31 de diciembre 2018
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A pesar de que ha transcurrido más de una semana de la captura los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa del canal 100% Noticias, respectivamente, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), no han permitido que los familiares de los comunicadores tengan comunicación con los suyos. Tan solo autorizan la entrada de alimentos pero no les han ofrecido información sobre su estado de salud.
Por más que los abogados de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) y las autoridades del consulado de Costa Rica en Managua, han realizado solicitudes para que los familiares puedan hablar con los periodistas, lo único que les han respondido en “El Chipote” es que necesitan una orden judicial. Misma que no es posible conseguir, pues los funcionarios del Poder Judicial se encuentran de vacaciones.
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“No hemos podido hablar con ella, ni los abogados ni nosotros. La negativa ha sido permanente. Creemos que es parte de la estrategia del régimen de generar estrés a la víctima, a través de la presión a la familia”, dijo Alejandro Ubau, hermano de Pineda Ubau, quien manifestó que no pueden certificar si su familiar está bien de salud, pues nadie la ha visto.
El miércoles pasado Verónica Chávez, periodista y esposa de Miguel Mora, también solicitó a las autoridades de “El Chipote”, sin embargo, su petición fue ignorada.
Ambos periodistas críticos con el régimen fueron secuestrados por la Policía Nacional la noche del viernes 21 de diciembre, tras una orden de cancelar las transmisiones del canal, que incluyó el cierre y confiscación de sus instalaciones. La justicia del régimen los acusa de los delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
Una nota de prensa del Poder Judicial, asegura que Pineda “propició e incitó al odio por razones de discriminación política, difundiendo en la televisora y en redes sociales información falsa con la intención de generar zozobra y odio hacia los simpatizantes y miembros del Frente Sandinista”.
CIDH denunció represión a periodistas en la OEA
El jueves 27 de diciembre, Esmeralda Trotti, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en Nicaragua se han realizado 117 atentados contra la libertad de prensa, específicamente en el periodo del 20 de octubre al 16 de este mes.
La vicepresidenta de la CIDH informó que las agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes se ha intensificado, asimismo describió el gravísimo contexto de deterioro de la situación de derechos humanos.
La CIDH registró en su informe los eventos ocurridos el 14 de diciembre, cuando la Policía del dictador Daniel Ortega ocupó, sin orden judicial, las oficinas de la revista digital CONFIDENCIAL y los programas televisivos ESTA SEMANA y ESTA NOCHE, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro. También asaltaron la sede de la empresa Cabal, propiedad de Desirée Elizondo, esposa del periodista.
También señala la agresión de parte de antimotines, el 15 de diciembre, a Chamorro y periodistas de CONFIDENCIAL, que llegaron al Complejo Policial Faustino Ruiz, a demandar una explicación por la ocupación ilegal de las oficinas de los medios de comunicación.
Los periodistas Lucía Pineda Ubau, Miguel Mora, Luis Galeano y Jackson Orozco, y el comentarista Jaime Arellano, de 100% Noticias. Foto: Confidencial
La vicepresidenta de la CIDH condenó la detención y criminalización realizada por la dictadura en contra del ejercicio de la libre expresión y la libertad de prensa, específicamente en los casos de Mora y Pineda Ubau.
De igual forma, dejó sentado que la Comisión está informada de la amenaza de criminalización que existe en contra de Leticia Gaitán, Jackson Orozco, Luis Galeano y Jaime Arellano.
En esta nueva etapa de represión, advertida por la CIDH, el orteguismo confisca, encarcela y fabrica delitos en contra de los periodistas críticos al régimen, que suma 325 muertos confirmados, más de 3000 heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y más de 60 000 exiliados que huyen de la persecución política.
SIP condena detención de periodistas
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también condenó el arresto de Mora, Pineda Ubau, y la clausura del canal 100% Noticias.
María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, expresó que el régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país. Asimismo exigió la liberación inmediata de los periodistas.
"No nos queda duda de que Ortega y su entorno servil, ha declarado la guerra a los medios independientes de comunicación. Responsabilizamos al régimen por la seguridad física de Mora y de todos los periodistas nicaragüenses que han sido agredidos, acosados y mancillados por un régimen que no tiene el mínimo respeto por los derechos humanos”, expresó Domínguez.
"Ante el ensañamiento de la dictadura orteguista contra la libre expresión expresamos nuestro profundo respaldo y solidaridad con Mora y los periodistas y medios independientes de Nicaragua que sufren persecución y violencia por ejercer con sentido de responsabilidad y libertad su labor", concluyó la presidenta de la SIP.
En octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó al periodismo independiente de Nicaragua el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, como muestra de reconocimiento al coraje y la valentía de periodistas nicaragüenses que han sido asesinados, perseguidos, censurados, y que continúan amenazados por el régimen de Daniel Ortega. El premio justamente fue recibido en representación del gremio por Miguel Mora, en Salta, Argentina.
El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, declaró a Confidencial que “los actos de esta noche (del viernes), el allanamiento, la salida del aire por orden del Gobierno, la prisión de su director y la periodista a cargo de la redacción Lucía Pineda, es una forma de censura aberrante y radical que adopta el Gobierno de Nicaragua”.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que trabaja por la defensa y promoción de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, contabilizó en los primeros seis meses de las protestas en Nicaragua, al menos 420 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en una fase represiva que está en aumento.
