10 de febrero 2022
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El objetivo del régimen de Daniel Ortega, con la confiscación inconstitucional y arbitraria de seis universidades privadas de Nicaragua, es imponer un control partidario en las instituciones de educación superior, arriesgando el futuro del país, advierten miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y académicos nicaragüenses.
El rector de la cancelada Universidad Pablo Freire (UPF), Adrián Meza, reconoce que la calidad de la educación en Nicaragua "está en crisis desde hace unos años". Sin embargo, asegura que con la confiscación de las universidades privadas esta situación "se profundiza", porque los criterios con que conduce el sistema educativo "no son criterios académicos, no son criterios educativos, sino que son criterios de sujeción política".
Con la estatización "se pretende hacer de la universidad una plataforma de apoyo a un modelo político que está en contra de la sociedad, un modelo político de partido hegemónico que lo controla todo", advirtió Meza durante un foro virtual organizado por la CUDJ. Tal situación "deja prácticamente a la universidad en Nicaragua convertida en una caricatura", comparó.
El exrector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, valoró que la educación superior en Nicaragua atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia, ya que todo el sistema está "en manos de gente que no tiene la capacitación técnica, ni tiene la experiencia y menos la visión" para buscar soluciones a los problemas que agobian a la sociedad.
"En este momento quienes tenemos al frente, de los diferentes niveles, de la educación son comisarios políticos, agentes políticos. Personas que se ocupan únicamente de velar porque en todas las etapas del sistema (educativo) la gente solo obedezca las órdenes de los personeros del Gobierno", señaló Medina.
"Un acto ilegal y arbitrario"
A través de un comunicado, leído por Yaritza Mairena, los miembros de la CUDJ también denunciaron que "la criminalización y el control político que ejercen (los operadores del régimen) en las universidades públicas de Nicaragua constituyen un acto ilegal y arbitrario", por lo que "le recordamos al Estado de Nicaragua que el acceso a la educación es un derecho humano" establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"Todas las acciones emprendidas por el Estado nicaragüense, liderado por el régimen Ortega-Murillo, pretenden anular la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, erradicar cualquier pensamiento crítico, por lo que instamos a la comunidad educativa nacional e internacional a ser solidarios y seguir defendiendo la libertad académica, la autonomía universitaria, los derechos humanos y la democracia", leyó Mairena.
Para el catedrático Alberto Cortés, de la Universidad de Costa Rica (UCR), "cuando un Estado se ensaña con la libertad de pensamiento se hace evidente que es un régimen autoritario, que no tolera la crítica, la oposición, el cuestionamiento libre de su sociedad" y la confiscación de las universidades no es más que "un intento por aplastar" cualquier tipo de movilización social.
Lo sucedido en Nicaragua "no es una lucha que busca desprivatizar el acceso a la educación superior, sino que están tratando de cercenar la posibilidad de que haya un ejercicio de la docencia, de la educación y de la acción social que pueda generar pensamiento crítico, tienen temor al movimiento estudiantil, que es un catalizador de transformaciones sociales", subrayó Cortés.
Incertidumbre entre los estudiantes
Las universidades canceladas y confiscadas cinco días después fueron: la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh), Asociación Popular de Nicaragua (Uponic) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF). Dos meses antes había sucedido lo mismo la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
La confiscación de bienes está prohibida por la Constitución Política de Nicaragua, pero —en un afán de aparentar legalidad— la Asamblea Nacional creó las estatales: Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica (UNT) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés a través de las cuales traspasan al Estado los bienes de las universidades canceladas.
A los estudiantes de las seis universidades confiscadas ninguna autoridad académica les ha explicado claramente qué pasará con su futuro. Sentimientos como incertidumbre, angustia y frustración los embargan desde el 2 de febrero, cuando fueron canceladas sus casas de estudios y con el pasar de los días han ido acumulando preguntas que hasta el momento nadie sabe responder. Tampoco los estudiantes de la Uhispam, cancelada dos meses antes, tienen claridad sobre los cambios impuestos.
En Nicaragua no existe un registro oficial de matrícula de las seis universidades confiscadas, pero una estimación realizada por CONFIDENCIAL —a partir de reportes periodísticos y declaraciones de funcionarios de esas casas de estudios— indica que son más de 18 000 estudiantes afectados en varios departamentos del país.
Los datos reunidos señalan que la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) albergaba 8500 estudiantes, seguida de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) con 3200, la Universidad Pablo Freire (UPF) con 1200 y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) también con 1200. Mientras, la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), cancelada en diciembre, contaba con 3980. De la Universidad Popular Nicaragüense (Uponic) no se tienen registros, aunque algunos reportan 2000 estudiantes, con lo que el número de estudiantes afectados podría elevarse hasta 20 000.
