2 de febrero 2022
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Los reos de conciencia Yader Parajón y Yaser Vado fueron condenados por la justicia orteguista, este primero de febrero, durante la primera jornada de los juicios políticos en las instalaciones carcelarias de “el nuevo Chipote”, calificados como “ilegales” por abogados y especialistas en Derecho Penal.
Parajón y Vado fueron declarados culpables por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”; y Vado también fue condenado por “propagación de noticias falsas”, ambos delitos fabricados por la Fiscalía orteguista, que previamente llamó “criminales y delincuentes” a los reos de conciencia, pese a que la ley establece el derecho a la presunción de inocencia.
El maratónico juicio político transcurrió bajo completo hermetismo y sin permitir la presencia de sus familiares, sumando ilegalidades a este proceso, al que serán sometidos otras decenas de reos de conciencia, según las programaciones establecidas después de que, el pasado 24 de enero, Daniel Ortega ordenó reactivar los juicios políticos que fueron “congelados” desde octubre de 2021, previo a las votaciones presidenciales, en las que se reeligió sin competencia política para un cuarto período consecutivo.
Durante el proceso, el Complejo Policial Evaristo Vásquez, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “el nuevo Chipote”, permaneció custodiado por un contingente de unos cincuenta antimotines, armados con escudos y bastones, que se apostaron a lo largo del acceso a la entrada principal.
CONFIDENCIAL conoció que el juicio estuvo a cargo de la jueza Ulisa Yahosca Tapia Silva y que la Fiscalía solicitó la pena máxima de diez años para Parajón y quince años para Vado -diez por conspiración y cinco por propagación de noticias falsas-, quedando pendiente la lectura de sentencia para este viernes 4 de febrero a las 8 a. m.
Los testigos de la Fiscalía fueron siete agentes de la Estación Uno de la Policía, quienes estuvieron a cargo de los actos investigativos. De esos, tres brindaron versiones contradictorias y una se mostró renuente a responder. Otra oficial de policía, a quién se le preguntó cómo perjudicaban las publicaciones realizadas por Vado, acusado de "propagación de noticias falsas", señaló que "afectaban a su partido" - sin especificar nombre-. Las pruebas ofrecidas durante el juicio no lograron demostrar ninguno de los delitos por los que acusan a Vado y Parajón, confirmó este medio de comunicación.
Padre de Yader Parajón: Sabemos que “no van a sacar a nadie”
Parajón es familiar de Jimmy Parajón, asesinado en mayo de 2018 durante la masacre orteguista contra la Rebelión de Abril; y Vado es universitario expulsado de la UNAN-Managua e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), arrestado en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre. Ambos se convierten en los primeros de más de sesenta opositores y ciudadanos encarcelados durante la oleada represiva ejecutada por la Policía entre finales de mayo y mediados de noviembre de 2021, todos acusados por los delitos fabricados por el Ministerio Público, controlado por el gobernante Frente Sandinista.
Miguel Parajón, padre de Yader, no se sorprendió con el fallo de culpabilidad contra su hijo porque “esta gente –el régimen– no va a sacar a nadie”, expresó. Sin embargo, comentó que Yader le pidió, a través de su abogado, que sea fuerte y que él está esperanzado en salir a través de una negociación entre representantes de la oposición y el régimen.
“Me mataron a uno y ahora me tienen al otro enjaulado”, lamentó el padre con impotencia, y demandó la libertad de todos los presos políticos, “injustamente acusados por leyes inventadas a medida de ellos –el régimen–”, reclamó.
Parajón, de 31 años, ya había sido apresado en 2019 durante cinco días. Desde su nueva detención en 2021, fue enviado a una celda de castigo en la DAJ.
Hoy se iniciaron juicios a opositores y opositoras presas en #Nicaragua, sin independencia judicial ni bases legales. Desde la comunidad internacional, seguimos llamando constructivamente a la democratización y a la liberación de presas y presos políticos en el país #SOSNicaragua
— Antonia Urrejola (@totonia68) February 2, 2022
AMA condena impunidad en juicios políticos
La Asociación Madres de Abril (AMA), conformada por los familiares de las víctimas mortales del estallido social de 2018, se solidarizaron con las familias de presas y presos políticos, y en particular, con Miguel Parajón, padre del reo político, Yader Parajón, quien es miembro fundador de la organización.
