17 de febrero 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo "deberán rendir cuentas ante la comunidad internacional" sobre la muerte del preso político Hugo Torres, fallecido bajo custodia del Estado la noche del viernes pasado, afirma la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño. "El Estado es el garante de la vida, de la integridad de las personas que están bajo su custodia", asegura.
Nicaragua es signataria de la Convención Americana, y la Convención Interamericana contra la tortura, que la obliga a responder frente a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y ante la demanda de una investigación independiente sobre la muerte de Torres, la relatora para Nicaragua de la CIDH estima que el organismo interamericano podría trabajar en conjunto con la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, para ofrecer al Estado sus herramientas para esclarecer los hechos, aunque la negativa del Estado es predecible.
En entrevista con Esta Noche, la jurista panameña exhortó al régimen de Daniel Ortega hacer una revisión exhaustiva inmediata de todas las personas presas políticas de la tercera edad recluidas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como "El Chipote", para que garantice sus derechos a la salud y cesar las condiciones degradantes a las que están sometidas.
Y sobre los juicios políticos que se desarrollan a puertas cerradas en El Chipote, evalúa que no existen precedentes en América Latina donde se hayan violado tantas garantías judiciales y al debido proceso. "El propio escenario donde se están desarrollando esos procesos ya implica, de por sí, una violación. Solo en las dictaduras de nuestra América pasan esas cosas con los juicios".
"Es importante que los Estados de la región miren a Nicaragua y tomar un papel protagónico para buscar el retorno real a una vida de libertad y democrática", advierte.
¿Qué evaluación tiene la CIDH sobre los presos políticos en Nicaragua y sus juicios en la cárcel del Chipote?
Preocupación por la situación de crisis, crisis que no solo se traduce en una de orden político, sino también una crisis de derechos humanos.
La situación de los presos políticos es una situación de violación de derechos en materia de justicia, una justicia sin el debido proceso y sin el cumplimiento de las garantías judiciales que, para un país como Nicaragua, que conozco, que tiene sus normas constitucionales en las que se consagran estas garantías, no solo es la violación de un derecho internacional, de la Convención Americana sino de las propias normas del país.
El preso político Hugo Torres falleció la noche del viernes en un hospital capitalino bajo custodia de la policía, después de permanecer ocho meses preso y dos meses desaparecido, presuntamente hospitalizado. ¿Qué implicaciones tiene su muerte bajo la custodia del Estado?
Internacionalmente, en ese compromiso que tiene Nicaragua, al ser signatario de, no solo de la Convención Americana, sino la Convención Interamericana contra la tortura, los malos tratos, el Estado se convierte no solo a la obligación de atender, es el garante de la vida, de la integridad de las personas que están bajo su custodia. Y permíteme también mandar un saludo de condolencias a sus familiares.
Esa obligación que asumió el país como garante de la vida y la integridad de las personas que están detenidos tiene una consecuencia, y hoy precisamente, frente a los hechos, que Nicaragua tendrá que rendir cuentas a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, porque tenemos esa información de que estuvo incomunicado, que no se sabía de él, que sus familiares, sus representantes no tenían este acceso, y que el resultado es esta triste noticia.
Y aprovecho para hacer también una exigencia al Gobierno nicaragüense. En materia de derechos humanos, el derecho penal hace un reconocimiento de lo que implica la detención, la cárcel como sanción: la detención como medida provisional, pero la cárcel como sanción para las personas adultas mayores tiene sus excepciones, y esto está calificado como principio del derecho penal. Y por eso urgimos al Estado nicaragüense que haga una revisión exhaustiva inmediata de todas las personas que están en estas condiciones, que además sabemos que las condiciones de las cárceles donde están detenidos, no tienen las condiciones mínimas, esto es violatorio de estas convenciones, de trato inhumano, degradante, y que debe resolver.
Los miembros de UNAMOS, el partido de Hugo Torres, demandan una investigación independiente sobre su muerte, con la CIDH, y también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Puede la CIDH investigar?
Nosotros hemos creado algunos mecanismos especiales, precisamente, frente a ante situaciones de gravedad, de crisis en materia de las investigaciones, pero lo hemos hecho siempre con el visto bueno del Estado, y nosotros sabemos que Nicaragua no nos va a dar el visto bueno para un grupo de expertos independientes, que tuvimos la oportunidad en 2018 con nuestro GIEI Nicaragua. Pero creo que hay una responsabilidad compartida con los organismos de Naciones Unidas y creo que podríamos hacer un trabajo de conjunto para pedirle a Nicaragua, precisamente, y ofrecerle, desde nuestros trabajos, herramientas, una coadyuvancia en una investigación independiente, imparcial, pronta, para que estos hechos sean investigados con la celeridad y la imparcialidad que se requiere, y como demandan efectivamente los familiares, los seguidores de este colectivo, y el propio pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional.
También es importante que los Estados de la región miren a Nicaragua con la problemática que tiene para buscar la construcción de una salida democrática, para que, este caso y el retorno real a una vida de libertad, democrática, con una institucionalidad sólida, la comunidad internacional tomar un papel protagónico para esto.
Hugo torres, al igual que otros reos de conciencia, eran beneficiarios de medidas provisionales de la Corte IDH, que demandó al régimen su liberación inmediata, pero el Gobierno desacató. ¿Qué puede hacer la Corte IDH ante el incumplimiento del Gobierno de Ortega?
