3 de febrero 2022
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El régimen orteguista ha inaugurado, en los últimos dos años, 104 Comisarías de la Mujer y la Niñez, que previamente fueron cerradas con discrecionalidad. Sin embargo, la reapertura de estas oficinas no ha sido suficiente para detener la violencia machista, que en el mismo periodo ha acabado con la vida de 143 mujeres, entre ellas Martha Alicia Robinson, la primera víctima de femicidio en 2022.
Tras el asesinato de Robinson, el Gobierno aseguró que trabajan en una nueva estrategia para detener los femicidios que son considerados: “una plaga, una peste, una pandemia”, por la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero, desde la perspectiva de la socióloga Marycé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, la estrategia es necesaria, pero ve poco probable que logre su objetivo mientras en el país no se respeten las leyes y los derechos humanos.
Agrega que en Nicaragua tampoco se puede hacer “borrón y cuenta nueva”, como sugirió el presidente Daniel Ortega respecto a los crímenes cometidos en el contexto del estallido social de 2018. “Esa es una frase típica de un agresor”, considera la defensora, en una entrevista con CONFIDENCIAL, en la que además, analiza la importancia de visibilizar los femicidios en grado de frustración y el aumento de la impunidad.
El Gobierno anunció la realización de una estrategia “de protección, promoción de valores, que permita detener los femicidios”. ¿Qué debe contener esa propuesta para que en la práctica funcione?
En primer lugar, debe tener como punto de partida una investigación nacional de la situación real de las mujeres y las niñas en Nicaragua. Luego, debe ir acompañada, tanto de las víctimas -conocer su percepción-, como de los funcionarios públicos y de los hombres, como parte de corresponsabilidad de esta problemática, y también del acceso a la justicia real.
En Nicaragua tenemos graves condiciones en la atención a la víctima, de apoyarlas, de protegerlas. Más bien, hay demasiado tráfico de influencia que protege a los agresores que hace que anden prófugos, y que no cumplan o no paguen por el delito cometido. Por otro lado, parte del acceso a la justicia es la justicia social, es decir, la reparación de los daños. Cómo las mujeres van a tener acompañamiento psicológico, recuperación del trauma, ver a los niños, niñas y adolescentes huérfanos, ver de qué manera apoyar a la familia para que sane ese trauma (...)
El femicidio es lo extremo de la violencia, pero antes hubo violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia en todas sus expresiones. Esto debe de tener esta estrategia, cómo acabar con la violencia antes de llegar al femicidio, cómo prevenir, que las mujeres identifiquen al agresor antes de que cometa un delito
Desde 2020 el Gobierno retomó la reapertura de las Comisarías de la Mujer y la Niñez. Sin embargo, se siguen matando a más mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando?
Hubo un cierre, una ruptura al protocolo de atención y al acceso a la justicia para las mujeres que agudizó el problema. Ahora, vienen con querer reparar el daño, queriendo reabrirlas- las Comisarías- pero, vos hacés un estudio de cómo está funcionando la Comisaría de la Mujer a nivel nacional, va a salir completamente aplazadísimo.
No cumple con ningún estándar internacional de protección a las víctimas de violencia porque no hay personal especializado, no hay ni siquiera una línea de atención donde las mujeres puedan llamar, vas a poner denuncia y te juzgan, te dicen no hay para la gasolina, no cumplen con las medidas precautelares, más bien, te manipulan para que mediés. Esto es completamente garrafal y debería de ser sancionado. Ningún funcionario público debe manipular a ninguna víctima para que medie con su agresor y eso es lo que vemos en las Comisarías y esto, por conocimiento de causa, porque he escuchado las expresiones de mujeres que van a poner denuncia y no se les pone atención.
Los femicidios y la violencia contra las mujeres en Nicaragua
Esta reapertura no ha servido de nada porque no es una institución que vea de manera específica la violencia. Debe de haber, como te digo, funcionarios sensibles con recursos económicos a la par con una campaña de prevención. La Comisaría de la Mujer es la puerta de entrada para el acceso a la justicia de las mujeres. De los 71 femicidios de 2021 y -los 71- de 2020, el 90% está en la impunidad, otros hombres se suicidaron, otros están prófugos.
En 2021 se legalizó la cadena perpetua para castigar crímenes de odio. ¿Cuál ha sido el impacto de esta medida en la ruta de acceso a la justicia para las familias de las víctimas de femicidio?
