5 de febrero 2022
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El periodista y precandidato presidencial del Partido de Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora, y la exdiputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores, fueron los últimos reos de conciencia condenados en la primera semana de juicios políticos “de una sola audiencia”, realizados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como "el nuevo Chipote”.
Yader Parajón, Yaser Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Lesther Alemán, fueron los otros cinco presos políticos condenados durante esta semana por supuestamente infringir la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, también conocida como "Ley de Soberanía".
Mora fue declarado culpable del delito de “menoscabo a la integridad nacional” por la juez orteguista Nadia Camila Tardencilla, que en el último momento de la audiencia cambió la causa penal referida a “conspiración”. La Fiscalía pidió para el periodista la pena máxima de 15 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
María Fernanda Flores, exprimera dama y esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), fue declarada culpable por el delito de "conspiración" y la Fiscalía pidió ocho años de prisión más la inhabilitación de ejercer cargos públicos. El próximo 9 de febrero se leerá la sentencia para ambos presos políticos.
Tweets y entrevistas entre las pruebas contra Mora
CONFIDENCIAL confirmó que entre las pruebas presentadas en el proceso contra Mora se incluyeron: una entrevista que ofreció en 2018 a “The Grayzone” y cuatro tweets. En tres comparte notas periodísticas de 100% Noticias, medio del que es propietario, referente a sanciones de Estados Unidos y Reino Unido, y otro donde agradeció al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por pronunciarse ante la agresión sufrida --en octubre de 2020-- por su esposa Verónica Chávez.
“Agradezco en nombre de mi esposa, señor Almagro, sus palabras. Nicaragua espera la declaración de ilegitimidad de esta criminal dictadura sandinista, no nos fallen”, indica el tweet presentado como prueba por la Fiscalía.
Dichas pruebas, según la jueza Tardencilla, “fueron suficientes” para probar el menoscabo cometido por Mora.
Los abogados del reo de conciencia, durante la audiencia, fueron tratados de forma "agresiva" por la judicial, que además les exigía que no se "extralimitaran" cuando estos intentaban hacer prevalecer el derecho a la defensa de su representado.
La defensa --confirmó CONFIDENCIAL-- tampoco pudo acercarse a su defendido ni antes ni durante el juicio.
A diferencia de otros reos políticos, Mora logró expresarse "ampliamente" durante el juicio, reiterando que es “inocente” y que quienes lo juzgaban estaban cometiendo “prevaricato”.
“No he conspirado contra nadie, soy inocente”, destacó.
Policías prohibieron hablar y mirar a Mora
Durante las audiencias de este viernes la justicia orteguista también permitió el ingreso de un familiar. En el caso de Mora, su esposa Verónica Chávez fue quien asistió y almorzó a su lado, aunque durante el juicio los policías de "el nuevo Chipote" le prohibieron hasta "voltear a verlo".
Chávez rechazó —en entrevista con 100% Noticias— el juicio al que fue sometido su esposo Mora Barberena, calificándolo de “nulo” y reiterando que “él no ha cometido delito alguno”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó el juicio contra Mora como “una farsa judicial llena de vicios e irregularidades”, denunciando que el proceso “persistió el mismo formato de represión, incomunicación de los abogados defensores y presencia exagerada de antimotines”.
Dos veces detenido
Mora Barberena, también propietario de 100% Noticias, fue detenido por segunda ocasión el pasado 20 de junio de 2021, tres meses después de hacer pública su candidatura para la Presidencia por el PRD, partido al que el Consejo Supremo Electoral (CSE) del Frente Sandinista, en mayo de 2021, mandó a cancelar su personería jurídica, con el fin de eliminar la casilla electoral de la Coalición Nacional.
El comunicador ha sido perseguido desde abril de 2018, luego que dispuso la programación del Canal 100% Noticias —clausurado por el régimen en diciembre de 2018— para cubrir, casi 24 horas al día, las protestas sociales que pedían la renuncia de los dirigentes del Frente Sandinista.
La primera vez que Mora fue detenido, el 21 de diciembre de 2018, ocurrió cuando la Policía del régimen Ortega-Murillo asaltó las instalaciones del Canal 100% Noticias. En esa ocasión, también fue encarcelada la jefa de prensa de ese medio de comunicación, Lucía Pineda Ubau. Ambos fueron liberados en junio de 2019, luego de seis meses de encierro, malos tratos y torturas.
Arnoldo Alemán acompañó a María Fernanda Flores
En el juicio, a María Fernanda Flores también se le permitió la compañía del expresidente Alemán. La exdiputada liberal fue detenida desde la noche del 21 de junio de 2021, en medio de una cacería desatada por el régimen orteguista contra la oposición nicaragüense, para allanar su camino hacia la reelección presidencial en un proceso calificado de “farsa electoral”. Al igual que dos aspirantes presidenciales, Cristiana Chamorro, Noel Vidaurre y el comentarista político, Jaime Arellano, Flores ha permanecido en su domicilio bajo custodia policial, y aislamiento, por lo que este viernes tuvo que ser custodiada hasta "el nuevo Chipote", donde se le realizó el maratónico juicio.
Flores fue desaforada de su cargo como diputada el 26 de noviembre de 2020 y con ello, perdió su inmunidad parlamentaria. La diputada María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), impulsó la moción contra Flores. También apoyó al Frente Sandinista para despojar de su personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) cuando faltaban tres meses para las votaciones generales.
“Que hayan quitado mi inmunidad y mis derechos constitucionales, a través de un voto que se realizó en unas elecciones, arbitrariamente es una demostración más del tipo de Gobierno y dictadura que vivimos en Nicaragua”, denunció Flores a su salida del Plenario en 2020, donde siempre intentó posicionarse como una fuerza de oposición al régimen; sin embargo, su imagen siempre estuvo bajo la sombra de los actos de corrupción cometidos por su esposo, el expresidente Alemán.
Juicios en “el nuevo Chipote” violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.
Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su ítem 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de treinta de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
(Con información de EFE)
