6 de febrero 2022
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Aproximadamente a las dos de la tarde del sábado 6 de noviembre, Douglas Alfredo Cerros Lanzas salía de su trabajo —en una financiera en Ocotal, Nueva Segovia—, cuando un compañero le preguntó si iría a votar al día siguiente. “No, no habrá sorpresa”, respondió sin malicia, según familiares. Más o menos cinco horas después, el ciudadano fue arrestado por la Policía Nacional, a media cuadra de su vivienda en el barrio Hermanos Zamora, del municipio norteño.
La respuesta franca del ciudadano llegó a oídos del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Ocotal, el subcomisionado Bayron Mauricio Maradiaga Rubio, quien lo mandó a detener y lo acusó —sin pruebas— por “menoscabo a la integridad nacional”.
Maradiaga fue el testigo principal en un juicio contra Cerros Lanzas, que se celebró el pasado 27 de enero y duró casi doce horas. La jueza Verónica Fiallos Moncada, del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, declaró culpable al nicaragüense por los supuestos delitos de “conspiración” y propagación de noticias falsas.
En el juicio contra Cerros Lanzas, el jefe policial declaró que investigó y denunció al ciudadano porque “le contaron” que promovía el “no voto” en los comicios presidenciales de 2021. Sin ninguna prueba, Maradiaga afirmó que, además, “le contaron” que el acusado participaba, supuestamente, en reuniones de grupos opositores.
“Todo lo que ellos dicen (testigos) es falso. Empezaron a inventar todo por medio de un chisme; un invento de ellos para perjudicar a mi papá y a nosotros como familia. En ningún momento hemos dañado a alguien de Ocotal”, asegura Sidley Cerros Espinoza.
Policía encapuchado
La jueza Fiallos aún no ha notificado la condena, aunque el fiscal Alberto Mena Gámez solicitó una condena de doce años de cárcel: ocho años por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, y cuatro años por presuntamente propagar noticias falsas.
Las pruebas contra Cerros Lanzas fueron publicaciones en su página de Facebook, y los testimonios de seis policías, uno de ellos encapuchado.
“En su perfil de Facebook no se dedicaba a publicar nada (político) ni a conspirar contra el Estado de Nicaragua. Su perfil está limpio. Ellos (policías) dicen que incitaba al odio en las redes sociales o al no voto, pero él no tiene nada de eso en su perfil de Facebook”, destacó Sidley.
“Un testigo protegido y encapuchado declaró que, por medio de fuentes fidedignas, supieron que el 25 de julio de 2019, mi papá había comprado ocho sprays azul y blanco (para entregarlos a grupos opositores)”, según la hija, quien detalló que la acusación “es falsa” porque la defensa presentó como medio de prueba “el GPS de la moto de mi papá —que es su medio de transporte— en donde está el recorrido de la moto (de ese día), que solamente fue a su trabajo”.
Una revisión de las publicaciones en Facebook de Cerros Lanzas revela que el ciudadano no compartía contenido político o que incitara al odio. Sin embargo, el fiscal Mena Gámez acusó también al ciudadano de infringir la Ley Especial de Ciberdelitos, al promover la no vacunación contra la covid-19, a través de una publicación en Facebook, en la que se lee: “Somos famosos por la impuntualidad, pero un animalito nos hizo adelantarnos un día para vacunarnos”.
Sidley explicó que, para el fiscal, esa publicación “desacredita la labor de prevención del Ministerio de Salud”, aunque el post “destaca la impuntualidad de los nicaragüenses y que por la necesidad de vacunarnos nos vamos un día antes (a vacunar)”.
“Él fue uno de los que primero cumplió (con vacunarse), y apoyaba la labor de prevención del Ministerio de Salud”, apostilló la hija del preso político.
Segundo declarado culpable
Cerros Lanzas es el segundo opositor declarado culpable bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, y la “Ley de Soberanía” o Ley 1055, aprobadas por el orteguismo en un paquete de legislaciones represivas usadas para dirigir su cacería política en 2021.
La “Ley Mordaza” fue aprobada por la Asamblea Nacional el 28 octubre de 2020. Esta legislación establece hasta diez años de cárcel para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas, a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
La “Ley de Soberanía” fue aprobada el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía ha convertido esa legislación en una herramienta represiva, a través de la cual justifican los arrestos contra los opositores al régimen.
El pasado 13 de enero, el opositor Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años, fue declarado culpable “de menoscabo a la integridad nacional (conspiración), y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
La jueza Rosa Velia Baca Cardoza, del Primero de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, le impuso —el 18 de enero— una pena de siete años y medio de cárcel; sin embargo, un día después rectificó y elevó la condena a doce años de prisión: ocho años por el supuesto delito de conspiración y cuatro años por propagación de noticias falsas. Es la misma condena que la Fiscalía ha pedido para Cerros Lanzas.
Aunque ambos casos guardan muchas similitudes, en cuanto a la actuación del sistema judicial, tienen una importante diferencia: Alvarenga Mendoza es un reconocido opositor del régimen en su localidad, mientras Cerros Lanzas nunca ha participado en política.
Antes del arresto, Douglas Alfredo era más conocido en Ocotal por ser el papá de Mariela Alexandra Cerros Espinoza, quien en mayo de 2021 fue elegida como Miss Mundo Nicaragua.
“Él tiene su opinión política respecto a la coyuntura actual, pero no es ningún activista ni un líder comunitario. Él solamente se dedicaba a su trabajo, la casa, y nosotros su familia”, destacó la hija de Cerros Lanzas.
