Después de la muerte de Hugo Torres: Liberar a los presos políticos

El pasado viernes 11 de febrero murió bajo la custodia de la Policía el ex comandante guerrillero del Frente Sandinista y general en retiro del Ejército Hugo Torres, preso político durante casi ocho meses bajo el régimen de tortura en El Chipote.

La causa inmediata de la muerte de Hugo Torres no ha sido identificada, porque el régimen mantuvo en total secretismo el agravamiento de su salud, bajo el sistema carcelario de aislamiento que prevalece en El Chipote.

Lo que si sabemos, por el testimonio de los presos, es que las torturas provocaron el deterioro irreversible de la salud del general Torres, y que las autoridades actuaron con indolencia y no le brindaron atención médica oportuna, y solo después que se desplomó en una celda fue trasladado a un hospital.

Una semana después de la trágica muerte de Hugo Torres, que ha conmocionado al país y a la opinión pública internacional, Daniel Ortega autorizó este viernes el traslado al régimen de arresto domiciliario de los presos políticos Arturo Cruz, precandidato presidencial; el jurista José Pallais, de la Coalición Nacional, y excanciller Francisco Aguirre Sacasa, todos de la tercera edad, y con visibles padecimientos de salud que se agravaron en estos  seis y hasta ocho meses de cárcel injusta, sin las mínimas condiciones de respeto a sus derechos humanos como prisioneros. Todos acusados y enjuiciados a puertas cerradas en la cárcel, sin ninguna prueba, por una presunta conspiración contra la soberanía nacional fabricada en El Carmen.

Para justificar el cambio del régimen de detención, el Ministerio Público alude al “estado de salud” de Cruz, Pallais y Aguirre Sacasa, pero no se atreve a reconocer que el deterioro de su salud física y mental se ha agravado por el régimen de tortura carcelaria, ni presenta los diagnósticos médicos correspondientes.

La fiscal Ana Julia Guido que actúa como cómplice y corresponsable de las órdenes de la pareja presidencial, pretende seguir ocultando la responsabilidad de la dictadura en los daños causados en la salud de los presos políticos y de sus familiares, que también son víctimas de este régimen de crueldad.

La Fiscalía invoca incluso “razones humanitarias”, para justificar el cambio de régimen carcelario, pero si de verdad existiera algún respeto a la humanidad y la dignidad de los detenidos, lo primero que el régimen debería hacer es suspender ya el régimen de tortura en El Chipote que es la causa del deterioro de la salud de los presos.

El viernes en la noche Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Pallais, por primera vez pudieron dormir en sus hogares, con su dignidad intacta como seres humanos, después de haber padecido meses de cárcel, pero en El Chipote se mantiene el régimen de castigo y tortura contra sus compañeros de prisión, y otros 17 presos políticos de la tercera edad, que también padecen enfermedades crónicas, están sufriendo esas mismas penalidades.

De manera que los principios “humanitarios” que el régimen invoca, solo se pueden restablecer si Daniel Ortega aplica al menos tres medidas de emergencia para enfrentar esta grave crisis de derechos humanos: primero, la suspensión inmediata del régimen de tortura en la cárcel; segundo, el traslado de los 17 presos políticos de la tercera edad al régimen de arresto domiciliario; y tercero, ordenar a la Corte Suprema de Justicia para que en un plazo perentorio declare la nulidad de los juicios espurios para liberar a todos los reos de conciencia, preservando la vigencia de sus derechos políticos.

Ortega empezó a ceder, solamente después de la muerte de Hugo Torres, ante los gestos dramáticos y las denuncias de los familiares de los presos políticos, para evitar las muertes de Arturo Cruz, José Pallais y Francisco Aguirre en la cárcel, y ahora sus familiares tienen la oportunidad de salvar sus vidas, con un largo y doloroso proceso para restablecer su salud.

Pero para recuperar la libertad de los 177 presos políticos, se necesita mucha más presión nacional e internacional, y no solo de los familiares de los presos políticos, sino de todos los nicaragüenses, de la gran mayoría azul y blanco, de los jóvenes y estudiantes universitarios, de los gremios y las organizaciones de la sociedad civil, de los obispos de la Conferencia Episcopal --que representan el liderazgo moral del país--, de los empresarios grandes, medianos y pequeños, y también de los servidores públicos, civiles y militares.

Ortega y Murillo solo van a liberar a todos los rehenes, cuando la presión nacional e internacional, la resistencia cívica y las fisuras internas convertidas en grietas en los pilares represivos y económicos del régimen, los obliguen a dejar el poder y devolverle la libertad al país, para iniciar una nueva transición democrática.

Mientras aumenta la presión nacional e internacional para llegar a ese desenlace crítico, en la batalla cotidiana para recuperar gradualmente la libertad, la imborrable memoria de Hugo Torres, el guerrillero que rescató a decenas de presos políticos de las cárceles de Somoza en 1974 y 1978, es clave para relanzar esta cruzada nacional. Como el Cid Campeador, después de muerto, Hugo Torres seguirá rescatando, uno a uno, a los presos políticos de la dictadura Ortega Murillo.