31 de diciembre 2018
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El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes dijo este domingo que las personas que desean participar en la tradicional procesión del 1 de enero pueden llevar banderas azules y blancas, símbolo de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que se iniciaron en abril pasado.
"Ellos lo podrán llevar", respondió Brenes, también arzobispo de la diócesis de Managua, Masaya y Carazo, al ser consultado sobre el uso del símbolo nacional por periodistas en las afueras del templo de la Catedral Metropolitana luego de oficiar una misa.
Aunque luego el religioso agregó: "Cada cosa tiene su cada cosa" y que lo importante en la procesión es participar en familia
También animó a los nicaragüenses a orar y "pedir las luces al Señor para que Él nos encamine a todos".
Asimismo, anunció que en la procesión rezarán el Santo Rosario, acompañado de cantos eucarísticos propios de esa celebración, y que esperan "un ambiente de oración y austeridad para todos".
Saldrá de colegio Cristo Rey
La Iglesia Católica celebrará este 1 de enero la procesión con Jesús Sacramentado, que partirá del colegio Cristo Rey hasta la Catedral de Managua.
En una carta, el cardenal Brenes pidió a los sacerdotes "animar a nuestros fieles" a participar en esa procesión, pese a que 2018 estuvo "marcado por una crisis política, con efectos diversos".
En ese documento, Brenes apeló a que "la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruegue por nosotros y nos ampare de todo peligro".
Consultado si la diócesis de Managua pidió permiso a la Policía Nacional para celebrar la procesión, dado el contexto, el jerarca explicó que todos los años piden el apoyo policial sobre todo para regular el tráfico, debido a que ocupan dos vías claves de la capital nicaragüense.
Movilizaciones prohibidas por Policía
Desde mediados de noviembre, la Policía Nacional ha prohibido las últimas movilizaciones callejeras bajo el argumento que "no autoriza ni autorizará movilizaciones a personas, asociaciones o movimientos, que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado", como llaman las autoridades a las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El pasado 4 de diciembre, el mandatario acusó a "algunos" obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de formar parte de "las fuerzas golpistas" y de "sumarme alegremente al golpe terrorista y criminal" que, a su juicio, intentó derrocarlo durante las protestas iniciadas en abril pasado.
Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
Uno de los heridos en una marcha opositora en la pista Jean Paul Genie. Carlos Herrera | Confidencial
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continuada, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido derrotado.
