24 de febrero 2022
AA
Share
El Colectivo 46/2, que agrupa 21 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, solicitó esta semana la creación del Mecanismo para Nicaragua, dirigido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que investigue las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país desde 2018, ante el incumplimiento de Daniel Ortega de las recomendaciones realizadas por la ONU.
“Un mecanismo con esta legitimidad, con recursos, con la posibilidad de hacer estas investigaciones independientes, creo que tendría muchísima credibilidad para hablarle a otros actores (bancos, mecanismos multilaterales, Estados) respecto a la recurrente actitud del Estado de Nicaragua”, explica en una entrevista con Esta Noche, la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que forma parte del Colectivo 46/2.
Asimismo, señala que estas investigaciones promoverían “resoluciones tan importantes como las de la Corte Interamericana, eso en el presente, pero también preservaría pruebas para que en un futuro estos graves crímenes puedan ser investigados y sancionados”.
La petición ocurre previo a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) examine en marzo próximo la situación de Nicaragua y después que el Gobierno de Ortega agudizara la represión, persecución y criminalizara a los opositores al someterlos a juicios plagados de nulidades e irregularidades.
“Si nosotros analizamos la situación en Nicaragua, hoy 23 de febrero de 2022, el Estado ha incumplido sistemáticamente con estas recomendaciones; por eso, es que desde este colectivo nos hemos dado la tarea de monitorear el cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de estas distintas resoluciones del Consejo y hacer una evaluación”, dice Paz y Paz.
Estado debe investigar muerte de Hugo Torres
La especialista en Derecho Penal y académica lamentó que el régimen de Ortega mantenga injustamente en prisión a más de 170 personas. Además, señala que las acciones cometidas recientemente por el Estado, al cancelar más de 80 personerías jurídicas, son una expresión de autoritarismo y una limitación muy severa al ejercicio de la libertad de asociación, de reunión, de manifestación y de expresión.
“No solo no cumplió con la recomendaciones que se encuentran en estas resoluciones (de la ONU), sino que además incrementó la represión (...) Realmente se está condenando por actos de libertad de expresión: por un tuit, por un retweet y esta situación, sobre todo desde una óptica humanitaria, es sumamente precaria porque (los presos políticos) apenas han tenido acceso adecuado a la alimentación y no ha tenido acceso a una atención médica adecuada”, explica.
Respecto a la muerte del general en retiro, Hugo Torres, quien fue preso político de Ortega durante sus últimos ocho meses de vida, destacó que el Estado de Nicaragua tiene responsabilidad y por lo tanto debe investigarse.
“Por estar bajo custodia del Estado es un hecho que es su responsabilidad y tiene que investigarse en qué condiciones ocurrió esa muerte, si tuvo acceso a la atención médica necesaria, si se atendió sus condiciones físicas para el régimen al que se le sometió de privación de libertad, tomando en cuenta que la Corte ya había decretado que es una privación arbitraria de libertad”, señala.
- Además: Régimen mantiene en la cárcel a 17 presos políticos mayores de 60 años
- Mira: Los 28 presos políticos más jóvenes, menores de 25 años, en las cárceles de la dictadura
La defensora también explicó que es urgente la constatación in situ de la situación de los privados de libertad para verificar cómo está su salud. “Esto es un aspecto humanitario básico, pero además urgente porque es la vida de estas personas la que está en juego y por estar bajo custodia, justamente del Estado de Nicaragua es el responsable absolutamente de su bienestar”.
No hay borrón y cuenta nueva
Durante el acto de toma de posesión de Ortega, el 11 de enero pasado, mencionó la frase “borrón y cuenta nueva”; sin embargo, en opinión de Paz y Paz, esta no aplica para las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde 2018.
“Respecto a estos crímenes de lesa humanidad no aplica la frase borrón y cuenta nueva, muchísimo menos si quien la pronuncia es la persona que estaba al mando de las fuerzas de seguridad, que debe ser investigada, con muchos de estos delitos, de estas ejecuciones que ocurrieron a partir de abril de 2018, entonces es una declaración que no tiene validez en el ámbito internacional y en el momento que se restaure la democracia en Nicaragua tampoco tendrá validez ni se podrá argumentar”, enfatiza.
Paz y Paz fue una de los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que analizaron los primeros meses de la represión estatal en 2018, y determinaron que el régimen de Ortega y Murillo cometió crímenes de lesa humanidad.
La experta subraya que la situación de violación de derechos humanos de Nicaragua es un tema de interés internacional porque hay claras evidencias que el sistema nacional está fallando y porque es el Gobierno quien está violentando.
“La situación de Nicaragua es extremadamente grave en la región, es el peor récord de derechos humanos, el peor récord de democracia y el Estado de derecho”, dice.
La única actitud de los mecanismos internacionales de protección de derechos, añade, es la vigilancia continua y la activación de herramientas que puedan exigirle al Estado que cumpla mínimamente con los derechos humanos básicos. Por lo cual, opina que existen los votos y la voluntad política para que el Consejo de la ONU apruebe la creación del Mecanismo para Nicaragua.
“Creo que está creciendo la conciencia entre los Estados, de que el Estado de Nicaragua no está haciendo lo mínimo para cumplir con la resoluciones anteriores, entonces creo que sí, que los Estados cada vez están más conscientes de la necesidad de dar un paso adelante. Esperemos que así sea”, afirma.
