5 de febrero 2022
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Violación al debido proceso, negación del derecho a la defensa, extralimitación de funciones y confiscación de bienes; son algunas de las “irregularidades procesales” en que incurrió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al momento de cancelar e intervenir seis universidades privadas de Nicaragua. Situaciones que sientan un precedente negativo y ponen en riesgo la calidad de la educación superior en Nicaragua.
El abogado y notario público, Yader Morazán, asegura que la forma en que procedió el régimen en contra de las universidades “no es válida”, porque “ninguna decisión estatal, sea administrativa o judicial, es válida si se ejecuta sin un debido proceso y menos sin intervención y debida defensa de las partes involucradas”, tal como manda la Constitución Política de Nicaragua.
En este caso, el Ministerio de Gobernación (Migob) acusó a las universidades de no haber presentado sus registros financieros y de tener sus juntas directivas acéfalas, cuando fue esa misma institución la que se negó a recibir la documentación, según denunció el rector, Adrián Meza, de la Universidad Pablo Freire, una de las casas de estudios canceladas.
Además, valora Morazán, aunque el régimen tuviera la razón al cancelar las personerías jurídicas: “ninguna resolución parlamentaria es legal (por carencia de requisitos), aun en trámite de urgencia, cuando se somete para su discusión con apenas 24 horas de anticipación, ya que la ley dispone 48 horas previas para discusión”.
La ilegalización de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y la Universidad Paulo Freire (UPF), fue ejecutada de forma inesperada el miércoles pasado, ya que ni siquiera estaba en el orden del día de la Asamblea Nacional.
Intervención y expropiación de universidades
Tras la cancelación de las personerías jurídicas siguió la intervención del Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuya presidenta, Ramona Rodríguez, expresó a los medios de propaganda oficial que esa entidad se hará cargo de las universidades canceladas y hasta prometió bajar los aranceles que pagaban los estudiantes.
Sin embargo, “la Constitución prohíbe la intervención, expropiación y embargos de las universidades por razones regulatorias”, advierte Morazán. Todas las universidades de Nicaragua “gozan de autonomía y esto va más allá de la libertad de cátedra”, agrega.
El CNU tampoco tiene atribuciones para intervenir y administrar universidades, porque según los artículos 56 y 59 de la Ley 89, de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, “solo es un órgano de coordinación y asesoría técnica, encargado de asuntos estrictamente académicos”, subraya el abogado.
Por otro lado, las personas jurídicas sin fines de lucro son fundaciones, asociaciones y organizaciones que cumplen alguna misión benefactora. Todas las universidades privadas están constituidas de esta manera por el rol altruista que cumple la educación. “Hasta las asociaciones sandinistas como: INCANTO, AJUMANIC (Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua) o el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que maneja los más de 70 negocios del Ejército, están registradas así”, comenta el abogado.
No se agotó la vía administrativa
También, sostiene que el argumento utilizado por la Asamblea Nacional para cancelar las personerías jurídicas de las universidades carece de validez, puesto que las universidades —como personas jurídicas — aún tenían hasta el cierre del año fiscal para presentar sus estados financieros. Es decir, hasta el 28 de febrero, tal como lo dispone el artículo 22 de la Ley de Concertación Tributaria.
“La Asamblea Nacional solo podía cancelar la personalidad jurídica de las universidades una vez agotado el proceso correctivo del Departamento de Registros y Controles de Asociaciones del Migob, quien pudo haber impuesto multas o intervención temporal”, precisa el abogado.
Además, valora Morazán, “las medidas o sanciones correctivas del ente regulador son apelables”. Es decir, no adquieren suficiente fuerza mientras no se haya agotado cualquier contradicción y alegación por parte del afectado.
Por otro lado, el destino de los bienes liquidados “depende de la asignaciones previstas en el acta constitutiva o estatutos de cada universidad, y no bajo la intervención y apropiación del Estado, porque en estos casos no habían omisiones ni dudas al respecto”, subrayó.
