8 de febrero 2022
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La presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista), Suyen Barahona, fue declarada culpable por la justicia del régimen orteguista por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”, tras un juicio político realizado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
La Fiscalía, alineada al Frente Sandinista, pidió la pena de 15 años e inhabilitación a cargos públicos, tal como ha ocurrido con cinco de los siete reos políticos declarados culpables durante la primera semana de juicios calificados como "ilegales" por familiares y expertos en Derecho Penal. Barahona llegó a su audiencia desconociendo que sería juzgada este lunes 7 de febrero, tal como ocurrió antes con la exguerrillera Dora María Téllez y el líder estudiantil, Lesther Alemán. La sentencia contra Barahona será leída el 15 de febrero.
A la activista política no le fue permitida la comunicación con su defensa en ningún momento del juicio. Cuando se hizo la solicitud -pese a que es un derecho-, la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva alegó que la autorización dependía de la DAJ, misma que ni siquiera ha permitido que los reos de conciencia reciban visitas periódicas, como lo establece la ley.
No le permitieron ver fotografía de su hijo
La opositora pudo intervenir en el juicio por un momento. Además de señalar las violaciones a sus derechos, sometiéndola a aislamiento indefinido e interrogatorios, destacó que no le han permitido comunicarse con su hijo de cuatro años. Esa disposición violenta los derechos del menor, quien está siendo afectado por la ausencia de su madre y aún más, por la incomunicación.
En cada una de las cinco visitas que el régimen orteguista ha permitido a los presos políticos en El Chipote, la familia de Barahona ha intentado ingresar fotos y comunicaciones de parte de su hijo, pero no han sido autorizadas y la excepción tampoco ocurrió en el juicio. El familiar de Barahona que ingresó a la audiencia cargaba una fotografía de su hijo para que lo viera, aunque sea de esa manera, pero fue confiscada al ingreso y devuelta a la salida, confirmó su esposo, Cesar Dubois.
Barahona finalizó su intervención señalando que ha "dedicado gran parte de mi vida adulta a mejorar Nicaragua y defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Parte de mi lucha ha sido por mi hijo, para que sepa que hay que defender sus derechos", expresó.
Sus familiares rechazan el fallo judicial y demandan la nulidad del proceso y su libertad. "Lo único que Suyen ha hecho es atreverse a imaginar una Nicaragua, donde niños como su hijo y la juventud nicaragüense puedan vivir en alegría y libertad (...)", se lee en un comunicado, emitido tras el juicio político.
"Estos son juicios que deben de ser nulos y nuestros familiares deben de ser liberados porque son inocentes. No han cometido ningún delito, no es ningún delito expresar su opinión, no es ningún delito pensar, no es ningún delito tratar de buscar una solución que al fin de cuentas ayude a construir un mejor país, una mejor sociedad donde podamos coexistir todos, sin tener que ser reprimidos, exiliados, apresados..." expresó Dubois en entrevista con el programa Esta Noche.
Testigo de la Fiscalía: un policía que participó en secuestro
La Fiscalía, como ha hecho con los anteriores juicios políticos, utilizó a tres policías como testigos. Uno de ellos fue un agente que participó en el allanamiento de la casa de Barahona, el 13 de junio de 2021, cuando la arrestaron sin presentar orden judicial, confirmó Dubois.
Entre las pruebas que mostró la Fiscalía contra Barahona incluyeron libros de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC, relacionados a procesos de mediación), que no son de su propiedad, pero que fueron incautados durante el allanamiento ilegal a su casa. Su defensa cuestionó la desvinculación de los libros con el caso, pero los alegatos fueron señalados como "impertinentes" por la judicial Ulisa Yahoska Tapia Silva; lo que a valoración de Dubois es parte de la "farsa" del proceso judicial.
Además de los libros, indicaron declaraciones de Barahona a diferentes medios de comunicación, expresando su valoración sobre sanciones a nivel individual, y no del Estado. Lo mismo ocurrió con tweets y chats en las que la opositora señalaba sus convicciones y principios y que no "constituye un delito", señaló su esposo. El juicio acumuló múltiples ilegalidades, siendo la última, que no les entregaron una copia del acta de la audiencia y tampoco permitieron que la leyeran.
