20 de enero 2022
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La falta de respuesta del régimen de Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes “herramientas para presionarlo” y su accionar está limitado a “una condena moral”. Por lo que analistas políticos advirtieron que, pese a estar debilitado políticamente, Ortega “tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país”.
“Se hicieron gestiones en todos los niveles. Se enviaron comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega, y también se hicieron contactos institucionales al más alto nivel con la Cancillería de Nicaragua y sus dependencias”, apuntó Almagro en una reunión del Consejo Permanente. “De las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de la misión de buenos oficios de alto nivel; es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto”, agregó.
El analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, valoró que el informe de Almagro muestra “la falta de interés” del régimen de Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación de aislamiento que se ha venido dando a partir de su reelección sin competencia política. “También evidencia un cuestionamiento a la autoridad misma, de la credibilidad, de la Secretaría General de la OEA”, agregó.
Para el exdiputado y analista político, Eliseo Núñez, el régimen de Nicaragua además de “ignorar a la OEA” mostró “una intransigencia enorme”. Puesto que Ortega supone “que si acomoda sus fichas hacia el lado de los rusos, los iraníes y los chinos, ya no necesita del Hemisferio occidental”, situación que, advierte, “son errores que Ortega ya cometió en los años ochenta y que está volviendo a cometer”.
A juicio de Núñez, “Ortega está haciendo malas apuestas” en el plano internacional, pero “aún en la debilidad política que tiene, como un rechazo de la población y un rechazo en la comunidad internacional, todavía tiene una gran capacidad de hacerle daño al país y continúa dañándolo”.
Más gestiones no arrojarán resultados diferentes
El doctor en Relaciones Internacionales y profesor en las universidades Georgetown y George Washington, Rubén Perina, señaló que era “de esperar” que Ortega no aceptara la visita de una delegación de alto nivel de la OEA. Puesto que lo que le pide el organismo regional Ortega no lo puede conceder porque “sería un suicidio político”. El mandatario nicaragüense “sabe que no puede ganar elecciones libres, justas y transparentes”. No obstante, “Almagro insistirá, pero no creo que tenga éxito”, agregó.
Pero “la diplomacia nunca cierra puertas”, advirtió el exdiputado Núñez. Es por eso que el secretario general dejó entrever que se puede seguir haciendo gestiones con el régimen de Ortega. Aunque en este momento “Ortega no tiene ningún incentivo para negociar ni para acceder a absolutamente a nada”, subrayó.
De igual forma, Breda consideró que “en este momento es difícil ver una apertura por parte de Ortega, porque si no cambia la correlación de fuerzas, si no cambia la actitud y la disposición de ciertos Estados, de pasar a una acción más concreta y aumentar la presión hacia el Gobierno, me parece difícil que en estas circunstancias… estas gestiones puedan dar resultados diferentes”.
Mientras tanto, Perina recomendó reactivar el grupo de trabajo creado en 2018 para dialogar y negociar con Ortega sobre el retorno a la democracia vía elecciones íntegras, ya que esto permitiría “insistir de manera colectiva” y “podría ser más fructífero que la iniciativa unilateral o personal de Almagro”. El grupo de trabajo está presidido por Canadá y Chile.
“Si esta iniciativa fracasase entonces sí se debería insistir en el Consejo Permanente para encontrar la mayoría calificada (24 votos), para aplicar el artículo 21 y 22 de la Carta Democrática Interamericana y condenar y suspender a Nicaragua”, indicó Perina. “La resolución que lo haga debería también urgir a los países que apliquen sanciones diplomáticas, económicas y financieras, así como a organismos multilaterales de financiamiento”, subrayó.
No obstante, el exdiputado Núñez advirtió que si los impulsores de la suspensión de Nicaragua de la OEA no lo han llevado a agenda “es porque tienen dudas” en cuanto a “si vale la pena expulsar a Ortega y dejar que siga su camino o mejor lo mantienen dentro (de la organización) y encuentran otro tipo de herramientas para presionarlo”, dijo.
Argentina condena presencia de Rezai en Nicaragua
Muestra del desinterés del régimen de Ortega en los asuntos del Hemisferio occidental fue la presencia en Nicaragua de Mohsen Rezai, quien asistió como invitado de honor a la autoinvestidura del mandatario nicaragüense a pesar de ser buscado por la Interpol señalado por el atentado terrorista ocurrido en Argentina en 1994. El hecho fue condenado por el Gobierno de Alberto Fernández en la OEA, pero la delegación de Nicaragua defendió la presencia del iraní.
“La delegación de Nicaragua está realmente sorprendida ante este anuncio que se ha hecho el día de hoy porque no tuvimos acceso a la declaración para evaluarla, para considerar una respuesta como corresponde. Sin embargo, debemos decir que Nicaragua como país soberano, como nación independiente, y como pueblo digno, puede invitar a su país a quien desee a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega”, expresó el representante de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields.
Sin embargo, el embajador de Uruguay, Washington Abdala, afirmó que en casos como un acto terrorista “no hay lugar para la zona intermedia”. “En el mundo de la política internacional, del debate internacional, hay zonas eclécticas. No se puede hacer eso con los actos de naturaleza terroristas. Cuando se está en ese territorio de las violaciones a los derechos humanos, del genocidio, debemos tener una postura firme”.
Para el exdiputado Núñez, “es vergonzoso” que el Gobierno de Nicaragua esté “amparando delincuentes” y recordó que, además de Rezai, en este país están refugiados los expresidente de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes son buscados por la justicia salvadoreña.