Clelia Espinoza, esposa del preso político, relató que Douglas Alfredo “empezó a trabajar desde los 14 años, como celador de un banco. Él se fue desarrollando, estudiando por su propia cuenta y siempre solo metido en su trabajo, toda la vida, para darnos lo mejor de él a sus hijas y a mí”.
“La casa jamás ha sido centro de reunión de políticos, como dicen (los policías y la Fiscalía). Todo eso es falso”, añadió.
Extracto de la conversación por WhatsApp que tuvo el Douglas Cerros Lanzas con su hija, poco antes de ser detenido. La Policía mintió en su reporte sobre el día de su detención, para acomodar su captura luego de la denuncia en contra del ciudadano presentada por el subcomisionado Bayron Mauricio Maradiaga Rubio. Foto: Confidencial
Detenido bajo engaño
Cerros Lanzas fue detenido la noche del 6 de noviembre, en la víspera de las votaciones nacionales, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se aseguraron un mandato más, tras encarcelar a los principales candidatos opositores, líderes cívicos y políticos y cancelar las personerías jurídicas de los partidos de oposición.
Pese a que la detención se realizó el 6, en la acusación de la Fiscalía —presentada el 19 de noviembre— se afirma que el ciudadano fue arrestado el 17 de noviembre, y que la denuncia del subcomisionado Maradiaga se llevó a cabo el 12 del mismo mes.
Según la esposa e hija, Cerros Lanzas fue detenido cuando regresaba de visitar a una hermana. Él fue interceptado por agentes policiales, quienes lo engañaron y le dijeron que su camioneta fue reportada como la causante de un accidente en el que salió lesionado un niño. El ciudadano llamó a su hija Sidley y le avisó que acompañaría a los oficiales.
“Fui a la estación y empecé a preguntar a los oficiales qué había pasado, que yo andaba con él; que me dijeran cuál fue el accidente o dónde estaba la familia del niño. Solo me decían: ‘no sé, no sé’”, relató Sidley.
“(En esa misma noche) pregunté en el hospital y me dijeron que no había ningún niño atropellado. Entonces, se me hizo raro que lo detuvieran. A las horas lo vi pasar enchachado”, agregó.
Cerros Espinoza mostró a CONFIDENCIAL una conversación que sostuvo esa misma noche —vía WhatsApp— con el subcomisionado Maradiaga, quien ante las preguntas de ella sobre la detención de su papá, él le respondió: “No pasa nada todavía”.
Golpiza por camioneta
La noche de la detención, Clelia Espinoza fue golpeada por cinco mujeres oficiales, porque ella fotografió la camioneta que fue confiscada por la Policía. Las agentes agredieron a la esposa del preso político, pese a que ella les suplicó que era una paciente cardiaca y que la habían operado a corazón abierto en 2018.
“Dos (oficiales) me agarraron con fuerza abriendo mis brazos; dos más me metían las manos en mis partes íntimas para quitarme el celular; y otra con fuerza me daba golpes en el pecho, donde tengo una cicatriz de 30 puntadas”, explicó Espinoza.
“Un oficial (varón) le dijo a una de las oficiales: ‘Magdalena ponela culo arriba como lo solés hacer’”, subrayó.
La Policía de Ocotal se ha negado a entregar la camioneta, color platinado y marca Hilux, y el Ministerio Público ha solicitado oficialmente su decomiso. “(El subcomisionado) Bayron Maradiaga argumenta que la camioneta fue utilizada para entregar comida en los tranques en 2018, pero es mentira porque la camioneta se compró hasta el año pasado. Todavía debemos parte de ella al banco, ahí están los vouchers”, comentó Espinoza.
“No creo que la (jueza) Verónica Fiallos se preste a tanto (confiscar la camioneta). Sería el colmo de la sinvergüenzada, robarse las cosas”, opinó la esposa.
Rechazan orden de libertad
La Policía Nacional, el Ministerio Público y la jueza Fiallos han desacatado una orden de libertad a favor de Cerros Lanzas, que emitió la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Estelí, el 25 de noviembre y la notificó el 30 del mismo mes.
El Tribunal se pronunció ante un recurso de exhibición personal presentado por un familiar del preso político. En la sentencia se indica que al ciudadano se le violentaban sus derechos y garantías constitucionales al detenerlo ilegalmente en las celdas policiales de Ocotal.
Pese a la existencia de esa orden de Apelaciones, Cerros Lanzas fue trasladado al sistema penitenciario de Estelí, a inicios de diciembre de 2021.
“Es un proceso que tiene muchos vacíos, muchas incongruencias en lo que relata. Es un proceso totalmente viciado, donde no se cumplió con la orden de libertad. Se le han violentado los derechos constitucionales a mi papá”, señaló Sidley, que en 2018 se graduó de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).
“Cuando hablo con él, me dice: ‘Sé que voy a salir de aquí con mi frente en alto y por la puerta de enfrente’. Entonces, le contesto: ‘Así es papá, porque usted no ha hecho nada, no ha robado ni matado ni cometido ningún delito; usted es un reo de conciencia. Lo que están haciendo es una injusticia más”, expresó la hija del preso político.
“Él siempre me dice: ‘Negra vamos a salir adelante, vamos a salir de esto. Voy a aguantar, creemos en Dios’”, comentó la esposa. “Dios es misericordioso —prosiguió—, y jamás el mal va a prevalecer sobre el bien”.
“Confío en la misericordia viva de Dios y tengo fe. Pedimos –agrega Espinoza– no solo para mi esposo, sino que para todos los presos políticos y sus familias”.
