2 de febrero 2022
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El cinturón de seguridad en los vehículos es un invento de mediados de siglo XX. Ford los ofrecía como equipamiento opcional, solo una ínfima minoría pagaba por ellos. En Suecia, Saab y Volvo los estandarizaron en sus modelos hacia fines de los cincuenta. Y la primera ley de obligatoriedad de uso del cinturón de seguridad es de 1970 en el estado de Victoria, Australia.
En Estados Unidos, el Gobierno federal requería su instalación a los fabricantes desde 1968. Los años setenta estuvieron marcados por controversias entre las agencias regulatorias y de seguridad vial, y aquellos grupos para quienes los cinturones eran una restricción que los incomodaba, o bien una imposición que vulneraba sus libertades y derechos civiles.
En los ochenta Reagan llegó a la Casa Blanca con una plataforma de amplia desregulación de la economía. Ello incluía a la industria automotriz, relajando por ende la legislación existente. Las compañías de seguros llevaron el caso a la justicia, que llegó hasta la Corte Suprema. En voto unánime, la misma desautorizó a la Administración y se alineó con la agencia regulatoria, NHTSA.
En la segunda mitad de la década, la mayoría de los estados comenzaron a legislar sobre seguridad vial gradualmente. Primero sobre cinturones de seguridad, luego asientos para niños y, en los noventa, la obligatoriedad de los fabricantes de incluir bolsas de aire en sus modelos. El cumplimiento de dichas normas se garantizó con multas que han ido aumentado en el tiempo.
La legislación en otras latitudes ha ido acompañando este proceso, obligando al uso de cinturón de seguridad desde los setenta en muchos países europeos y progresivamente en Asia y América Latina. En Argentina es ley desde 1994 y en Colombia desde 2004, por ejemplo.
Curiosamente, en el estado de New Hampshire no es compulsivo el uso de cinturón de seguridad, pero la socialización ha sido tan exitosa que el 70% de sus habitantes lo utilizan, siendo de 86% a nivel nacional. O sea, el inicio de la campaña se basó en coerción estatal, cuyas normas jurídicas se internalizaron en el tiempo y se convirtieron en normas sociales y culturales, es decir, hábitos. Ya nadie se siente “atrapado” por el cinturón.
Y nadie invoca “sus libertades” para no usarlo. La libertad no viene con derechos sobre la vida y la integridad de otro: una persona en una colisión sin cinturón es un “proyectil” dentro de ese vehículo. Mantener a esa persona en su asiento, restringirlo, es proteger la vida de otros.
Un niño es mucho más vulnerable, además, como proyectil o como blanco, y por ello es que existen asientos especialmente diseñados, no usarlos califica como abuso de menor. Y a propósito, el último asiento que se exige para menores en Estados Unidos se llama “booster”, tal como el refuerzo de la vacuna contra el covid-19.
La analogía queda explicitada. Así como existían los “anticinturones de seguridad”, hoy existen antivacunas con idénticos argumentos. Invocan sus derechos, no el derecho a la vida de los demás; ignoran que una persona no vacunada es un transmisor veloz y de mayor carga viral que el no vacunado. Tal vez nunca hayan visto un niño con polio o con difteria, enfermedades erradicadas hoy en la mayoría de los países gracias a programas gubernamentales de inmunización, justamente.
Esos mismos que se transforman en culto de un tenista antivacunas—o de Eric Clapton, inmenso en “Bell Bottom Blues” pero enano en epidemiología—se quejan que los países exijan certificados de vacunación para permitir el ingreso de turistas. Ignoran que se trata de una práctica vieja y frecuente, la historia de las campañas internacionales de vacunación contra la viruela, que se remontan a 1800, ilustra el punto.
Desconocen también el ya viejo requisito de vacunación para registrarse en una institución educativa, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Si no es que la propia escuela vacuna, la educación pública es parte de la ecuación. Es que, sin Estado, su ley, su capacidad regulatoria y su poder de policía no existe la salud pública.
Los críticos de dichas políticas se llaman a sí mismos “libertarios”. La filosofía libertaria, que reivindica el libre albedrio y la libertad individual no es una posición política definida, mucho menos supone un programa de gobierno y de salud pública. Debe existir un orden político definido, un Estado, para poder concebir la propia idea de libertad individual en primer lugar. J.S. Mill escribía “Sobre la Libertad” y sobre “Gobierno Representativo”, precisamente, subráyese Gobierno.
El doble estándar es paradójico. Los Gobiernos de países pobres reclaman equidad en la distribución de vacunas con razón. América Latina tiene el 8% de la población mundial y más del 35% de los casos. En el continente americano se registra el 46% de los fallecimientos por covid-19. Pero los “libertarios” de hoy parecen estar a favor de eximir al Gobierno—al Estado, esto es—de su responsabilidad por la salud pública (y tal vez por la seguridad vial).
