“Somos culpables de promover la democracia”, el juicio contra los siete es otro acto de “despotismo”

Mañana martes, en la cárcel del Chipote, se llevará a cabo un juicio masivo contra siete presos políticos: los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, y Arturo Cruz, que están siendo acusados por el supuesto delito de “conspiración” junto a Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais y José Adán Aguerri.

Otro de los acusados en ausencia, en esta misma causa judicial, es el politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, promotor de una comisión de “mediación internacional”  quien se declara “culpable de promover la democracia”, y rechaza las imputaciones de supuestos delitos contra el Estado de Nicaragua.

“La causa es totalmente política, no hay una base jurídica o legal en las acusaciones, porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado”, dijo Orozco en una entrevista en el programa Esta Semana.

¿Cómo evalúas la reacción que se ha  producido entre los países de la OEA, la comunidad internacional después de la muerte del preso político, Hugo Torres, después de permanecer ocho meses en la cárcel del Chipote? 

Hay mucha indignación, el subsecretario de Estados Unidos para América Latina, Brian A. Nichols, manifestó su pésame y también su descontento sobre la situación en que se encuentran los prisioneros de conciencia, especialmente, aquellos de la tercera edad. El secretario general de la OEA, -Luis- Almagro, también expresó un sentimiento similar, exigiendo la libertad de todos los presos de conciencia. Otros países; Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, entre otros, están explorando alternativas, Canadá también, así como organismos internacionales de derechos humanos, están bastante consternados y con mucha indignación de lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Hugo Torres Jiménez, preso político del régimen Ortega Murillo, cuyo fallecimiento en cautiverio fue confirmado por sus familiares este fin de semana. Foto: Cortesía

Pero en las últimas semanas se percibe una suerte de parálisis o inacción  en la Organización de Estados Americanos. Pareciera que Ortega no se siente presionado por estas declaraciones políticas y más bien, ha seguido adelante con su radicalización, las condenas a los presos políticos en la cárcel, y la confiscación de las universidades. ¿Puede tener la comunidad internacional alguna incidencia en esta crisis? 

La comunidad tiene incidencia y están explorando una segunda fase de presiones, ya frente a un Gobierno ilegítimo y están analizando, por ejemplo, la suspensión de Nicaragua de la OEA así como también, diferentes tipos de sanciones contra el régimen y otras formas de presión. El gran problema es que el régimen está ejecutando el ejercicio de un “despotismo barbárico'', una forma que es desproporcionada a cualquier tipo de movilización internacional que no incluya el uso de la fuerza y la violencia. 

Hay una relación asimétrica entre la presión internacional y lo que está haciendo el régimen y eso es lo que pone en jaque a muchos Estados, especialmente, los del Sistema Interamericano. Hay una especie de desmoralización entre los Estados miembros de la OEA de cómo proceder ante la ausencia de formas de presión mucho más fuertes, más allá de la suspensión de la cooperación externa, del financiamiento externo, de las sanciones así como del aislamiento internacional. Algunos países sí quieren suspender a Nicaragua y otros piensan que esa suspensión puede crear una mayor radicalización del país. Yo creo que en gran parte, la comunidad internacional necesitará conocer más a fondo la dimensión  de este “despotismo barbárico”. 

La demanda de liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios, ¿Qué lugar ocupa en esta agenda de la comunidad internacional que al mismo tiempo está lidiando con otras crisis? Por ejemplo, Estados Unidos está concentrado en la crisis de Ucrania. 

La liberación de los presos y la anulación de los juicios son la prioridad número uno de política exterior de prácticamente todos los países que están involucrados en la situación que ocurre en Nicaragua, Chile, Estados Unidos, Canadá, así como otros países de Centroamérica y de la Unión Europea todos tienen como punto principal las implicaciones de tener encarcelados a todos los prisioneros de conciencia; eso es fundamental y Nicaragua, en la forma como se está radicalizando está subiendo su posición en relación con los países de más conflictos en el mundo así que, de alguna manera, aunque Rusia y el conflicto con Ucrania está cautivando la noticia en todo el mundo, Nicaragua no se está quedando atrás, precisamente, por los desmanes que está haciendo Ortega e incluso, esa alianza que hizo con Rusia lo que hizo fue restarle mucho más puntos de los que había perdido. 

