9 de febrero 2022
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El periodista y cronista deportivo, Miguel Mendoza y el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, fueron declarados culpables, acusados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" por la justicia alineada al Frente Sandinista, en un juicio político realizado este martes 8 de febrero, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como "El Chipote".
La Fiscalía pidió la pena de nueve años para Mendoza y la inhabilitación a cargos públicos. Mientras su defensa apeló a cinco años; la sentencia será leída el 16 de febrero. En el caso de Aguirre Sacasa, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión, cuyo veredicto final se conocerá el 18 de febrero.
Miguel Mendoza conversó solo dos minutos con su abogado
Mendoza, al igual que varios de los ocho reos políticos que han sido juzgados en "El Chipote", llegó a su audiencia sin saber que sería enjuiciado, confirmó su abogado Mynor Curtis, quien solamente logró hablar con su defendido por unos dos minutos durante el juicio, el resto del tiempo, le fue prohibido.
Al abogado tampoco le permitieron ingresar su computadora y le quitaron su celular. Él se quejó por la medida, ya que en su ordenador tenía notas y el cuerpo de leyes que podría citar en el juicio, pero el juez respondió que "no podía hacer nada", mientras que la Fiscalía si contó con los equipos tecnológicos necesarios. “Estábamos en desigualdad de armas”, denunció el abogado.
La Fiscalía recurrió, como lo ha hecho en juicios anteriores, a policías que sirvieron de testigos. Uno de los siete oficiales dijo que había participado en el arresto de Mendoza, otro aseguró que había realizado un acta de detención, un tercero mencionó que allanó la casa del periodista y que encontró algunos aparatos electrónicos; es decir, "trabajos que no demuestran la comisión del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", aclaró el abogado Curtis.
También incluyeron como parte de las pruebas contra Mendoza, unos treinta tweets y un par de publicaciones de Facebook, en las que el cronista deportivo ejercía su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el perito en informática que presentó los tweets, aseguró que las publicaciones del periodista "causaban zozobra", narró Curtis, quien apelara al fallo judicial.
La familia del periodista rechazó el fallo de culpabilidad y aseguró, en una conferencia de prensa transmitida en vivo, que Mendoza únicamente expresó sus puntos de vista a través de sus redes sociales, cobijado por el principio de libertad de expresión y libertad de prensa, contenido en la Constitución Política de Nicaragua. “Miguel no es un delincuente, es un periodista", expresó su familia.
El abogado aseguró que Mendoza reveló que desde su detención, el 21 de junio de 2021, ha permanecido en una celda de castigo. El bloguero, también señaló que es "un profesional del periodismo, un cronista deportivo con más de 30 años de experiencia y que en todo momento se siente orgulloso de ser periodista independiente por estar del lado de la defensa del pueblo nicaragüense", relató su familia.
Aseguran estar preocupados por el estado físico de Mendoza, quien ha perdido mucho peso, su alimentación no es la adecuada por su condición de diabético y se desconoce cuál es el estado real de su salud.
El periodista ha enfrentado interrogatorios, aislamiento y ha batallado con el frío porque no le han permitido el ingreso de frazadas, lo cual constituye una "tortura" para sus familiares, que no pueden conciliar el sueño pensando en su bienestar.
Pese a todos los abusos, Mendoza se muestra "fortalecido espiritualmente". Su familia asegura que seguirá exigiendo su libertad porque es "inocente de todo lo que se le quiere incriminar". El juicio estuvo a cargo de Luden Martínez Quiroz, quien no permitió que el abogado defensor leyera el acta de la audiencia, pero si le solicitó que la firmara.
Familia de Aguirre Sacasa solicita que sustituyan sentencia
La familia del exdiplomático Francisco Aguirre Sacasa, tras el fallo de culpabilidad en su contra, demandó a las autoridades judiciales que sustituyan su sentencia con el tiempo que ya cumplió en prisión y le permitan regresar a casa, con su familia. "Deben permitir que nuestro padre se recupere -el arresto ha afectado su salud- con los cuidados de su familia", se lee en una publicación realizada por su hijo, Roberto Aguirre Sacasa, a través de su cuenta de Twitter.
