4 de febrero 2022
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Daniel Ortega envió a Gustavo Porras -quien ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional- una ‘iniciativa de ley de reformas por adición’, a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, para ofrecer exoneraciones fiscales a la importación de vehículos eléctricos, lo que incentivaría la electromovilidad en Nicaragua, un país que, hasta ahora, no tiene una estrategia para fomentar el uso de ese tipo de vehículos.
En el año 2012, el artículo 282 de la Ley de Concertación Tributaria estableció que los vehículos con motores híbridos -tanto los de 0 a 1600, como los de 1601 a 2600 centímetros cúbicos- pagarían 0% de derecho arancelario a la importación (DAI), 0% de impuesto selectivo al consumo (ISC), y solo 15% de impuesto general al valor (IVA).
“Solo una empresa trajo vehículos híbridos al país, y dejó de llevarlos porque no tuvieron pegada entre la gente”, dijo a CONFIDENCIAL una fuente del sector automotriz que eligió el anonimato por razones de seguridad. A su juicio, “este esquema de exoneraciones es idéntico al que funciona en Costa Rica. Solo hicieron copiar / pegar”, afirmó.
“Eso es básicamente correcto”, aseguró Igor Ortiz, especialista en vehículos eléctricos, al comparar lo que cobra el Estado costarricense en concepto de Impuesto al Valor Aduanero, y de Impuesto General sobre las Ventas (nuestros DAI e IVA respectivamente), así como el ISC, que tiene el mismo nombre en ambos países.
La propuesta enviada por Ortega a Porras, exonera el 100% del DAI, del ISC y del IVA, a los vehículos eléctricos nuevos, cuyo valor oscile entre uno y treinta mil dólares, estableciendo distintos porcentajes para los de 30 001 a 45 000 dólares y para los de 45 001 a 60 000 dólares, después de lo cual, deben pagar todos la totalidad de los tributos establecidos.
El problema es que prácticamente no hay vehículos eléctricos que cuesten menos de 30 000 dólares, lo que “en la práctica significa que no habrá ningún vehículo comprado en Nicaragua que pueda gozar esta exoneración total del ISC, el IVA y el DAI, a menos que se estén preparando para comenzar a traer vehículos chinos”, dijo la fuente del sector automotriz.
“No consultaron con Andiva (la Asociación de Importadores de Vehículos Automotores). Ellos les hubieran dicho que no tiene sentido exonerar de impuestos a los vehículos debajo de ese monto”, aseguró la fuente.
Con la estructura impositiva actual, un sedán con motor de combustión interna cuesta unos 15 000 dólares, y su precio sube a 19 000 por los impuestos, pero un sedán eléctrico cuesta más de 30 000 dólares, así que aún sin impuestos, la idea de adquirir uno deja de ser atractiva.
En contraste, la reforma contiene un incentivo para adquirir vehículos más caros, pues si por un automotor de combustión interna valorado en 50 000 dólares se pagan 90 000, (su carga tributaria es mayor), las exoneraciones del 50% del DAI y el ISC para los eléctricos de gama alta, abaratarán su costo, comparativamente hablando.
Con estímulos, no por inercia
La fuente hizo notar otras carencias de esta propuesta de ley, entre ellas, que se limitaron a quitar los impuestos a las compras de los Gobiernos, (central y municipales, así como a las dependencias que dependen de ellos), y que van a supervisar los repuestos para sitios de carga, detalló la fuente.
En el primero de los casos, señaló que las reformas a la Ley 554 no incluyen un plan de recambio de la flota pública. “Debieron establecer la obligatoriedad de que al menos el 5% de las nuevas flotas del sector público sean eléctricas. Esto no cambia por inercia”, advirtió.
En el segundo de los casos, señaló que la propuesta de ley exonera la totalidad de los tributos que tendrían que pagar los centros de recarga de los vehículos eléctricos, así como los repuestos de esos centros, cuando “lo que deben hacer es facilitar que la gente pueda conectarse desde su casa”.
Al conocer la noticia, la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), recomendó “establecer mecanismos para acceder a tarifas en horarios diferenciados de menor costo, para beneficiar a los usuarios que carguen vehículos eléctricos en sus hogares”, además de “crear infraestructura privada y pública para puntos de carga en el sistema vial”.
“Un carro eléctrico es como tener un celular gigante con ruedas parqueado frente a casa, solo que requiere un enchufe diferente. Eso se soluciona haciendo una adaptación 220 trifásica en el garaje, porque el carro no se carga en cinco minutos: requiere de cuatro a seis horas, según la tecnología que se use”, explicó la fuente del sector automotriz.
Los vehículos normales de gama media pueden recorrer 200 a 300 kilómetros con una carga, mientras que las baterías de los más caros ofrecen 400 a 500 kilómetros de autonomía.
“El hecho que la ley no contemple crear una infraestructura de carga, restará confianza para adquirir un vehículo eléctrico, porque nadie quiere quedarse varado en la carretera. En comparación, Costa Rica tiene 240 lugares de carga, pero Nicaragua es un país más grande, y necesitará más sitios de recarga, que podrían ser ubicados en restaurantes, oficinas, centros comerciales, o en la casa del comprador”, insistió.
La CEN celebró la iniciativa de Ley porque “Nicaragua requiere de inversiones tecnológicas que contribuyan a la promoción de medios de transporte más eficientes, y así impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica, como una necesidad en la adopción de modelos de consumo responsable”.
Por ello, apoyaron la aplicación de beneficios fiscales, “a través de la exoneración de impuestos definidos en el proyecto de ley, que favorezcan la inversión directa en tecnología, y la adquisición de modelos de vehículos eléctricos y baterías para el almacenamiento”.
Mientras los diputados del régimen conocen el contenido de la ley, y a la espera de los cambios que pudieran hacerle, “en Nicaragua no hay ningún importador oficial de vehículos eléctricos. Enatrel anunció que había importado dos vehículos eléctricos. Aparte de esto no se sabe nada más…”, dijo Gabriel Pasos, representante del Comité de Energía de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (Fecaica).
“No se conoce ninguna estrategia nacional o iniciativa de ley sobre movilidad eléctrica. El Ministerio de Energía solo anunció la compra de los dos vehículos. La información para los empresarios es limitada”, señaló por su parte Stephanie Torres, también del Comité de Energía de Fecaica.