Es esta denuncia a nivel internacional que colocamos a Nicaragua como responsable internacionalmente de la violación de las normas convencionales en la que está obligado por ser parte de estos organismos, hacer esta denuncia pública ante los órganos de los Estados, los países tienen que asumir esta posición de exigencia de respuesta.
Estamos preparando, desde la Comisión Interamericana, todo un material de recopilación de datos, de testimonios, de pruebas, para ir preparando ese momento de transición que debe darse, y esperamos que sea pronto, para verdad, justicia y memoria de estos hechos, y que esto tenga una responsabilidad, precisamente, para el Gobierno de Nicaragua y para los actores principales.
Aquí la calificación de delitos de lesa humanidad, de violaciones de los derechos por tortura, por crímenes de lesa humanidad, será una historia que hay que construir para en algún momento de esta historia, tener verdad, memoria, justicia y reparación.
Mientras tanto, en las celdas del Chipote continúan desarrollándose juicios a puertas cerradas. ¿Existe algún precedente en América Latina de este tipo de juicios que se celebran en las cárceles de Managua?
No hay precedente. Por eso para mí el tema de la justicia es tan importante. Hay una concentración de poder desde el Ejecutivo, pero el órgano judicial tiene su poder, de que tiene que actuar con una línea, no solo de independencia, sino de esta conciencia de lo que implica constitucionalmente ser miembro de un órgano de justicia.
Yo fui magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, y realmente cuando la garantía inicial es que los procesados tengan la certeza de un juicio justo, público., si es la palabra audiencia es precisamente para que sea público, para que no sea a puertas cerradas. Todas esas son violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. ¿Quién está haciendo esas violaciones? El sistema judicial; el Ministerio Público. Porque si hay que hacer un juicio, el juicio tiene precisamente la garantía de desarrollarlo con un debido proceso.
Entonces, ¿el Chipote qué es? No es un sistema de justicia. Entonces, el propio escenario donde se están desarrollando esos procesos ya implica, de por sí, una violación a esa condición de juez natural, imparcial, y una audiencia abierta, con facilidades para los representantes de las personas que están detenidas. Y lo que tenemos como información es que, a veces ni la posibilidad de los familiares. El quitarle herramientas de trabajo a los propios abogados; es un conjunto de violaciones que…, no nos cabe otra que seguir denunciando esto, seguir llamando a Nicaragua a una respuesta democrática; y solo en las dictaduras de nuestra América han pasado esas cosas con los juicios.
Las pruebas que presenta la Fiscalía en contra de los presos políticos son opiniones, entrevistas a medios de comunicación, retuits, y los testigos son policías que en algunos casos están encubiertos. ¿Cómo evalúa la CIDH el papel de la Fiscalía y la justicia nicaragüense en estos casos?
Cuando se suspendieron los procesos, la argumentación que se utilizó no tiene fundamento jurídico. El retomar, entonces, los procesos para hacer este desarrollo de estos juicios, en la forma como se está haciendo, todavía es un poquito peor las circunstancias de violación de derechos que se están dando.
El tema del derecho penal para el investigador, que es el Ministerio Público, los fiscales, tienen también sus líneas de investigación que deben estar debidamente sustentadas con un material probatorio, que será el juez efectivamente, el que califica, pero ese investigador no puede presentarse con un material probatorio que sabe que no tiene consistencia.
Cuando yo leía parte de un texto del delito por el cual son sometidos a juicio - cometer menoscabo a la integridad nacional-, el derecho penal le llama, un derecho penal en blanco, ahí no hay tipo. ¿Por qué? Porque tiene esa apertura de que todos puede meterse en esa expresión. Y el derecho penal no acepta eso, el tipo penal tiene que ser debidamente identificado, precisamente para adecuar la conducta, y decimos una conducta típica porque encaja en el tipo… pero el propio tipo penal que se está dando es un tipo penal en blanco, y eso la justicia no debe permitirlo.
¿Existe algún instrumento internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la ONU para apelar y ayudar a la liberación de los presos y presas políticas?
La justicia interna tiene que tener una respuesta para que la justicia internacional o los organismos internacionales intervengamos. Entonces, con cada posición que asume el Estado, le corresponde a la Corte Interamericana, con las medidas provisionales que tienen una fuerza de coacción más que la medida cautelar que dicta la propia Comisión.
Lo que nos toca es insistir en la denuncia, insistir en la comunicación con el Estado nicaragüense para que dé una respuesta.
¿Y qué puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contribuir a lograr la liberación de los presos y presas políticas, y el cese de las violaciones a los derechos humanos?
Este monitoreo constante, estar en esta denuncia permanente, de que no podemos voltear la mirada y quedarnos sin hacer nada; estamos en coordinación con muchas organizaciones de la sociedad civil; estamos programando estrategias de diálogos con los países que pensamos que se puede hacer un trabajo de coordinación; tenemos un informe de país que vamos a presentar el próximo mes de marzo a la OEA, en el que hemos podido recoger toda esta situación.
Y lo que corresponde es mantenernos presentes, convocar al dialogo. Las respuestas no podemos medirlas en posiciones ideológicas, por eso hablamos de derechos humanos, del respeto a la dignidad del otro, a la libertad, a la posibilidad de expresarse, así es lo que todos y todas queremos, Nicaragua también se lo merece.
