18 de diciembre 2018
Al menos 14 artículos de la Constitución Política de Nicaragua fueron violados con el asalto y la posterior ocupación de la Policía Nacional a las instalaciones donde funcionan las redacciones de Confidencial, Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche, dirigidas por el periodista Carlos Fernando Chamorro, según los recursos de amparo interpuestos por el abogado Léster Mendoza, presentados este lunes en los Juzgados de Managua.
Entre los artículos atropellados por la dictadura de Daniel Ortega está el artículo 5, que habla sobre los principios de libertad, justicia, respeto a la dignidad humana y pluralismo político. Además, los artículos 29, 30, 32 y 34, que establecen el derecho a la libertad de conciencia y de expresión en público.
El artículo 36, también fue violado por la Dirección de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional la mañana del sábado, cuando decenas de agentes agredieron a los periodistas de estas redacciones y colegas internacionales que les acompañaban. El artículo establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Además, se violó el artículo 46 que establece que “toda persona tiene derecho a la protección estatal” y al respeto de sus derechos humanos.
También se violó el derecho a la propiedad privada (artículo 44), cuando el pasado jueves agentes de la Policía Nacional entraron sin orden judicial a las oficinas de Invermedia, Promedia y la consultora Cabal y sustrajeron información personal y de la empresa, que también es una infracción a la Constitución en el artículo 26. Con esta acción, también fue violentado el derecho al trabajo, artículo 57; a la información veraz y a difundir ideas por todos los medios, artículo 66; y a informar sin censura, artículo. 67.
Los recursos de amparo de las empresas Promedia e Invermedia, productoras de Esta Semana y Confidencial, ya fueron debidamente presentados y están radicados en la sala civil 1 y 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua. Esperamos que el Tribunal resuelva apegado a derecho.
— Carlos F Chamorro (@cefeche) 17 de diciembre de 2018
Asimismo, el artículo 97 que deja en claro que el papel de la Policía Nacional debe ser “profesional, apolítica, apartidista” y “regida en estricto apego a la Constitución Política de Nicaragua”.
Recursos ante Sala Civil
Los recursos de amparo fueron presentados en la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, para que esta instancia ordene la suspensión inmediata del actuar ilegal de las autoridades policiales.
Los presidentes de las salas donde fueron admitidos ambos recursos, Gerardo Rodríguez y Néstor Castillo, deberán solicitar al director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, un informe sobre la actuación de esta institución en el asalto y ocupación de los medios de comunicación dirigidos por Chamorro. En un plazo de diez días los recursos serán remitidos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Nosotros esperamos que la CSJ falle a derecho, porque de lo contrario se convertiría en cómplice de un acto ilegal que solo se explica por la decisión política de las órdenes emanadas por la jefatura suprema del Estado”, manifestó Carlos F. Chamorro en el programa televisivo Esta Noche, que a pesar de la ocupación de sus estudios centrales continúa al aire por Canal 12.
Decisión deliberada de la dictadura
El comunicólogo Guillermo Rothschuh estima que los asaltos a oenegés y a Confidencial y Esta Semana son “una clara respuesta” a las sanciones emitidas por Estados Unidos en las últimas semanas y al comunicado que días antes divulgaron empresarios nicaragüenses, donde demandaban una salida pacífica a la crisis política que atraviesa el país.
“Aquí lo que ha habido es una decisión deliberada, a pesar de que están conscientes que la prensa independiente va a seguir funcionando, cuestionando y asumiendo lo que le corresponde”, agregó el experto en comunicación en el programa Esta Noche.
Para Rothschuh, con la introducción de estos recursos de amparo a la Sala de Apelaciones está a prueba el todo el Poder Judicial del país. “Estas son violaciones claras, y todo el mundo está claro de ello”, reiteró.