De los casos que nosotras conocemos apenas cuatro han sido condenados a cadena perpetua por violencia. Muchas de las familias movidas por el dolor y la indignación están pidiendo cadena perpetua para muchos de los femicidas y agresores que asesinaron a sus hijas. Sin embargo, nosotras, como defensoras de derechos humanos, no podemos estar a favor de una ley completamente inhumana y en contra de los derechos humanos (...) es más de una acción educativa, de más acceso a la justicia.
Es contradictorio tener una ley de cadena perpetua y por otro lado, hay hombres indultados, que ni siquiera cumplieron con su condena, salieron y volvieron a cometer el delito (...) es como ponerle parche a una problemática que se debe de ver de manera integral. No vemos ningún impacto, ningún efecto positivo de esta ley.
¿Cuál es el nivel de impunidad en los casos de femicidios? ¿Ha crecido desde 2018 a la fecha?
La impunidad ha tenido un aumento bastante alarmante, indignante y considerable de atención, las estadísticas te lo dicen: 140 femicidios en grado de frustración - en 2021-, 71 femicidios 2020 y 2021 -respectivamente- y que en vez de reducir con un marco jurídico, más bien, van en aumento. Y esto lo propician las múltiples crisis que están ocurriendo en Nicaragua (...) todo este ambiente de desprotección e indefensión para las mujeres propicia la impunidad y la aumenta.
¿Qué rol juega la mediación?
Es gravísimo. Ninguna ley de protección a víctimas de violencia machista contempla la mediación porque solo se hace cuando hay igualdad de poder entre ambas partes.
Se puede mediar cuando vos tenés igualdad de poder y podés conciliar con una persona, pero en violencia machista donde las mujeres han sido amenazadas de muerte, donde tienen un historial de violencia, donde están desbaratadas emocionalmente, donde tienen una distorsión absoluta de lo que es la realidad de su autoestima, de su poder personal que lo tienen por el suelo, ¿va a poder mediar una mujer con un agresor que la amenaza, la manipula, la chantajea, la humilla, que amenaza a sus hijos, que amenaza a la familia?
Es completamente contraproducente, es poner en riesgo la vida de las mujeres y de sus hijos (...) la mediación no favorece a la víctima, es todo lo contrario, favorece a los agresores.
Hasta ahora el Estado no reconoce los femicidios en grado de frustración. ¿Qué se requiere para visibilizarlos?
En las instituciones, específicamente, las Comisarías no visibilizan los femicidios que ocurrieron en el ámbito público mucho menos los femicidios en grado de frustración y eso es otro problema que imposibilita tener estrategias de acción.
¿Es necesario reformar la Ley 779?
Son 140 mujeres que escaparon de la muerte y que están con secuelas gravísimas. Esas mujeres están vivas, pero te aseguro de que están muertas por dentro. A nivel emocional y a nivel psicológico, son mujeres desbaratadas que no tienen ningún acompañamiento, igual sus hijos, su familia; fueron 140 en 2021, pero el resto de los otros años. ¡Es alarmante, barbaridad!
No está especificado en la Ley 779.Un artículo que tenga todos estos análisis, de lo que significan femicidios en grado de frustración y cómo debe ser acompañado.
El presidente Daniel Ortega dijo el pasado 10 de enero- en su juramentación para un cuarto mandato presidencial consecutivo, que había que hacer “borrón y cuenta nueva” en referencia al estallido social de abril de 2018. Sus declaraciones fueron rechazadas por las familias de las víctimas que continúan demandando justicia ¿Cómo incide esa postura en la lucha por evitar que ningún femicidio se quede impune?
Ese discurso es otro que promueve la impunidad y propicia que los agresores que han cometido crímenes contra las mujeres no paguen su delito. En Nicaragua se debe recuperar la memoria histórica, que no olvidemos lo que se ha cometido y no olvidemos lo que se ha cometido con las mujeres.
Aquí hay vidas pérdidas. Aquí hay familias completamente rotas, familias completamente quebradas por todos estos crímenes que se han cometido y se debe reparar ese daño y -que haya- justicia. De que se hable con la verdad, de que todos los que cometieron crímenes paguen por su delito. No es hacer borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que ese es un discurso de típico agresor.
¿Qué te dice el agresor?- Perdóname- hagamos como que si no pasa nada y volvemos a empezar, volvemos a empezar pero el ciclo de la violencia. Por eso es importante esto de la no impunidad y de que los agresores paguen por su delito, porque si ellos pagarán por su delito y se dieran cuenta de lo tremendo y el efecto que tiene la violencia, te aseguro de que no estaríamos hablando de tantos femicidios. Ese de borrón y cuenta nueva es de un típico agresor de Nicaragua.