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Este lunes será enjuiciado en la cárcel, el banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo Promerica, es el primer dirigente del sector privado que es acusado por la presunta conspiración, ¿Cuál es el trasfondo del encarcelamiento de Luis Rivas y esta acusación? 

El encarcelamiento de Luis Rivas  desafía la lógica dentro del contexto político porque es un ciudadano, que no ha estado involucrado directamente en la política del país, en financiamiento de partidos o en participación política, ni es candidato.

Él es uno de los ejecutivos más importantes del sector privado nicaragüense, es uno de los economistas más notables de Centroamérica, que ha tenido un impacto en el desarrollo económico de Nicaragua muy importante, es el presidente ejecutivo del Grupo Promerica que opera en nueve países de América Latina y el Caribe. 

Su “pecado”, la razón de estar en la cárcel es porque es el ejecutivo principal que tiene un vínculo directo con el gran capital, con Ramiro Ortiz, con Carlos Pellas, entre otras personas y eso constituye una ficha de extorsión económica y política de parte de Rosario Murillo, en particular, que es la persona que ha sido la interlocutora entre el régimen y el gran capital hasta abril de 2018. Su encarcelamiento ocupa un lugar dentro de la esfera de la destrucción económica y política del país.

Luis Rivas, presidente del Grupo Promerica y ahora preso político de la dictadura. Foto/ Confidencial

Estás diciendo que al criminalizar a Luis Rivas, el régimen está enviando un mensaje al sector privado, a los grandes empresarios, ¿Hay una respuesta de solidaridad frente a este caso?

Luis Rivas es una muestra representativa del encarcelamiento de todos los sectores de la sociedad nicaragüense, desde la gente de la calle hasta el gran capital y el mensaje  dice: aquí nosotros vamos a dictar los términos de referencia de cómo se va a administrar la política y la economía en Nicaragua, y si no, nosotros te encarcelamos, te intimidamos, te extorsionamos, te aumentamos los impuestos, que es lo que han venido haciendo. El gran capital está asustado, como todos los nicaragüenses, su libertad de expresión está subordinada a una ley -un delito- que se llama de menoscabo del Estado, así están todos los demás. Es realmente el chantaje más extraordinario que se ha visto en la historia de Nicaragua. 

El martes se lleva a cabo otra audiencia masiva contra siete presos políticos: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais, José Adán Aguerri, y la Fiscalía te atribuye a vos, ser el coordinador de una presunta conspiración, contra la integridad territorial, ¿cuál es tu reacción ante esa acusación y este juicio? 

Uno es culpable realmente de promover la democracia. Este paquete de acusaciones gira en torno a una comisión que creamos dentro del Diálogo Interamericano en 2018, de mediación y políticas sobre la crisis nicaragüense. Esa comisión de mediación era para trabajar de vínculo internacional con una serie de actores internacionales, predominantemente, los Estados miembros de la OEA, con el propósito único de promover la mediación del conflicto político.

La mediación no es ninguna forma de injerencia extranjera, tampoco es una amenaza al Estado nicaragüense, es todo lo contrario y sin embargo con base en esas conversaciones que se realizaron se levantó la acusación, y se hace uso de la Ley de “Menoscabo” -delito- del  Estado. 

Esa ley tiene su punto fundamental en el artículo uno de la Constitución y el artículo dos que hablan del derecho a la soberanía que reside en el pueblo, pero ese mismo artículo lo que dice es que es un derecho democrático que ejercen todos los ciudadanos para promover el desarrollo de su país. No hay ningún fundamento, es un caso que no tiene sentido, pero que forma parte de  la estrategia de este “despotismo barbárico”, que están ejecutando el orteguismo y Rosario Murillo en Nicaragua. 