"Hoy, después de pasar cerca de doscientos días en la cárcel El Chipote en Nicaragua, nuestro padre, Francisco Aguirre Sacasa, fue encontrado culpable de traición, un crimen que no cometió", se lee en la publicación.
A la vez, demandaron establecer un diálogo "urgente y directo con el Gobierno de -Daniel- Ortega para abogar por los derechos humanos en Nicaragua y tratar de iniciar procesos abiertos y democráticos para el futuro".
Hoy, después de pasar cerca de doscientos días en la cárcel El Chipote en Nicaragua, nuestro padre, Francisco Aguirre-Sacasa, fue encontrado culpable de traición, un crimen que no cometió para 8 años y va ser cargado el 16 de Febrero.
— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) February 9, 2022
El excanciller fue detenido el 28 de julio de 2021, cuando regresaba en su vehículo a Managua, luego que la Dirección de Migración y Extranjería impidiera su salida hacia Costa Rica, por la frontera de Peñas Blancas, Rivas. En agosto de 2020 también fue arrestado por supuestamente haber comprado dos campanas de bronce que fueron robadas en la parroquia San José Obrero del municipio de Granada.
Aguirre Sacasa denunció que el caso era político por sus opiniones en contra del régimen de Ortega y Rosario Murillo, ya que las campanas se las habían vendido personas a quienes él siempre les pedía antigüedades. El excanciller fue presentado por la Policía ante los medios de comunicación esposado tras ser engañado porque aseguró que a él solamente lo habían citado para dar unas declaraciones.
Desde esa ocasión, el excanciller estaba completamente retirado de la vida pública y se abstuvo de opinar —como analista— sobre política nacional y sobre su especialidad que son las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua.
Periodistas demandan libertad de Mendoza
Periodistas independientes agremiados en la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), realizaron un plantón en las instalaciones del Colegio de Periodistas en Costa Rica, este martes 8 de febrero, en demanda de la libertad de Mendoza, quien acumula 232 días detenido bajo condiciones precarias.
Mendoza es el noveno reo político condenado, tras que los opositores Yaser Vado, Yader Parajón, Dora María Téllez, Lesther Alemán, Miguel Mora, María Fernanda Flores, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil también fueran declarados culpables por "conspiración" y en el caso de Vijil fuera la primera rea de conciencia condenada a diez años de prisión.
PCIN, denunció que el juicio contra el cronista deportivo es “ilegal” y está “plagado de arbitrariedades, que solo tienen como fin tratar de silenciar las voces de las mujeres y hombres de prensa que a diario informan, a pesar del riesgo que representa en Nicaragua”, indicaron mediante un comunicado leído ante otros periodistas exiliados en Costa Rica, tras la permanente persecución y criminalización del régimen de Daniel Ortega contra la prensa independiente en Nicaragua.
El periodista fue capturado el 21 de junio de 2021, en la cacería desatada por Ortega contra liderazgos de la oposición y voces incómodas. Desde 2018, Mendoza ha denunciado en sus redes sociales la crisis de derechos humanos y la agudización de la represión en el país, además de compartir sus análisis y opiniones sobre temas coyunturales.
Mendoza ha sobresalido en la crónica deportiva por cubrir importantes eventos a nivel nacional e internacional, como la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua o peleas boxísticas por títulos mundiales. "Es un nicaragüense encarcelado por ejercer su derecho a expresarse", señalan periodistas y familiares.
Periodistas nicaragüenses en el exilio demandan libertad del cronista deportivo, Miguel Mendoza. // Foto: Cortesía PCIN
Tras la detención, la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), demandó la liberación de Mendoza. Este martes, PCIN también exigió la “¡Libertad!" para el bloguero y respeto al trabajo de las y los periodistas nicaragüenses. En las redes sociales, donde el cronista deportivo, tiene más de 27 000 seguidores en Twitter, otros usuarios también se han pronunciado a su favor.
Juicios en El Chipote violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial. Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su ítem 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de treinta de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”. Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
