5 de febrero 2022
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El Foro Permanente de Política Exterior (FPPE), una entidad conformada por académicos de Chile con el fin de fomentar una política exterior que promueva la democracia, emitió un comunicado condenando los juicios políticos emprendidos por el régimen orteguista en contra de los reos de conciencia encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote.
“Frente a este violento escenario, el Foro Permanente de Política Exterior hace un llamado urgente a solidarizar con sus familias y con el movimiento democrático del país centroamericano, que hoy sufre una nueva escalada represiva, bajo el influjo de la Ley 1055, de ‘Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, cita el comunicado del FPPE.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como Ley de Soberanía, es una de las cuatro leyes represivas aprobadas por el orteguismo a fines de 2020 con el fin de recrudecer el estado policial de facto impuesto por el régimen.
“Esta normativa, aprobada sin debate por la Asamblea Nacional permitió silenciar la crítica y suprimir la competencia política en vistas a las elecciones del 7 de noviembre de 2021. Hoy se esgrime para condenar a cárcel a los presos de conciencia. El FPPE hace suyas las declaraciones del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, que denunció los juicios como ‘farsas represivas que el régimen utiliza para emitir sentencias condenatorias y seguir intimidando a la población hasta su sometimiento total”, añade el comunicado.
Esta semana iniciaron los juicios políticos en contra de los reos de conciencia encarcelados en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo Chipote. Las presas políticas Ana Margarita Vijil y la comandante guerillera Dora María Téllez, los reos de conciencia Yader Parajón y Yaser Vado, el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, la ex primera dama María Fernanda Flores y el líder estudiantil Lesther Alemán, ya fueron juzgados y condenados por el régimen, principalmente por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
“Saludamos también el pronunciamiento emitido por la Asociación Madres de Abril (AMA), conformada por los familiares de las víctimas mortales del estallido social de 2018, quienes denuncian que los juicios llenos de arbitrariedades y violatorios de los derechos humanos, 'no sólo deben ser declarados nulos sino considerados una nueva oleada de ‘crímenes de lesa humanidad”, añade el escrito de FPPE.
El presidente electo de Chile, el izquierdista, Gabriel Boric, se pronunció en Twitter sobre la condena a Dora María Téllez, calificándola como “una vergüenza”. Antonia Urrejola, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y futura ministra de Relaciones Exteriores del gabinete de Boric, reiteró desde la comunidad internacional, un llamado a la "democratización y a la liberación de presas y presos políticos en el país”.
Hoy se iniciaron juicios a opositores y opositoras presas en #Nicaragua, sin independencia judicial ni bases legales. Desde la comunidad internacional, seguimos llamando constructivamente a la democratización y a la liberación de presas y presos políticos en el país #SOSNicaragua
— Antonia Urrejola (@An_Urrejola) February 2, 2022
"Como parte del movimiento democrático y progresista latinoamericano, el FPPE convoca a gobiernos democráticos y organizaciones internacionales de la región a no permanecer impasible ante los graves acontecimientos que tienen lugar en Nicaragua. Llama en particular al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 49º sesión que comienza el 28 de febrero a impedir que se normalice la concentración del poder, el debilitamiento del Estado de derecho, la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos en la tierra de Augusto César Sandino, donde decenas de jóvenes lucharon por la justicia y la libertad, hoy tan lejana", añade el escrito.
El FPPE está integrado por 75 participantes, actuando a titulo individual, con una extensa experiencia gubernamental, parlamentaria, académica, en órganos multilaterales y de representación de Chile, entre otras, y que tiene como objetivo conjunto un espectro amplio del pensamiento progresista.
