20 de diciembre 2018
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la Nica Act, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Con la firma de Trump entra en vigencia la legislación, que traerá sanciones individuales para personeros del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La nueva ley, aprobada de manera unánime en el Senado y Congreso de EE.UU., es una fusión de la NicaAct propuesta e impulsada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, una enmienda del Senador republicano Ted Cruz y otra del demócrata Bob Menendez. Además, incluye un retoque del Senador Marco Rubio dirigido contra los cómplices y allegados del régimen.
La ley también conocida como “Magnitsky Nica” tiene el nombre oficial de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233.
El 27 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo y al colaborador más cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el presidente Trump, consideró la crisis en Nicaragua como “una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional”.
“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, detalla la orden ejecutiva.
El entonces comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN, también fueron sancionados en julio, por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.
Los tres funcionarios, pertenecientes al círculo de máxima confianza de la pareja presidencial, se unieron así al ahora exmagistrado electoral, Roberto Rivas, quien fue el primer sancionado en diciembre del 2017.
El efecto de la sanción se traduce en congelar todos los activos de los sancionados en Estados Unidos, y prohibirles cualquier clase de transacción comercial y financiera, a través de sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro.
El impacto de la Nica Act
“Es un golpe devastador”, catalogó Norman Caldera, excanciller de la República, en ocasión de la aprobación del Congreso. Para Caldera, la Nica Act resulta tan nociva para el régimen de El Carmen porque hay un efecto combinado con la Orden Ejecutiva del presidente Trump que sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, y a esto se agrega la reunión que este miércoles sostendrá el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le da seguimiento a la crisis sociopolítica.
“Difícilmente se puede seguir recibiendo mas presión. Esta es una olla de presión a la que no solo le estás aumentando el calor, sino que la presión todos lados”, graficó Caldera.
La Nica Act fusionada con las enmiendas de los senadores Ted Cruz, Bob Menéndez y Marco Rubio establece no solo el condicionamiento de préstamos para Nicaragua en organismos multilaterales, sino que impondrá sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen Ortega Murillo involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.
La nueva ley se agrega a la Orden Ejecutiva, descrita por Caldera como una acción que “amplía el círculo para incluir a ciudadanos, empresas norteamericanas, a los residentes en Estados Unidos que antes no estaban en las sanciones anteriores. Amplía, también, la definición de las personas sancionables para incluir a los cómplices”, explicó.
El excanciller sostuvo que los “cómplices” de los que habla la Nica Act (también llamada Magnitsky Nica) son aquellos que prestan testimonios falsos en los juicios contra ciudadanos querellados por terrorismo, crimen organizado, asesinatos, entre otros delitos para criminalizar su participación en las protestas contra la dictadura. “También son cómplices jueces y otros que aplican la ley incorrectamente”, advirtió.
La Nica Act conmina a que, en un plazo de 180 días posterior a su aprobación, el Secretario de Estado presente a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero. Abarca a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial. Además, advierte a “personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso en o con respecto a Nicaragua, que son utilizados por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
