24 de febrero 2022
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La justicia del régimen orteguista declaró culpable a siete reos políticos: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Violeta Granera, José Pallais, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri, en un juicio que se prolongó por siete días, con audiencias diarias de entre cinco hasta 12 horas. El juez orteguista Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio falló en contra de los acusados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.
La Fiscalía pidió 13 años de cárcel para Chamorro, Pallais, Maradiaga y Aguerri; nueve años para Cruz; y ocho años para Granera y Dávila. El Ministerio Público exigió, además, la inhabilitación a cargos públicos para todos los imputados en el juicio realizado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
Desde que iniciaron los juicios políticos, hace cuatro semanas, este es el único caso en que siete reos políticos han sido involucrados en una misma causa.
Durante las primeras cinco audiencias de juicio, la Fiscalía interrogó a 26 oficiales de Policía, que participaron en los arrestos y allanamientos a los domicilios de los reos políticos. Este martes, la Fiscalía terminó de presentar sus pruebas, que incluyó la información extraída por los peritos de informática a los equipos decomisados a los acusados, la cual no fue presentada por ellos mismos, sino por un supervisor.
Grupo de WhatsApp
Además de publicaciones relacionadas a los acusados en medios digitales de poca confianza. Según el abogado defensor, Mynor Curtis, en el caso específico de Chamorro, la Fiscalía destacó un grupo de WhatsApp en el que participaron varios de los implicados; incluyendo, el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, quien está siendo juzgado en ausencia.
Las conversaciones en el grupo se basaban en comentarios sobre la coyuntura del país. En los videos que salía Chamorro: “él comentaba una sanción, pero no la pedía. No llevaron ningún video que pida sanción. El pedir sanción tampoco constituye ese delito. No es el caso. Él nunca pidió sanciones”, aclaró Curtis, quien ha podido conversar con su defendido dos minutos por audiencia; es decir, doce minutos en seis días de juicio. Una total violación al derecho a la defensa, cuestiona el abogado.
“En sí no han presentado pruebas que constituya el delito de menoscabo, han presentado pruebas que hay una posición política de los muchachos, pero no una prueba de comisión del delito de menoscabo. Tampoco hay ninguna información sobre lavado de dinero, no hay ninguna información, nada”, señaló.
En la acusación presentada en septiembre de 2021, contra Manuel Orozco, radicado en Estados Unidos, la Fiscalía lo señaló como el “líder” de una “conspiración” contra Nicaragua.
“Desde el año 2009, el acusado Manuel Orozco se encuentra vinculado con el financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales ha venido manipulando y presionando para destituir con métodos violentos al Gobierno de Nicaragua”, aseguró la fiscal auxiliar de Managua, Heydi Estela Ramírez Olivas en el escrito.
En la acusación señalan a Orozco como organizador de un grupo de WhatsApp llamado “task force” (fuerza de tarea), en el que participaban Pallais, Maradiaga, Granera, Chamorro, Aguerri y otros detenidos como los estudiantes Max Jerez y Lesther Alemán. También incluía al expresidente de los empresarios y ahora reo político, Michael Healy, Salvador Stadthagen y al director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, víctima este último de la represión del régimen y actualmente en el exilio.
Orozco ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones del régimen. En una entrevista brindada a Este Semana, dos días antes que iniciara el juicio, explicó que todo el caso gira en torno a una comisión que crearon desde la organización Diálogo Interamericano en 2018, sobre mediación y políticas relacionadas a la crisis nicaragüense.
El propósito de la comisión era fungir como un vínculo internacional con una serie de actores externos, predominantemente, los Estados miembros de la OEA, con el único propósito de promover la mediación del conflicto político.
“No hay pruebas de que hay menoscabo al Estado porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado. Yo soy el administrador de todo el material; de hecho, está accesible en Internet porque está abierto al público. Y en ningún momento se habla de un intento de derrocar un Estado, ni nada de eso, simplemente, el Gobierno quiere fabricar la idea de que hubo un intento de golpe de Estado (...)”, aclaró Orozco.
Tratos degradantes
Desde que inició el juicio contra los siete reos de conciencia, la Policía permitió la participación de un familiar por preso político en las audiencias. Debían estar en El Chipote a las 7:30 a.m., eran revisados y trasladados junto a los abogados defensores en un microbús con destino a un auditorio convertido en tribunal.
Los hacían esperar bajo un toldo, desde donde observaban el desfile de sus familiares: todos vestidos con el uniforme de presidiario, caminaban con la cabeza hacia abajo, esposados con bridas sosteniendo una botella de agua, y con custodios. Una vez que ellos ingresaban podían pasar, confirmó CONFIDENCIAL.
“Ha sido un circo, no han podido demostrar absolutamente nada”, señaló una fuente cercana a familiares de los reos de conciencia.
La hora de almuerzo era el único momento en que los reos políticos conversaban cerca de diez minutos con sus familiares. Incluso, en algunos casos, era un tiempo menor. Aunque el estado de los siete presos políticos es “alarmante”, la situación de salud de los reos Pallais y Cruz es la más urgente. “Están mal”, dijo un familiar bajo anonimato.
“Vos lo ves caminar —a Pallais— y ves que es un hombre enfermo, no hay manera, lo llevan casi agarrado” expresó un pariente, quien agregó que después del mediodía, llegaban a tomarle la presión y glucosa.
Tras que Pallais se descompensó en el juicio y Cruz mostrara “signos o síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson”, el Ministerio Público los trasladó a ambos junto al exdiplomático, Francisco Aguirre Sacasa a sus casas, bajo arresto domiciliar.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó los “tratos degradantes” contra Pallais y Cruz, que cada día desde que están en sus casas, la Policía los traslada hasta El Chipote, los ingresa a una celda, los esposan, y son obligados a usar el uniforme de presidiario.
“Al finalizar la audiencia son nuevamente trasladados a sus celdas, donde les ponen la ropa que andaban puesta. El Cenidh pregunta ¿ Hay necesidad de hacerles pasar por todo eso? ¿Quitarles y ponerles la ropa? ¿Esposarlos? No. Son tratos degradantes”, denunciaron en su cuenta de Twitter.