No se conoce qué es lo que va a presentar la Fiscalía como testigos en este caso, pero si por la víspera se saca el día lo que hemos visto en otros casos son policías, son mensajes de WhatsApp, son publicaciones en medios de comunicación internacionales. ¿Hay algún fundamento, alguna prueba que pueda la Fiscalía presentar contra estos siete presos políticos? 

No hay pruebas de que hay menoscabo al Estado porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado. Yo soy el administrador de todo el material; de hecho, está accesible en Internet porque es abierto al público. Y en ningún momento se habla de un intento de derrocar un Estado, ni nada de eso, simplemente, el Gobierno quiere fabricar la idea de que hubo un intento de golpe de Estado, esa idea ha sido totalmente destruida, sin embargo, habrá testigos, que son los policías que leyeron los textos cuando confiscaron los teléfonos y van a decir que de acuerdo a lo que ellos están interpretando, hay causa penal, pero la realidad es que la ley por la que se está acusando a todos esos colegas no tiene tipificación de delito, el artículo con el que está vinculada con la Constitución contradice prácticamente lo que sería el menoscabo del Estado. La causa realmente es totalmente política, no hay una base jurídica o legal en referencia con las acusaciones. 

En las últimas semanas han estallado en el país diferentes escándalos sobre corrupción pública, con involucramiento en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de alcaldes, del director General de Aduanas de Managua y una serie de denuncias sobre estos temas, ¿Qué impacto tiene la corrupción en los planes de Ortega de consolidar el control del Estado? 

Estos casos de corrupción que se están visibilizando son una consecuencia de los excesos del poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una estrategia con tres componentes: el uso de la fuerza, la criminalización de la democracia y el populismo económico; dentro del populismo económico está el clientelismo, los favores económicos, la corrupción, que fundamentalmente se reducen en formas de extorsión económica como aparecen muchos casos observados en lo que hace tributación contra los empresarios. El clientelismo económico es la forma en cómo le están premiando con puestos a allegados al orteguismo con las universidades confiscadas. Entonces, el abuso de autoridades del Estado llega a límites que son intolerables incluso dentro de la base del círculo de poder.

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Más y más, en la medida que vos sigas excediendo tu autoritarismo, pues estas cosas van a irse reluciendo así como va ir reluciendo también al interior del Ejército, el cual ha estado silencioso por la muerte de Hugo Torres, pero hay mucho descontento e incluso insatisfacción sobre lo que está pasando.

¿Hay una estrategia de mediano plazo en la oposición, en Nicaragua, en el exilio, en la comunidad internacional para enfrentar la consolidación de esta dictadura? 

Sí, hay una visión en este momento que está tratando de crear un sistema coordinado de acción, y tiene básicamente dos objetivos; una es la liberación de los presos y segundo, tal vez  tan importante como el primero, es rescatar la moral del nicaragüense. Los nicaragüenses se encuentran desmoralizados, completamente desamparados, sienten que este régimen los tiene básicamente con la bota sobre la cabeza. 

 La comunidad internacional está tratando de montar diferentes estrategias, no solamente el aislamiento internacional, el congelamiento de la cooperación y el endeudamiento externo. Pero también acciones contra la censura y la desinformación por eso los casos de corrupción se están visibilizando aún más, porque la disidencia dentro del régimen está empezando a sacar los pañales al sol, del nivel de podredumbre en la que se encuentra este régimen. 

Todo esto es consistente con una estrategia de promoción de la democracia, y los nicaragüenses van recuperando una moral, predominantemente, el sentido de dignidad. A los nicaragüenses se les ha insultado al vivir en un régimen que no quieren apoyar, pero no tienen de otra porque es el país donde viven.