Aseguran, por medio de un comunicado, que padre e hijo no han cesado de exigir justicia por el asesinato de Jimmy Parajón, y esa es la verdadera razón por la que Yader está detenido ilegalmente.
Consideran que las detenciones, la tortura sistemática que están sufriendo los reos de conciencia y los juicios anunciados, llenos de arbitrariedades, ilegalidades y violatorios de los derechos humanos, no sólo deben ser declarados juicios nulos, sino como una nueva oleada de “crímenes de lesa
humanidad”.
💙🖤Condenamos la Impunidad y la nueva ola de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua. Nos solidarizamos con los familiares de PPs, hoy en particular, con Miguel Parajón y su hijo Yader Parajón💙🖤https://t.co/aE45xyZkzT#3AñosSinJusticia#AMAyNoOlvida pic.twitter.com/3sxwrTuEPO
— Asociación Madres De Abril (AMA) (@MadresDeAbril) February 2, 2022
Fiscalía junta acusaciones y duplica audiencia
Parajón y Vado fueron detenidos con dos meses de diferencia. Parajón a inicios de septiembre, cuando intentaba salir del país cerca del puesto fronterizo de El Guasaule, en el occidente del país; y Vado en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre, calificadas como una “farsa electoral”.
Sin embargo, el 13 de diciembre de 2021 la Fiscalía solicitó una ampliación de la acusación en una audiencia inicial contra ambos, pese a que Vado ya había tenido una audiencia preliminar y otra inicial, el 26 de noviembre.
“Si Yader fue detenido antes, ¿por qué no los acusaron juntos? La norma aplicaría. No pueden venir a hacer situaciones como las que hicieron”, cuestionó un abogado que conoce de cerca los procesos contra los presos políticos.
“En todo caso, lo que pudiera haber cabido es una acumulación de causa, no una ampliación, y una ampliación que también fue anómala, fue violatoria a la norma constitucional, al debido proceso y al principio de legalidad, porque simplemente, empezaron a evacuar el intercambio de información y prueba del Ministerio Público, sin haber dado a las defensas, copia alguna”, explicó.
Además, Vado, de 26 años, primero fue encarcelado en la Estación Uno de la Policía, y el primero de enero fue llevado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, en Tipitapa, de donde fue trasladado este primero de febrero a “el nuevo Chipote” para ser juzgado.
Madre de Yaser Vado: “Él está angustiado por su libertad”
Zenobia González, madre de Vado, aseguró que el juicio contra su hijo, al que le impidieron ingresar, es totalmente ilegal y afirma que él "no ha cometido ningún crimen". “Estoy con las manos arriba, no puedo hacer nada. Solamente mi ayuda es Dios. Aunque él tenga abogado, usted sabe lo que ellos -el régimen- digan, eso va a ser”, expresó en una entrevista con el programa Esta Noche.
Su madre le había pedido a Vado que se retirara de las organizaciones cívicas y políticas en las que participaba, como la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), por temor a represalias, pero el joven persistió. "Pensar diferente en este país es un delito y pues no se si van a enjuiciarlo por esto por tantos años”, dijo su mamá.
González ha podido visitar a su hijo en "La Modelo", contrario a lo que ha ocurrido con los familiares de los reos que están en “el nuevo Chipote”. Lo ha encontrado en buenas condiciones físicas, pero angustiado por su libertad.
Su madre cuestiona los delitos interpuestos contra su hijo y demanda la nulidad de los juicios. A la vez, se declara a favor de un diálogo por la libertad de todos los reos de conciencia, y en beneficio de la nación.
“Yo estoy de acuerdo que se llegue a un arreglo, tampoco estoy diciendo que sean una moneda de cambio (...)”, expresó.
Juicios en “el nuevo Chipote” violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.
Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
