31 de enero 2022
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El Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos calificándolos de "criminales y delincuentes" en una nota de prensa en la que informan de la reactivación de los juicios en contra de los reos de conciencia encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida popularmente como “el nuevo Chipote”, así como aquellos que tiene arresto domiciliar.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, indica el comunicado.
En el Chipote se encuentran encarcelados más de 30 presos políticos desde mediados de 2021, siendo objeto de interrogatorios permanentes y torturas físicas y psicológicas.
Para esta semana están programados los juicios en contra de las reas de conciencia y líderes opositoras Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, y los presos políticos Yader Parajón y Yaser Vado, acusándolos por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” y otros delitos fabricados por el Ministerio Público, que controla el gobernante Frente Sandinista.
“Estas personas acusadas estarán siendo juzgadas por haber violentado la Constitución Política y la Ley 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de Nicaragua. Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, cita el comunicado del Ministerio Público.
La reanudación del juicio político contra Ana Margarita Vijil, expresidenta de Unamos (antes denominado como MRS) se realizará el miércoles 2 de febrero, a las 8:30 a. m., en el Complejo Policial Evaristo Vásquez que es como oficialmente se llama “el nuevo Chipote”. Mientras, el juicio contra la comandante guerrillera, historiadora y líder de la opositora, se efectuará el jueves 3 de febrero a las 8:30 a. m., donde también se desarrollaron a puerta cerrada sus audiencias iniciales y preliminares.
El régimen programó el juicio contra Yader Parajón, hermano del nicaragüense asesinado en mayo de 2018, Jimmy Parajón, y contra Yaser Vado González, estudiante expulsado de la UNAN-Managua, también integrante de Unamos y de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, para el 1 de febrero, también a las 8:30 a. m.
“Han alterado la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, creando zozobra y lesionando los intereses supremos de la nación. Han realizado actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”, cita el comunicado de la Fiscalía.
Este viernes 28 de enero también se conoció la programación de los juicios de la dirigente Unamos, Suyén Barahona, para el 7 de febrero; el periodista Miguel Mora, para el 4 de febrero; la abogada de derechos humanos María Oviedo, para el 14 de febrero; y el aspirante presidencial Noel Vidaurre, quien se encuentra bajo arresto domiciliar. Todas las audiencias que se realizarán en “el nuevo Chipote”.
En octubre de 2021, los jueces donde están radicadas las causas de los presos políticos suspendieron en cascada los juicios políticos de forma indefinida, aduciendo “sobrecarga laboral” o “motivos de fuerza mayor” que no fueron detallados.
Juicios deberían ser anulados
Los familiares de los presos políticos denunciaron las ilegalidades cometidas en los procesos judiciales. En un comunicado, divulgado este viernes 28 de enero, reiteraron la inocencia de sus familiares.
“Durante todo este tiempo—más de ocho meses en una mayoría de casos— a nuestros familiares se les ha mantenido en total indefensión y discriminación inhumana”, afirmaron los familiares en el comunicado.
Los parientes de presos políticos señalaron que se les han violentado y obstaculizado su derecho a la defensa, celebrándose audiencias secretas sin presencias de abogados ni familiares, mientras se les ha impedido reunirse con sus abogados y tener acceso a sus expedientes completos del proceso.
La reactivación de los juicios políticos en contra de los reos de conciencia encarcelados en “el nuevo Chipote”, ordenada por el régimen de Daniel Ortega, es otro acto en una extensa lista de nulidades y violaciones que, para la abogada nicaragüense especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, conduce a una misma conclusión jurídica: el cierre de las causas y la liberación inmediata de los presos políticos.
La jurista sostiene que “no hay ningún fundamento, ni legal ni de hecho” para reanudar los juicios políticos, que califica de “espurios e ilegales”, ni tampoco para mantener encarcelados a los reos de conciencia. Por el contrario, afirma que “hay tantas nulidades en todos estos procesos que lo único que cabe es su liberación de forma inmediata”.
Alianza Cívica detalle ilegalidades
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado en el cual señala que el anuncio del Ministerio Público es la culminación de una serie de arbitrariedades e ilegalidades que se han cometido durante todo el proceso legal en contra de los reos de conciencia.
"Las detenciones se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33. Posterior a la detención, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales y con graves inconsistencias técnicas, tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades y en flagrante violación de todas las garantías de un debido proceso establecido en nuestra Constitución Política", señala el comunicado.
La Alianza Cívica llama a que los presos políticos deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones, aduciendo que no han cometido ningún delito, que sus procesos judiciales están basados en cargos infundados, con ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada y sometidos a una prisión preventiva que vulnera los estándares de sus derechos humanos.
"La cadena de ilegalidades que se han cometido en estos procesos en contra de los presos políticos conlleva la nulidad de los mismos. Los operadores del sistema judicial han violado de forma flagrante la Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos", cita el comunicado.
