Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, promotor de una comisión de “mediación internacional”, se declara “culpable de promover la democracia”, y rechaza las imputaciones de supuestos delitos contra el Estado de Nicaragua.
Este martes 15 de febrero, en la cárcel del Chipote, se llevará a cabo un juicio masivo contra siete presos políticos: los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, y Arturo Cruz, que están siendo acusados por el supuesto delito de “conspiración” junto a Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais y José Adán Aguerri. Otro de los acusados en ausencia, en esta misma causa judicial, es el politólogo Manuel Orozco.
“La causa es totalmente política, no hay una base jurídica o legal en las acusaciones, porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado”, dijo Orozco en una entrevista en el programa Esta Semana.
¿Cómo evalúas la reacción que se ha producido entre los países de la OEA, la comunidad internacional después de la muerte del preso político, Hugo Torres, después de permanecer ocho meses en la cárcel del Chipote?
Hay mucha indignación, el subsecretario de Estados Unidos para América Latina, Brian A. Nichols, manifestó su pésame y también su descontento sobre la situación en que se encuentran los prisioneros de conciencia, especialmente, aquellos de la tercera edad. El secretario general de la OEA, -Luis- Almagro, también expresó un sentimiento similar, exigiendo la libertad de todos los presos de conciencia. Otros países; Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, entre otros, están explorando alternativas, Canadá también, así como organismos internacionales de derechos humanos, están bastante consternados y con mucha indignación de lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Pero en las últimas semanas se percibe una suerte de parálisis o inacción en la Organización de Estados Americanos. Pareciera que Ortega no se siente presionado por estas declaraciones políticas y más bien, ha seguido adelante con su radicalización, las condenas a los presos políticos en la cárcel, y la confiscación de las universidades. ¿Puede tener la comunidad internacional alguna incidencia en esta crisis?
La comunidad tiene incidencia y están explorando una segunda fase de presiones, ya frente a un Gobierno ilegítimo y están analizando, por ejemplo, la suspensión de Nicaragua de la OEA así como también, diferentes tipos de sanciones contra el régimen y otras formas de presión. El gran problema es que el régimen está ejecutando el ejercicio de un “despotismo barbárico”, una forma que es desproporcionada a cualquier tipo de movilización internacional que no incluya el uso de la fuerza y la violencia.
Hay una relación asimétrica entre la presión internacional y lo que está haciendo el régimen y eso es lo que pone en jaque a muchos Estados, especialmente, los del Sistema Interamericano. Hay una especie de desmoralización entre los Estados miembros de la OEA de cómo proceder ante la ausencia de formas de presión mucho más fuertes, más allá de la suspensión de la cooperación externa, del financiamiento externo, de las sanciones así como del aislamiento internacional. Algunos países sí quieren suspender a Nicaragua y otros piensan que esa suspensión puede crear una mayor radicalización del país. Yo creo que en gran parte, la comunidad internacional necesitará conocer más a fondo la dimensión de este “despotismo barbárico”.
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