2 de febrero 2022
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Los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron este miércoles la personería jurídica de 16 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que en 2018 fue tomada por estudiantes que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega, alegando supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ensanchando de esta forma la lista de organismos ilegalizados en Nicaragua.
Después de aprobar un decreto que ilegaliza a la Asociación de Cantautores Nicaragüenses y la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua (Aonic), los legisladores —de mayoría sandinista— sacaron un segundo decreto que no estaba en el orden del día del parlamento e ilegalizaron a 14 organizaciones educativas.
Entre las organizaciones ilegalizadas esta mañana se encuentran: la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh), Asociación Popular de Nicaragua (Uponic) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).
También fueron canceladas, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de colegios parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí, Familia Padre Fabretto, la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural Católico del Norte de la Diócesis de Estelí, Fundación Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí y Asociación de Fomento Creación de Empresarios Graduados.
La cancelación de las organizaciones fue solicitada por el responsable del departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, quien las señala de ser "poco transparentes en la administración de los fondos", ya que supuestamente el Migob desconoce "la forma en que ejecutaron los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la personalidad jurídica".
Además, el Migob señala que las organizaciones canceladas tienen acéfalas sus juntas directivas. Situación que "ha imposibilitado al ente regulador, impidiéndole identificar quienes son los representantes y los asociados del organismo, infringiendo las leyes que regulan a las asociaciones civiles sin fines de lucro en Nicaragua", dice Blandón.
En enero la lista de organismos cancelados desde el año pasado sumaba 61, tras la cancelación de la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), Asociación Pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región y la Asociación Pro Universidad de Jinotega; por lo que al sumar las 16 organizaciones canceladas este miércoles la lista se eleva a 77.
Migob no quiso recibir los estados financieros
Al rector de la UPF, Adrián Meza, la cancelación de la universidad lo tomó por sorpresa, pero advierte que “no se trata de sentido común”. Puesto que dicha universidad intentó por todos los medios poner sus registros al día, pero no se les permitió.
Las imputaciones del Migob a la UPF “no son ciertas”, señaló Meza al medio Nicaragua Actual. “Nosotros hace 15 días fuimos a presentar los estados financieros que la Dirección de Registro de Asociaciones no nos había querido recibir el año pasado. Fui yo, personalmente, a presentar los estados financieros y no los quisieron recibir”, agregó.
Según el rector, en el Migob “quisieron hacernos unas observaciones y después quisieron que firmara un documento donde supuestamente aceptaba que los estados financieros tenían inconsistencias”. Situación a la que Meza respondió: “pero si no los han revisado, como voy a firmar un documento que dice que acepto que tiene inconsistencia cuando ustedes no los han revisado”, relató.
Para Meza, la verdadera razón del cierre de la UPF es que “asumimos la posición que cualquier universidad con una onza de decencia hubiera tenido que asumir frente a hechos tan irrefutables, como los acontecimientos vinculados a la persecución, tortura y muerte de estudiantes universitarios y de ciudadanos… No entendemos porque la irracionalidad del Gobierno en su reacción”.
Al momento de ser cancelada la UPF tiene una matrícula de 1200 estudiantes, de los cuales, señala el rector, más de 600 son maestros de colegios públicos que estaban en proceso de profesionalización.
CNU dice que se hará cargo
Tras la cancelación de las universidades: Upoli, Ucatse, Uneh, Uponic y UPF; el Consejo Nacional de Universidades (CNU) señaló —a través de un comunicado— que a partir de este 2 de febrero, "garantizará" la continuidad académica de los estudiantes, pero no explicó cómo esto será posible.
El CNU "garantizará la responsabilidad académica y responsabilidades administrativas pendientes de solución de lo que fueron estas organizaciones de educación superior, como consecuencia de la cancelación de sus respectivas personerías jurídicas por el incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas", dice el comunicado.
Horas después, en una declaración que la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, brindo al oficialista Canal 8, aclaró que los estudiantes de las universidades canceladas continuarán sus estudios en los mismos recintos donde estaban inscritos y se comprometió a bajar los aranceles .
"Nosotros hemos conformado los equipos que van a asumir la responsabilidad de conducción de cada una de estas universidades, para que los estudiantes continúen con su actividad académica…, nosotros les damos seguridad que ellos van a continuar sus estudios, van a cumplir con su pensum y el CNU a través de los académicos que nombra va a darle la atención para que lleven sus clases y prácticas", dijo Rodríguez.
Ante la pregunta de ¿Qué universidad emitirá los títulos?, la funcionaria respondió que a los estudiantes que están en la etapa final de su carrera el CNU les brindará la modalidad de graduación que le corresponda, "esta puede ser una tesis, un seminario de graduación" y agregó que todavía está en "análisis" para hacer el proceso de titulación con una universidad certificada, aunque no mencionó ninguna.
"Nosotros les decimos que van a tener su título, que será un título reconocido de una universidad nicaragüense y que servirá tanto en Nicaragua como en otro país. Si es un estudiante de administración de empresa, se le otorgará ese título", subrayó.
El 13 de diciembre pasado también fue cancelada la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), en ese caso el CNU tampoco explicó cómo se haría cargo de la situación. Un mes y medio después, los estudiantes de la Uhispam fueron notificados que podían retomar sus clases a partir del 31 de enero de 2022 en los recintos universitarios que ahora son administrados por el CNU y por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
"Todo lo que fue Uhispam va a seguir funcionando desde el concepto de continuidad educativa, donde está el CNU al frente y hay todo un equipo comprometido y con entusiasmo de trabajar", dijeron entonces las autoridades del órgano rector, controlado también por el partido de Gobierno.
