2 de enero 2022
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En 2022 se ahondará el aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega, que en 2021 enfrentó un escenario internacional adverso, como consecuencia de su deriva autoritaria, la ejecución de una “farsa electoral” y el encarcelamiento de decenas de opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales, advierten expertos en asuntos internacionales que minimizan el “salvavidas” que la dictadura busca al realinearse con potencias como China o Rusia.
Este 10 de enero está prevista la toma de posesión del nuevo mandato de Ortega y Murillo —el cuarto consecutivo de él como presidente y el segundo de ella como vicepresidenta—, un acto que expertos en temas internacionales anticipan que será una oportunidad para que los países desconozcan a las autoridades.
El catedrático Carlos Murillo Zamora, de la escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), estimó que hay dos formas de aislamiento: una “que proviene de foros multilaterales como la OEA, algunas instancias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y la Unión Europea”.
La segunda se da en el plano bilateral. “Habrá que esperar al 10 de enero, para ver qué hacen algunos Gobiernos que no han reconocido el resultado de las elecciones. ¿Qué van hacer esos Gobiernos con el reconocimiento hacia las nuevas autoridades?”, comentó.
Tras el 7 de noviembre, casi una cuarentena de países declararon “ilegítimas” las votaciones en las que Ortega se reeligió sin competencia política, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea —integrada por 27 naciones—, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Panamá, entre otros.
Además, el 12 de noviembre, la Asamblea General de cancilleres de la OEA aprobó —con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia— una resolución que declaró que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, a la que el régimen respondió con una solicitud para retirarse de la OEA.
Los “aliados” de Ortega
Un especialista nicaragüense —que solicitó omitir su nombre por temor a represalias— opinó que “Ortega ya está aislado de una gran parte de la comunidad internacional”, y solo cuenta con el apoyo de países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, Bielorrusia y Corea del Norte, que “tienen regímenes despóticos, totalitarios y autocráticos”.
Explicó que el “no reconocimiento internacional” corresponderá al día de la nueva toma de posesión de Ortega, “donde inmediatamente pasará a ser un régimen ilegal, sin legitimidad, ni reconocimiento de la comunidad internacional”, por lo que “el aislamiento será mayor del que ya tiene”.
“El hecho de ser un Gobierno ilegítimo tendría que derivar en algo más que las sanciones a personeros o empresas ligadas al régimen de Ortega, y en eso es que la comunidad internacional deberá trabajar y determinar hasta dónde puede llegar”, subrayó el analista.
La Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), ha advertido que, en el ámbito internacional, Nicaragua se verá cada vez más aislada, tanto a nivel regional como global, “a medida que el régimen se niegue a abordar las preocupaciones de la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos y las libertades políticas”.
Cada mes, el EIU —que forma parte del Grupo The Economist—, hace un análisis de Nicaragua, mezclando elementos del ámbito político con los del área económica (nacional e internacional para ambos ámbitos). En su último informe detalló que el aislamiento puede llevar al cierre del financiamiento internacional, cuya generosidad reciente se ha basado en razones humanitarias, pero si Nicaragua es expulsada de la OEA, “incluso este financiamiento podría estar en riesgo”, por lo que el futuro del país dependerá cada vez más, mayoritariamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde Estados Unidos no tiene influencia directa.
Carlos Cascante Segura, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), de Costa Rica, indicó que cuando se produce un aislamiento diplomático, se cierran las llaves de cooperación y se ven afectados los proyectos que generan un beneficio para la población más necesitada. “Eso trae a veces una consecuencia no deseada: ante el aumento de la pobreza, el manejo de las redes clientelares se hace más fácil para gobernar por las dictaduras”.
Sanciones internacionales
En 2021, al menos 30 funcionarios del régimen y una entidad pública —la Fiscalía— fueron castigados por 64 diferentes sanciones impuestas por los Gobiernos de EE. UU. (14); Canadá (26), Reino Unido (ocho), Suiza (ocho) y la Unión Europea (ocho).
