12 de febrero 2022
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La bancada oficialista, a través del diputado Filiberto Rodríguez, solicitó a la presidencia del Parlamento la cancelación de seis nuevas organizaciones sin fines de lucro o oenegés, más de una semana después de la intervención y confiscación de bienes de seis universidades.
Citando un informe de la responsable de la dirección de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, en que la funcionaria adujo que se han incumplido obligaciones, Rodríguez pidió la cancelación de la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Asociación PEN Internacional/Nicaragua.
Las otras organizaciones afectadas son Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz (Fundemuni); Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras). De concretarse la iniciativa, se elevaría la lista de organismos, fundaciones y personerías jurídicas canceladas a 83 desde 2018.
Según el informe del Migob, estas organizaciones no han reportado sus informes financieros conforme los periodos fiscales y con los desgloses detallados, no promovieron políticas de transparencias en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acordes o no con los fines para las que fueron creadas. Señalan además que sus juntas directivas tienen los plazos vencidos; se encuentran "acéfalas".
Dichas faltas son violatorias, según Blandón, responsable del departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin fines de lucro, de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y el reglamento de la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas.
El Movimiento María Elena Cuadra nació en mayo de 1994. Se define como un movimiento de mujeres autónomo, amplio, pluralista, sin fines de lucro que impulsa y vela por la incorporación y participación plena, en condiciones de igualdad, de las mujeres en la sociedad nicaragüense, según su página web. Sandra Ramos, una de sus fundadoras y crítica del Régimen, participó en el segundo intento de diálogo nacional entre la oposición y la dictadura en 2019.
Ramos también salió al frente de la oenegé en septiembre de 2020, cuando la Policía orteguista mantuvo tomada por cuatro horas el inmueble. “Fue una arbitrariedad”, denunció Ramos en esa ocasión.
Mientras que ANPDH es una organización defensora de derechos humanos. Su rol durante el estallido social de abril de 2018 y la posterior matanza desatada por el régimen orteguista, le valió amenazas y criminalización por simpatizantes del Gobierno.
Su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva, participó en varios intercambios de presos políticos con policías durante los días más álgidos de las protestas en Masaya. Las amenazas, tras su labor humanitaria, causaron su posterior exilio en Costa Rica.
La ANPDH anunció el cierre de sus oficinas centrales en agosto de 2018, “tras haber recibido información alarmante” sobre prácticas ilegales de “persecución judicial y criminalización sin fundamento legal”. Aseguraron continuar recibiendo denuncias de violaciones a derechos humanos a través de medios electrónicos.
A principios de febrero, la Asamblea Nacional canceló de un solo plumazo 16 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que en 2018 fue tomada por estudiantes que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega y se convirtió en un bastión de la lucha cívica contra el régimen.