En concordancia con las irregularidades ocurridas en la audiencia de Barahona, en una entrevista con Esta Semana, el jurista brasileño Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que los juicios contra opositores no cuentan con “sustancia probatoria” ni “legitimidad de origen".
Barahona es la tercera integrante de Unamos en ser condenada y la octava de casi cuarenta opositores encarcelados en El Chipote, entre mayo y noviembre de 2021, como resultado de la cacería política impulsada por Daniel Ortega, en aras de mantenerse por un cuarto periodo presidencial sin las mínimas garantías de competencia.
Costa Rica: condenas a opositores golpean la institucionalidad
El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, señaló que las condenas contra líderes de oposición encarcelados, en particular mujeres y jóvenes, “constituyen un nuevo golpe a la institucionalidad” en Nicaragua. Además, reiteró, a través de un comunicado, la demanda de "inmediata liberación y restitución de los derechos plenos de todos los presos políticos".
“Costa Rica insta a Nicaragua, en línea con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 31 de enero 2022, a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en contra de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”, indica el documento publicado este lunes 7 de febrero.
Solano insistió en el llamado a que se generen las condiciones para un serio y responsable diálogo estructurado, con la participación de la totalidad de los actores, y el acompañamiento de la comunidad internacional. Para ello, indicó, es urgente que el régimen permita el ingreso al país a representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Arremetida orteguista en contra del liderazgo de Unamos
Este lunes, la expresidenta de Unamos, Ana Margarita Vijil se convirtió en la primera presa política en ser condenada a diez años de prisión por la justicia del régimen, según lectura de sentencia realizada este 7 de febrero en El Chipote.
Vijil fue declarada culpable el 2 de febrero. La exguerrillera, fundadora del antiguo MRS, Dora María Téllez, junto a los reos de conciencia Yaser Vado, Yader Parajón; el líder estudiantil, Lesther Alemán; el aspirante presidencial, Miguel Mora y la exdiputada, María Fernanda Flores también fueron declarados culpables por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” el resto de la semana pasada.
Barahona fue detenida el mismo día que Téllez y Vijil, el 13 de junio, durante la cacería política contra los líderes de Unamos, que incluyó, el arresto del general de brigada en retiro y comandante guerrillero, Hugo Torres, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco. La integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y simpatizante de Unamos, Tamara Dávila, también fue arrestada en la víspera.
El régimen orteguista se ha ensañado, particularmente, en contra de las cuatro integrantes de Unamos, sometiéndolas a aislamiento indefinido, incomunicación -con custodios afuera de las celdas para evitar que hablen con los reos próximos-, torturas psicológicas y frío. Barahona ha permanecido en soledad por más de seis meses, perdió unas 30 libras de peso, y ha soportado cerca de 260 interrogatorios sin la presencia de su abogado, denunciaron sus familiares tras visitas en El Chipote.
Pese a las condiciones precarias, Barahona resiente sobre todo la separación de su hijo de cuatro años. “Se nos están agotando las formas de explicarle que su mamá no está para él (…) Para Suyen eso significa un acto de tortura que está fuera de todo el debido proceso. El hecho de que la estén privando de la crianza de su hijo, que es un derecho que ella tiene como madre. Es realmente cruel”, señaló un familiar a CONFIDENCIAL en noviembre pasado.
En más de seis meses de encierro en El Chipote, los presos políticos han recibido apenas cinco visitas. Los familiares son sometidos a exhaustivas requisas para ingresar y no les permiten entregarles recuerdos en papel, realizados por sus hijos.
Barahona ha participado en marchas cívicas desde antes de 2018, y cuando estalló la rebelión cívica, no dudó en sumarse en demanda de democracia y libertad para Nicaragua. También acompañó a los familiares de presos políticos en su lucha por su liberación.
Xenia Barahona, su hermana, la describe como una mujer de convicción firme, dispuesta ayudar y resiliente. "Ella es nuestra preciosa joya. Desde la cárcel, después de constantes interrogatorios, y más de siete meses de no poder tenerla entre nosotros, sigue en resistencia y con su espíritu solidario. “Me preocupan los adultos mayores. Insisto que es injusto y no pueden tratarles así”, compartió en el artículo titulado Suyen está llena de esperanza, nosotros queremos su libertad, publicado en CONFIDENCIAL.
Juicios en “el nuevo Chipote” violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial. Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su ítem 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de treinta de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”. Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