Ninguno de ellos puede entrar en esos países o comunidades y se les han congelado los activos y acciones que tengan en esos territorios. Además, los ciudadanos y las empresas de esas naciones tienen prohibido hacer transacciones con los sancionados.
Cuatro funcionarios destacan entre los 31 sancionados, ya que recibieron hasta cuatro sanciones cada uno. Estos son: Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Ana Julia Guido, fiscal general; y los comisionados generales Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León, y Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
Luego le siguen con tres sanciones la vicepresidenta Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el asesor de temas económicos, Bayardo Arce Castaño.
El 15 de noviembre, tres países coincidieron en la imposición de sanciones a funcionarios y operadores de Ortega. Por la mañana, Estados Unidos castigó a nueve ciudadanos y la Fiscalía. Horas después, Reino Unido anunció sanciones a ocho orteguistas, entre ellos la primera dama. Por la tarde, Canadá castigó a once altos cargos del régimen. En los tres casos, fueron las listas más largas de sancionados hasta la fecha.
Peligro ante la Ley Renacer
EIU ha destacado en todos sus informes que “una de las principales vulnerabilidades del régimen, es su exposición a las medidas punitivas de Estados Unidos”.
La publicación británica aclaró que las sanciones individuales no tendrán “gran impacto en el régimen”, por lo que “existe el riesgo de que Estados Unidos intensifique la presión a través de sanciones en toda la economía, lo que eventualmente podría debilitar la posición” de Ortega, a través de la Ley Renacer, que fue firmada el 10 de noviembre por el presidente estadounidense, Joe Biden.
La legislación —Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer)— fue presentada a finales de marzo de 2021 de manera bipartidista en el Senado. El proyecto fue liderado en la Cámara Alta por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. En la Cámara Baja, la propuesta ha sido impulsada por el congresista demócrata Albio Sires.
La Ley Renacer amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen y recomienda al presidente Biden “revisar la participación continua de Nicaragua” en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, solo del sector textil. Empresarios y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguraron que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El DR-Cafta —que entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006— representó una gran oportunidad para el país. Nicaragua pasó de exportar a Estados Unidos, 228.4 millones de dólares, en 2006, a 1402.1 millones de dólares, en 2020.
División en Centroamérica
Las votaciones en el seno de la OEA han mostrado una división de los países centroamericanos en torno a la crisis nicaragüense: Belice, Guatemala y Honduras se han abstenido casi siempre, mientras El Salvador, Costa Rica y Panamá han votado a favor de las resoluciones contra el régimen.
Murillo comentó que los países de la región valoran el tema comercial, ya que no hay forma de evadir a Nicaragua. “Si Nicaragua cierra las fronteras es un problema para el intercambio comercial terrestre”, destacó.
Las exportaciones intrarregionales representan más del 25% del total de las exportaciones centroamericanas, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese porcentaje poco ha variado en los últimos años.
El mayor rechazo regional hacia el régimen se ha visto en la elección del nuevo secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cargo que le corresponde a Nicaragua, pero que los demás países han vetado la terna presentada por el Gobierno orteguista. Según fuentes diplomáticas centroamericanas, el argumento de los Estados es que Ortega ha propuesto a “personas sin muchos conocimientos” en el servicio exterior, y “muy allegadas al régimen”.
La terna está compuesta por el exguerrillero sandinista y diputado saliente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Orlando Tardencilla —a mediados de diciembre fue nombrado embajador ante la ONU y otros organismos internacionales con sede en Suiza—; a la actual titular del Ministerio de Gobernación (Migob), María Amelia Coronel Kinloch; y a la arquitecta Luz Marina López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
El distanciamiento regional respecto a Nicaragua motivó además la cancelación de la reunión LVI de Jefes de Estado del SICA. Solo dos presidentes — Ortega, de Nicaragua, y Juan Orlando Hernández, de Honduras— confirmaron su asistencia de un total de ocho de la organización.
