Volver a mesa de negociaciones

Sin solución de continuidad y en una sola semana dos medios críticos de la gestión gubernamental fueron ocupados por miembros de la Policía Nacional. En un acto inexplicable y a todas luces premeditado, fueron ocupadas las instalaciones de Promedia e Invermedia —productora de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana y la revista Confidencial— propiedad de Carlos F. Chamorro; también fue interrumpida la programación de 100% Noticias del periodista Miguel Mora. El canal fue abruptamente clausurado por órdenes expresas de Telcor. La noche del viernes Mora —dueño del canal televisivo— fue detenido junto con las periodistas Verónica Chávez y Lucía Pineda Ubau, la esposa y la directora de prensa de 100% Noticias. Un acoso sostenido que terminó poniéndolos en la cárcel y cerrando al medio.

Estamos ante una escalada sin precedentes durante los doce años que tiene de ejercer el poder el comandante Daniel Ortega. A partir de las protestas iniciadas hace ocho meses —en el mes de abril— se produjo un parteaguas entre los medios de comunicación. La polarización política se acentuó. Periodistas y medios ajenos a la tutela gubernamental asumieron posiciones abiertamente contrarias a los gobernantes. La autocensura quedó atrás. Decidieron informar sobre el acontecer nacional. El primero en sufrir la censura de Telcor fue 100% Noticias. El apoyo decidido de la ciudadanía y la demanda del Consejo Superior de la Empresa Privada, fueron determinantes para su reapertura después de seis días de permanecer fuera del aire. Aunque el hostigamiento contra 100% Noticias nunca cesó.

El agravamiento del entorno sociopolítico se tradujo en acciones desproporcionadas contra Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Con la intención de contener los cuestionamientos y como una forma de reprimir la posición de Carlos F. Chamorro, la Policía Nacional mantiene ocupados sus estudios y oficinas desde la noche del viernes 14 de diciembre. Jamás se me ocurrió pensar que el Gobierno llegaría a estos extremos. La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios a los que los nicaragüenses y el resto del mundo confieren un estatuto especial. La conquista de ambos derechos se logró luchando contra la dinastía somocista al más alto precio, con periodistas asesinados, encarcelados, exiliados y confiscados.

Una historia que vuelve a repetirse innecesariamente. Daña el tejido político-social.

Las últimas acciones emprendidas contra medios y periodistas colocan al Gobierno del comandante Ortega en una posición precaria. Naciones Unidas, la Alta Comisionada de la ONU para la Defensa de los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Unión Europea y demás instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos, han demandado al mandatario nicaragüense el cese de las represiones contra medios y periodistas, así para el resto de nicaragüenses. Esta actitud abonaría a una pronta salida a la situación que aflige a la sociedad nicaragüense. Todo esfuerzo encaminado a superar la crisis sociopolítica —proveniente de donde quiera que fuese— debería ser bienvenido por gobernantes y gobernados. Una exigencia impostergable.

La concordia y paz entre los nicaragüenses pasa por deponer posiciones extremas. Volver a la mesa de negociaciones se convierte en imperativo. La sensatez debe imponerse. La espiral de la violencia debe dar paso a un entendimiento nacional. Nunca como ahora se requiere de la mayor madurez. Los gobernantes deberían ser los primeros en asumir una conducta verdaderamente conciliatoria. El desencuentro entre las familias nicaragüenses no puede continuar profundizándose. Las heridas infligidas van a resultar difíciles de restañar. El dolor parte las entrañas de miles de familias nicaragüenses. Un llanto inconsolable. Confundir el mensaje con el mensajero tiene repercusiones adversas para los gobernantes. Cerrando medios y deteniendo a periodistas no es cómo va a superarse el drama que vive Nicaragua.

Pareciera que no hubiese punto de retorno para los gobernantes, en política nada está escrito en piedra. Nuestra historia es rica en este tipo de lecciones. Siempre hay espacio para la búsqueda de un auténtico y profundo entendimiento nacional. La criminalización del ejercicio del periodismo ha ahondado aún más la crisis. No creo que los gobernantes estén apostando a silenciar a todo el espectro mediático que disiente de su manera de conducir la cosa pública. Sería un grave error. Una tarea imposible. Ningún gobierno en el mundo ha logrado la uniformidad del pensamiento. Entre más se deteriore la situación económica y política mayor es la tentación para ciertos sectores —nacional e internacional— de tratar de solventar las contradicciones por otras vías que no sean las del diálogo.

No es deteniendo a más nicaragüenses y ocupando más medios el camino indicado para conseguir un acercamiento entre las partes. Nunca me cansaré en proponer la vía más expedita: negociar siempre ha sido lo más viable y menos costoso. Toda testarudez debe deponerse. Tanto por parte del Gobierno como de parte de los demás actores sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales. El país no puede seguir precipitándose hacia los abismos. Debe prevalecer la cordura. Se requieren gestos de buena voluntad. Llenar las cárceles de prisioneros genera rencor y ensombrece la esperanza. Los medios están llamados a aportar —sin deponer principios— todo lo que esté a su alcance para encontrar una paz definitiva. El Gobierno debe salir y entregar las instalaciones de los medios ocupados a sus verdaderos dueños.