasta la muerte en prisión a su hermano Tony, este hombre ha mostrado su verdadera naturaleza: aniquilará a quien se cruce en su camino. Y será capaz de negociar, sobornar, chantajear, comprar o matar a quien sea necesario para conseguir prevalecer él y solo él.
La DEA y todas las instancias de la justicia estadounidenses tenían ya clarísima la vinculación y participación del presidente de Honduras en el negocio de la droga y en otros muchos crímenes, pero prefirieron hacer un rodeo, dejándolo a él para el último capítulo de esta historia.
¿Cuál será ese último capítulo? El futuro de Juan Orlando es impredecible. Lo ya comprobable es que ha dejado un país destrozado, con una institucionalidad damnificada. Que ha dejado regueros de sangre y un acumulado de venganzas pendientes. Que construyó un narco-Estado que tardaremos mucho tiempo en rehacer como un Estado de derecho, con una institucionalidad en donde funcione la justicia y el respeto a los derechos humanos, una nación con oportunidades para muchos más que el puñado que él enriqueció. Nos dejará un largo, larguísimo camino por recorrer para restaurar un ecosistema sano y un sociosistema confiable, donde recuperemos la dignidad y la humanidad.
*Sacerdote jesuita. Director del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) de los jesuitas en Honduras