13 de enero 2022
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Nicaragua vivió en 2021 unas elecciones generales sin garantías, con decenas de dirigentes opositores en la cárcel, y con miles de ciudadanos huyendo al exilio, informó este jueves la organización Human Rights Watch (HRW), en su informe anual “América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas”.
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“Las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el Gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales”, señaló HRW, en su informe.
Desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno de Ortega, “más de 110 000 nicaragüenses han huido de su país”, agregó.
El organismo indicó que, desde que Ortega volvió al poder en 2007, “ha desmantelado casi todos los controles institucionales sobre el poder presidencial (...) destituyó a los legisladores de la oposición en 2016 y prohibió los partidos políticos de la oposición antes de las elecciones presidenciales de 2021”.
Entre mayo y octubre pasados las autoridades nicaragüenses “detuvieron arbitrariamente a siete candidatos presidenciales y 32 destacados opositores al Gobierno” para ser investigados “por supuestos cargos de traición”, en procesos dirigidos por “fiscales no identificados” y defensores asignados por el mismo Estado, alertó.
Inacción frente a la covid-19 en Nicaragua
HRW afirmó que en Nicaragua hay “más de 100 supuestos críticos detenidos anteriormente” a 2021.
“La mayoría de los críticos han estado recluidos en régimen de incomunicación y sometidos a abusos durante la detención, incluidos interrogatorios diarios, confinamiento solitario prolongado y alimentación insuficiente”, apuntó.
El informe subrayó que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en 2021 abarcó el tema de la salud.
“La negación, la inacción y la opacidad han caracterizado la respuesta del Gobierno a la pandemia de la covid-19. El Gobierno no tomó medidas de emergencia en respuesta a la pandemia, mantuvo las escuelas abiertas y despidió a los médicos críticos que no estaban de acuerdo con su gestión de la respuesta al covid-19”, anotó.
Sobre la pandemia, especificó que “mientras el Gobierno reportó más de 13 000 casos y más de 200 muertes, a septiembre de 2021, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19 registró casi el doble de casos sospechosos y 4 500 muertes sospechosas”.
El Gobierno ha acusado a la organización y a los médicos críticos de promover el “terrorismo sanitario”.
Ataques a médicos, periodistas e indígenas
En su informe, HRW resaltó los “ataques a defensores de los derechos humanos y medios independientes”.
“Son objeto de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, campañas de difamación en línea y detención y enjuiciamiento arbitrarios”, mencionó la organización, que señaló en ese sentido a la Policía Nacional.
“El Gobierno restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación a través de amenazas, agresiones físicas, detenciones, investigaciones financieras arbitrarias, procesamientos arbitrarios y cierres forzosos”, agregó.
Asimismo, indicó que entre agosto y julio de 2021 más de 45 ONG fueron cerradas.
También subrayó que desde 2018 “Ortega ha obligado a al menos 100 periodistas a exiliarse, incluidos 25 en 2021. En agosto de 2021, al menos nueve indígenas habrían sido asesinados y dos mujeres abusadas sexualmente en un ataque relacionado con una disputa sobre la extracción de oro en el territorio indígena Mayangna Sauni As”.
Además, observó que desde abril de 2018 hasta junio de 2021 más de 110 000 personas han huido de Nicaragua, de los cuales 80 000 han solicitado asilo en Costa Rica, mientras el resto vive en Estados Unidos, Europa, México y Panamá.
“La Policía, en coordinación con grupos armados progubernamentales, reprimió brutalmente protestas masivas antigubernamentales en 2018, dejando al menos 328 muertos, unos 2000 heridos y cientos de detenidos”, subrayó HRW.
