23 de febrero 2022
AA
Share
El 74.7% de la deuda externa privada que cargan las finanzas de Nicaragua es generada por el millonario desvío de fondos hechos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio del acuerdo petrolero firmado con el fallecido caudillo venezolano Hugo Chávez Frías.
El exdiputado y economista Enrique Sáenz advirtió que en esta coyuntura que viven las finanzas del país, con la deuda externa total alcanzando los 14 308 millones de dólares, el punto más alto en los 15 años que el régimen ha ostentado el poder en Nicaragua, el peso del desvío de los millonarios recursos del acuerdo petrolero con Venezuela agrava la crisis de endeudamiento internacional de la nación.
El informe sobre el comportamiento económico del país al tercer trimestre de 2021, divulgado recientemente por el Banco Central de Nicaragua (BCN) detalló que, de los 14 308 millones de dólares que equivalen a la deuda externa total del país, 7616 millones de dólares son de deuda pública; referidos a endeudamientos del Estado con organismos multilaterales, bancos internacionales o por medio de acuerdo bilaterales con otros países. Otros 6691 millones forman parte de la deuda privada, que recae principalmente en empresas y bancos que operan en Nicaragua.
Sin embargo, de estos 6691 millones, Sáenz señaló que cinco mil millones, de acuerdo a los mismos registros del Banco Central, forman parte del componente de endeudamiento vinculado al acuerdo petrolero con Venezuela, manejado con discrecionalidad y nula transparencia por operadores del régimen orteguista.
Esto implica que del total de la deuda externa privada, el 74.7% de la misma es originada en el manejo discrecional del orteguismo de estos millonarios recursos.
“El último informe del Banco Central muestra que la deuda externa ascendió a 14 300 millones de dólares, incluyendo deuda pública y privada. Cabe anotar que en la deuda privada se incluye la deuda con Venezuela que, siempre es oportuno recordar, Ortega se apropió de más de cinco mil millones de dólares, según los registros del Banco Central. Esa deuda por ahora se registra como deuda privada”, advirtió Sáenz.
El aumento de la deuda externa total del país a estos niveles impacta directamente en los bolsillos de los nicaragüenses, al crear un severo problema de contracción del Presupuesto General de la República (PGR) y un aumento en los precios del consumo de bienes y servicios. Este escenario además limita las capacidades de endeudamiento, de la nación por su limitada capacidad de pago.
El economista subraya que en 2020, Nicaragua dispuso para el pago del servicio de la deuda 350 millones de dólares, un monto que probablemente aumentará en los futuros presupuestos del país. Esto mermará más el alcance del PGR para cubrir gastos claves, lo que implica reducir beneficios económicos para los empleados del Estado o las asignaciones de recursos para sectores claves como educación y salud, entre otros.
Desvío de cooperación venezolana
Otro detalle advertido por Sáenz es que el desvío y uso discrecional de los recursos generados por el acuerdo petrolero es la raíz del conglomerado de negocios manejados por Ortega y su familia, con el apoyo de testaferros.
CONFIDENCIAL publicó una investigación este domingo 20 de febrero basada en documentos del Registro Mercantil y también en una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en la que se revela la estructuración de una red de 22 empresas, en las que participan cinco abogados y 18 allegados a la familia presidencial, que se nutren de establecer negocios con las instituciones públicas.
El mismo Sáenz fue quien analizó los detalles de la investigación de CONFIDENCIAL en una entrevista con el programa Esta Semana, que se transmite por Facebook y YouTube, por la censura del régimen.
Sáenz hizo una estimación del patrimonio reunido por el orteguismo en torno a la red de empresas y sus operaciones. “Antes se decía que había una confusión entre los intereses familiares, el partido y el Estado. En realidad, el partido es una cuestión absolutamente inexistente. Es la familia y sus allegados, apropiados de los instrumentos del Estado”.
“Un buen indicador son estas dos auditorías que se conocieron de BanCorp, en las cuales se refleja este capital encomendado en calidad de fideicomisos. No aparecía como depósito, sino en algo que se llamaba cuenta de orden. Por eso la Superintendencia de Bancos (Siboif) no lo reflejaba como depósito en el BanCorp. (Eso) nos da una idea del piso: el mínimo porque está expreso (en el documento): 2730 millones de dólares en 2018”, señaló el exdiputado y economista.