Para el exministro de relaciones exteriores de Guatemala, Edgar Gutiérrez (2002-2004), “hay una señal de que el sistema de integración centroamericano está llegando a un punto de fractura, y está determinado por lo que ocurrió en la reelección de Daniel Ortega”.
En vista de los conflictos que se vendrán con Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana crearon en septiembre pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática.
Los presos políticos rehenes de Ortega
Cascante Segura explicó que las sanciones internacionales y el aislamiento “moverán” a Ortega a negociar la “situación” de los presos políticos en El Chipote.
“El frente de Ortega y Murillo se han venido preparando los últimos años para llegar a esta situación de aislamiento y para negociar dentro de este escenario. Tiene una serie de presos políticos que serían la primera moneda de negociación”, subrayó el experto.
La liberación de los reos de conciencia ha sido una solicitud constante en los foros internacionales. En su resolución de noviembre pasado, la Asamblea General de la OEA reiteró “sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos”.
El Parlamento Europeo reiteró también, en su última resolución, “su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas detenidos arbitrariamente”, y exigen “la nulidad de los procesos judiciales en su contra”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró el 14 de diciembre una sesión especial sobre las elecciones nicaragüenses, en la que la Oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH. demandó la liberación de los presos políticos detenidos antes de los comicios, y la restauración de la legalidad de los partidos que la perdieron durante una campaña: Ciudadanos por la Libertad (CxL), Restauración Democrática (PRD) y Conservador (PC).
“Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y solo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas”, lamentó la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif.
Durante su intervención en la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega rechazó nuevamente la demanda de liberación de los presos políticos expresada por la comunidad internacional.
“Ahora resulta de que porque están detenidos, están presos, procesados hay que ponerlos en libertad, y lo dicen los europeos, lo dicen los yanquis, ellos sí tienen derecho a hacer justicia, nosotros no tenemos derecho a hacer justicia. Existe en Nicaragua un sistema judicial, existen leyes, los europeos se dan el derecho de meter presos a quién se les da la gana”, dijo Ortega en La Habana, Cuba.
De izq. a der.: El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo; el canciller Denis Moncada Colindres, y el representante de China, Yu Bo, inauguran la embajada de China en Managua. Foto: Tomada de El 19 Digital
Adiós Taiwán, bienvenida China
Frente al aislamiento internacional, el régimen realizó el pasado 9 de diciembre un sorpresivo giro en su política exterior: rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, uno de sus principales cooperantes en los últimos tres años, y reconoció a la República Popular China como “único Gobierno legítimo”.
En su informe de diciembre, el EIU concluyó que detrás de este cambio hay “una mezcla compleja” de política exterior y consideraciones políticas internas; “todas ellas dirigidas a preservar la dinastía autoritaria de Ortega”.
“Para Nicaragua, el factor más importante detrás del giro de su política exterior es que necesita fuentes alternativas de financiación externa. Ortega sabe que son escasas sus posibilidades de seguir recibiendo, después de 2022, un importante respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI, que están sujetos a la presión de EE. UU.”, razonó la publicación británica.
Murillo Zamora consideró “difícil” que a corto plazo “se restablezcan las libertades” en Nicaragua. “La dictadura se percibe sólida, ahora respaldada por dos superpotencias: China y Rusia. No va a cambiar por más sanciones que le establezcan, a no ser que las sanciones perjudiquen a la población y la población se levante”.
Los expertos coinciden en que la presión internacional es un esfuerzo a mediano plazo. “La comunidad interamericana continuará haciendo esfuerzos para coadyuvar a la restauración de las libertades fundamentales, del orden constitucional y del Estado de derecho. No obstante, todos son procesos cuyos resultados no se aprecian inmediatamente”, explicó un analista nicaragüense que solicitó omitir su nombre.
“A partir de 2022, hay muchos posibles escenarios y muchas cartas con las que podrá jugar el régimen para mantenerse en el poder y ejercer un control muy rígido, muy estricto y violatorio de los derechos humanos”, agregó.
