14 de enero 2022
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La farsa electoral del 7 de noviembre pasado no fue un típico fraude electoral en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pasó de cambiar los votos, en las elecciones de 2008, a un sistema fraudulento que abarcó “todo el proceso” en 2021, concluye el libro blanco Nicaragua: Colapso electoral 2021, presentado este jueves por un grupo de exiliados nicaragüenses.
“Nos enfrentamos a un modelo de fraude diferente”, advirtió el abogado y analista político, Eliseo Núñez, durante la presentación del documento. “Es un modelo que no solo garantiza la permanencia en el poder del régimen, sino que sienta las bases para mostrar una aparente renovación del contrato social del país”, agregó.
A juicio del analista, Ortega y Murillo hicieron del proceso electoral “un fraude intelectual”, ya que diseñaron desde cero la imagen que quisieron vender a la comunidad internacional y no se limitaron a “un fraude material”, como los realizados en elecciones anteriores.
El libro detalla también que el modelo de fraude instaurado por Ortega y Murillo basa su efectividad en “proporcionar ventajas a los poderes fácticos frente a las agrupaciones políticas, basando su estrategia de venta internacional en un juego de presentar hechos consumados y con esto reducir el margen de la posible negociación a unas pocas concesiones”.
Cambio cualitativo y conceptual del fraude
La fórmula utilizada por Ortega y Murillo, advierte el libro blanco, se escondió tras “un monólogo donde aparentemente la necesidad de practicar un fraude lucía innecesaria”, debido al control total que estos tienen en el sistema electoral y la ausencia de verdaderos opositores en la contienda.
Sin embargo, el fraude electoral fue practicado “no para asignar votos al partido FSLN”, sino en aras de “simular un proceso ordenado y altamente participativo que le genere una imagen de legitimidad basada en la aceptación de la población de los resultados sin protestas y con aparente alta participación en las elecciones”, subraya el libro.
Para darle una pincelada de legitimidad a la farsa electoral, el Gobierno intentó vender como cierta “una alta participación electoral de la ciudadanía, pluralidad política electoral, oposición débil y un enorme apoyo popular al régimen”, señala el texto. Sin embargo, el observatorio de Urnas Abiertas comprobó “una baja participación ciudadana, una población sin opciones políticas, dirigencia opositora encarcelada y un bajo apoyo popular al régimen”.
Urnas Abiertas, en colaboración con otras redes ciudadanas, reportó una abstención del 81.5%, recibió 2031 reportes de anomalías y violencia política, vinculados a 971 reportes ciudadanos provenientes desde todos los departamentos y regiones del país, en particular de 128 municipios, lo que representan un 84% del total de los 153 municipios.
Elecciones en un ambiente de represión
Núñez indicó que las elecciones se desarrollaron en “un ambiente de represión”, ya que los votantes fueron coaccionados con “amenazas de despido en el Estado, exclusión de los programas de asistencia social, exclusión de los programas de servicio en Salud y ofrecimiento de dádivas a cambio de voto”.
En el proceso electoral también “hubo violencia política”, enfatizó la socióloga e investigadora, Elvira Cuadra. Muestra de ello fue el encarcelamiento, amenazas y exilio de opositores.
“Usualmente, en los procesos electorales en Nicaragua la violencia política es algo que ocurre; sin embargo, en este proceso electoral de 2021 hubo un escenario específico de violencia política que no se circunscribe únicamente al día de las votaciones sino que tiene antecedentes más largos”, comentó Cuadra.
Para la socióloga, la violencia política se manifestó también en el hecho que la votación “era parte de un escenario construido” por Ortega y Murillo, quienes controlaban “todas las variables del proceso” y, además, se hizo bajo “una política de represión sistemática” impuesta desde 2018.
Además, el libro blanco destaca que en Nicaragua la “institucionalidad está en harapos”, ya que el régimen de Ortega y Murillo, que esta semana cumplió 15 años consecutivos en el poder, ha inutilizado al Consejo Supremo Electoral (CSE), instrumentalizado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sustituido el modelo de democracia representativa por acuerdos entre poderes fácticos.
De forma simultánea al proceso electoral fraudulento, el régimen emprendió una campaña de persecución a opositores, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas. Situación que el periodista Fabián Medina definió como la eliminación de los “testigos incómodos”.
“Para las elecciones se desarrolló una etapa de criminalización del periodismo. Ya no era polarizarnos, no era desacreditarnos, ponernos como alguien nocivo sino poner nuestra actividad como una actividad delictiva. Es decir, lo que hacemos se convirtió en delito”, enfatizó Medina.
