30 de enero 2022
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La última publicación en Facebook de Donald Margarito Alvarenga Mendoza fue un video de la canción The Logical Song (La canción lógica), de la banda británica de rock Supertramp, el jueves 28 de octubre de 2021. Diez días después, el 6 de noviembre, lo detuvo la Policía Nacional y, el 13 de enero de 2022, una jueza orteguista lo condenó por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp.
Alvarenga, de 56 años, excombatiente de la guerrilla del FSLN y exoficial del Ministerio del Interior en los años ochenta, es el primer opositor nicaragüense condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, ambas aprobadas a finales de 2020. El chichigalpino fue acusado por los supuestos delitos de “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”.
Una revisión de las publicaciones de Alvarenga, de los últimos meses, muestra únicamente que el ciudadano es fanático de los grupos de rock de los años 70 y 80, así como de la música de protesta. Sus únicas publicaciones de tintes políticos iban dirigidas a exigir la libertad de los presos políticos, y un llamado a no votar en las elecciones del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se aseguraron un mandato más, tras detener a los principales candidatos opositores, líderes cívicos y políticos y cancelar las personerías jurídicas de los partidos de oposición.
“Todos en Chichigalpa —municipio de Chinandega— saben que mi papá es opositor al Gobierno; entonces, entre ellos (opositores) se comparten publicaciones. Como lo dijo mi papá en su momento: ‘Yo no me hago responsable por las publicaciones o los mensajes que llegan a mi Facebook, porque ese es un medio libre’”, comentó Donald Enrique Alvarenga, hijo del preso político condenado.
Razonamiento de la juez
El juicio contra Alvarenga duró más de 12 horas y se realizó en un solo día. Estuvo a cargo de Rosa Velia Baca Cardoza, jueza del Distrito Penal de Chinandega, en el occidente de Nicaragua, quien argumentó que las “publicaciones, expresiones y posteos” de Alvarenga, incitaban “al odio y la violencia”.
Alegó, además, que el ciudadano “fomentaba reuniones con los propósitos de crear zozobra, inestabilidad, angustia y desesperación en la población” de Chichigalpa.
La jueza impuso inicialmente, el 18 de enero, una sentencia de siete años y medio de cárcel, pero un día después, la rectificó y elevó a doce años. Una pena de ocho años “por el delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración)”, y otra de cuatro años “por el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, según el auto de rectificación de Baca Cardoza.
“Se encontraron algunos mensajes que los miro, sinceramente, sin ningún problema. No creo que, en realidad, las cosas que publicaba mi papá en su Facebook pudieran dañar psicológicamente a la población”, señaló Donald Enrique.
Las pruebas contra Alvarenga fueron los testimonios de siete policías, unas publicaciones en su página de Facebook, y unos mensajes en un grupo de WhatsApp.
Norvin Cruz Ponce, abogado defensor de Alvarenga, en una entrevista con el programa Esta Semana –transmitido por Facebook y YouTube por la censura del régimen– opinó que la jueza no tomó en cuenta las inconsistencias de las pruebas aportadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Según el defensor, durante el juicio, les preguntó a los policías si constataron cuáles eran las víctimas atemorizadas por la publicación que supuestamente hizo Alvarenga, y si un profesional determinó esa afectación emocional. “Ellos dijeron que no”.
Los policías justificaron que no podían llevar “a la mitad de la población de Nicaragua, que estaba afectada psicológicamente por la publicación”, según Cruz, quien explicó que “no era necesario traer a la mitad de Nicaragua. Con solo traer a varias personas y demostrar que tenían una afectación emocional a través de un dictamen médico legal, que no ofrecieron”.
Detención ilegal
Alvarenga fue detenido en su casa la noche del 6 de noviembre de 2021, en la víspera de las votaciones nacionales. Sin embargo, en la acusación de la fiscal María Francis Pérez Mojica se afirmó que el ciudadano fue arrestado en la vía pública, el 15 de noviembre.
Según la familia, Donald Margarito estaba en un sillón, en la sala de su casa, cuando tres oficiales entraron y le dijeron que los acompañara. El opositor se levantó, caminó hacia un ropero que está a unos diez pasos del sillón, se puso una camisa, y se fue con los policías, sin resistirse. Afuera de la vivienda estaban dos patrullas llenas de agentes antimotines.
La casa de Alvarenga está a media cuadra de la Alcaldía de Chichigalpa. Es una construcción de antaño, con los techos altos. En algún momento funcionó un cafetín, pero fue cerrado en 2020 porque la municipalidad y otras oficinas estatales, como la del Seguro Social, prohibieron a sus empleados comprar comida en ese local.
“Al señor lo atrapan en su casa. No lo arrestan digamos, ‘infraganti’, en la comisión de un delito, por lo tanto, la ley tiene ciertos límites, yo podría violentar tu derecho a la libertad si realmente te atrapo en flagrante delito”, subrayó el abogado defensor.
En el acta del juicio se indica que Alvarenga fue denunciado por el comisionado Ramón César Quintana, jefe de la Policía de Chichigalpa. Sin embargo, el día del arresto, oficiales de esa delegación informaron a la familia que no sabían de la detención. El ciudadano fue llevado directamente a la estación de Chinandega.
El hijo de Alvarenga relató que el lunes 8 de noviembre fue a la Policía de Chinandega, donde lo atendió un capitán, quien le informó que su papá “estaba detenido bajo investigación”. Sin embargo, no le detalló por qué indagaban a Donald Margarito, argumentando que no podía “hablar de ese tema”.
