11 de febrero 2022
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La presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, nombró este 10 de febrero a las nuevas autoridades de las seis universidades privadas que fueron confiscadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para tales funciones designó a trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), leales a Rodríguez y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El artículo 20 de la Ley 89 o de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, establece que el rector y el vicerrector de las universidades deben ser electos por un Consejo Electoral conformado por los consejos de facultad de las diversas facultades. Sin embargo, los nombramientos no se apegaron a esta normativa y se sujetaron en un trío de leyes aprobadas la semana pasada por la Asamblea Nacional.
Al frente de la Universidad Nacional Politécnica (UPN), antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), estarán: la doctora Lilliam Lezama Gaitán, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como directora del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES), de la UNAN-Managua; el profesor Henry Antonio Balmaceda Zamora, como vicerrector general; y la maestra María Alejandra Martínez, como secretaria general.
Balmaceda y Martínez también laboraban para la UNAN-Managua, el primero como responsable del departamento de Evaluación Institucional de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional (DGCI), y la segunda como coordinadora del programa Universidad Saludable.
En el caso de la nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, a través de la que fueron estatizadas la Universidad Paulo Freire (UPF), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh); será dirigida por Johana Elena Tórrez como rectora; el vicerrector será José Ramón Velázquez; y la secretaria general, Luz Marina Ortiz.
Las tres nuevos dirigentes proceden también de la UNAN-Managua. Tórrez se desempeñaba como directora de Posgrado y Educación Continua; Velásquez fue miembro de la Dirección de Investigación; y Ortiz trabajaba como secretaria académica.
En la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, antes Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), el CNU juramentó a: Juan Carlos Benavides Fuentes, como rector; Nohemí del Carmen Obregón, como vicerrectora; y José Elías Álvarez, secretario general.
Antes de ser nombrado rector, Benavides Fuentes se desempeñaba como director del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la FAREM-Estelí y la vicerrectora Obregón era ejecutiva de la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional (DGCI), ambos de la UNAN-Managua. Mientras que el secretario general, Álvarez se mantuvo en el cargo que desempeñaba desde antes que la Ucatse fuera cancelada.
La confiscación de universidades
Para cancelar las seis universidades, el régimen argumentó supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Pero, cinco días después, confiscó todos los bienes de esas casas de estudios, a pesar que la confiscación está prohibida por la Constitución Política de Nicaragua.
La estatización afectó a más de 18 000 estudiantes en varios departamentos del país, según una estimación realizada por CONFIDENCIAL —a partir de reportes periodísticos y declaraciones de funcionarios de esas casas de estudios— debido a que no existe un registro oficial y público de matrícula de las seis universidades confiscadas.
Estudiantes, académicos y expertos en leyes han criticado la forma “ilegal” y “arbitraria” con la que el régimen confiscó las universidades. Situación que —además— generó mucha incertidumbre, miedo y ansiedad entre la comunidad estudiantil.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) dijo que el Estado “busca” el “control político” de las universidades, y advirtió de “graves consecuencias” para la calidad de la educación.
Especialistas en leyes, como la abogada María Asunción Moreno, han señalado de ilegal la nacionalización, porque la Constitución de Nicaragua defiende la autonomía de las universidades, cuyas propiedades “no pueden ser objeto de intervención ni expropiación”.
Además el rector de la extinta UFP, Adrián Meza, afirmó, desde el exilio, que antes de que su universidad fuera cancelada el Ministerio de Gobernación se negó a recibir sus estados financieros en varias ocasiones.
