Nicaragüenses desaprueban cancelación y confiscación de seis universidades

Un sondeo de opinión elaborado entre los lectores CONFIDENCIAL, a través de redes sociales, reveló que casi la totalidad de los nicaragüenses que accedieron a la consulta desaprueban la cancelación y confiscación de seis universidades privadas de Nicaragua. Además, la mayoría de los participantes opinan que son actos “incorrectos” e “ilegales”, que responden al interés del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de “eliminar la libertad de cátedra y el pensamiento crítico” en Nicaragua.

En la consulta participaron 360 personas: 99.17% contestó que no está de acuerdo con la cancelación de las universidades, y el 96.94% respondió que la intervención del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en las casas de estudios canceladas es “incorrecto e ilegal”.

Las universidades canceladas y confiscadas el 7 de febrero fueron: la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).

Ante la pregunta: “¿Cuál considera que es el motivo del Gobierno de Daniel Ortega para intervenir estas universidades?”, el 85.83% respondió “eliminar la libertad de cátedra y el pensamiento crítico”. Los participantes podían seleccionar más de una opción, y un 79.72%  contestó “venganza política por la protesta universitaria Abril de 2018”, un 60.83% dijo “crear una sistema de pensamiento único”, un 17.50% opinó “fortalecer el Estado con más recursos económicos” y solo el 0.28% cree que fue para “crear nuevas universidades estatales y mejorar la educación”. 

¿Qué opciones quedan ante cancelación de universidades?

Frente a este escenario negativo, CONFIDENCIAL preguntó “¿Qué opciones tienen los estudiantes afectados?”: 24.17% respondió “emigrar del país”, 21.94% contestó “continuar sus estudios bajo la administración estatal del CNU”, 21.11% cree que “cambiarse a otra universidad para seguir su carrera”, 14.44% dijo “estudiar en el extranjero”, 7.50% respondió “otras”, 5.83% señaló “buscar una beca en una universidad privada”, y el 5.00% opinó “no seguir estudiando”.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre los estudiantes de las seis universidades canceladas y confiscadas por el régimen, ya que las explicaciones del CNU no satisfacen todas sus expectativas. Únicamente se sabe que el ente rector nombró a los rectores de las tres nuevas universidades y que los estudiantes seguirán pagando aranceles mensuales, a pesar que ahora pertenecen a universidades públicas. 

Las respuestas anónimas del sondeo no representan una muestra con representatividad estadística y únicamente revelan una corriente de opinión predominante entre un grupo de lectores de esta publicación que se identificaron por  género, rango de edad y lugar de residencia actual. 

El 65.56% de quienes respondieron a la consulta son hombres, 33.61% mujeres, 0.28% se identificaron como no binarios y 0.56% prefirió no especificar su género. 

Un 20.28% de las personas que contestaron están entre los 55 y 64 años, seguido de un 20.00% que afirmaron tener entre 35 y 44 años, y en igual proporción personas mayores de 65 años. Otro 19.17% tienen entre 25 y 34 años. Un 14.44% dijo tener más de 45 y 54 años, y 6.11% detalló estar entre los 16 y 24 años. 

El 84.72% de quienes respondieron al sondeo residen en Nicaragua. La mayoría de ellos (56.39%) en el departamento de Managua, seguido de un 4.44% en León y un 3.33% en Carazo. El 15.28% afirmó estar viviendo fuera de Nicaragua.

Los argumentos del régimen orteguista

La versión del régimen es que las universidades fueron canceladas por ser “poco transparentes en la administración de los fondos”, ya que supuestamente el Ministerio de Gobernación (Migob) desconoce “la forma en que ejecutaron los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la personalidad jurídica”.

Tras la cancelación y confiscación de las seis universidades privadas, la Asamblea Nacional creó las estatales: Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica (UNT) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Con lo que intentó darle “una impresión de legalidad” a lo ocurrido, que “no es más que una confiscación” y que está prohibida por la Constitución Política, explicó entonces la abogada Martha Patricia Molina.

También la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), la red universitaria más grande y antigua de la región, denunció este miércoles que la cancelación y posterior confiscación de las universidades en Nicaragua “no se apegó al debido proceso” y que representa una violación de la autonomía universitaria y la Constitución Política del país.