Confiscan teléfono móvil
Durante el arresto ilegal, Alvarenga le entregó su teléfono móvil a uno de sus hijos, mientras se ponía la camisa para acompañar a los oficiales. Esto fue observado por uno los policías, quien tras sacar al opositor de su casa, regresó a la vivienda y amenazó al joven con detenerlo, para que le entregara el celular.
“Si no se le retuvo el teléfono a Margarito (Alvarenga) con una orden judicial, todo lo que se produce a partir de ese momento es nulo”, afirmó Cruz.
Según el acta del juicio, al acusado le confiscaron un celular pantalla táctil, marca LG K62, de color celeste, y con capacidad para una tarjeta de memoria SIM. El teléfono fue evaluado por un perito policial, el subinspector Wilson Martín Díaz Ríos, quien presuntamente encontró “las pruebas sobre los delitos”.
“¿Qué es lo que descubren en el teléfono? (Al juicio) llegaron peritos de informática de la Policía y hablan que se miran cuestiones que son adversas al Gobierno, publicaciones que según la Ley Especial de Ciberdelitos en el artículo 30, refieren a noticias falsas o tergiversadas”, relató el abogado.
“En primer lugar, se debió demostrar si eran verdaderas o falsas, y lo más importante, saber quién las publicó, porque aparecía en un grupo de WhatsApp que denominaban Los Pingüinos”, señaló.
El expediente judicial detalla que, supuestamente, el 19 de mayo de 2021, en ese grupo de WhatsApp —con la imagen de un mortero— se publicó el mensaje: “Si el pueblo no tiene paz, el Gobierno hijueputa tampoco”.
De acuerdo con el defensor, “se hacen algunas aseveraciones de críticas al Gobierno en un grupo que se denominaba ‘Los Pingüinos’, pero no precisamente del número del señor Margarito. Incluso él, cuando toma la palabra (en el juicio), le dice a la juez que ‘yo no me puedo hacer cargo de publicaciones que mandan a mi teléfono’”.
Espionaje policial
En su testimonio ante la juez, el comisionado Quintana reveló que la Policía Nacional espiaba a Alvarenga desde julio de 2019, a través de “fuentes secretas de Chichigalpa, oficiales de Inteligencia, y civiles”, entre ellos el jefe del FSLN de la zona, Ramón Pastora.
“(Los policías) hablan en la acusación de que le estaban dando seguimiento desde 2019, pero la ley con la que lo condenan se promulgó a finales de 2020. Entonces ahí hay una lesión al principio de retroactividad establecido en la Constitución Política”, dijo Cruz.
La Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Esta legislación establece hasta diez años de cárcel para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas, a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
La Ley 1055 o “Ley de Soberanía” fue aprobada el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía ha convertido esa legislación en una herramienta represiva, a través de la cual justifican los arrestos contra los opositores al régimen.
La familia Alvarenga comentó que nunca tuvieron presencia policial en su casa —como ha sucedido con otros opositores del régimen—, por lo que les sorprendió enterarse que Donald Margarito era vigilado.
Un familiar de Donald Margarito Alvarenga muestra una foto del opositor. Foto: Confidencial
Combatiente sandinista
El único incidente han sido unas pintas en la parte frontal de su vivienda. Esto ocurrió después de las protestas ciudadanas de 2018, en las que Alvarenga participó en Chichigalpa.
“Como en la casa había un cafetín, entonces rayaron la pared, pusieron ‘Restaurante El Golpeón''', comentó Donald Enrique, quien agregó que “mi papá no se amedrentó y en la página en Facebook del comedor, le cambió el nombre de Las Delicias a El Golpeón. Fue una forma de demostrarle al Gobierno que eso (las pintas) no lo afectaba”.
“Él me decía: ‘Hijo, yo sé dónde estoy parado. Sé a lo que me estoy metiendo; tal vez, en su momento puede que se den algunas cosas, pero no te preocupés. Esto va a cambiar, no toda esta lucha es en vano”, señaló el hijo del preso político.
La dictadura orteguista es la segunda contra la que lucha Donald Margarito. El chichigalpino entró a las filas del Frente Sandinista en 1978, cuando tenía 15 años. Se unió a la causa revolucionaria ante el asesinato de un primo, a manos de la Guardia somocista. Los familiares de Alvarenga aseguran que él nunca ha dejado de ser sandinista, pero que no comulga con la actual dirigencia del FSLN.
Alvarenga fue jefe de oficiales y cuadros del Ministerio del Interior, a principios de los años 80, pero dejó la carrera policial para dedicarse a estudiar Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional Agraria (UNA). “Él decide salirse de la Policía, pero nunca abandonó sus ideales sandinistas”, aseguró Donald Enrique.
“Hubo muchas cosas que no le gustaron dentro del Frente Sandinista, respecto a cómo se designaban los cargos y candidaturas. Siempre ha sido de las personas que dice: ‘votemos, elijamos, y no digamos que fulano va hacer tal cosa’”, describió el hijo.
“En su momento, él cambió del FSLN al MRS (Movimiento Renovador Sandinista). Él dice que lo que está pasando ahora en el Frente Sandinista no es el pensamiento de Sandino”, añadió.
En octubre pasado, Donald Margarito publicó tres veces, en Facebook, videos de la canción The Logical Song (La canción lógica), que cuenta la historia de un “hombre simple” que de joven vivía en un mundo que parecía “maravilloso” y “mágico”, pero que al crecer se pregunta “quién es” y qué hace en un mundo “maravillosamente sangriento”.
