Aparecieron por la noche y se asentaron en la mañana. En cuestión de horas, decenas de hombres armados construyeron “champas” con pedazos de madera, plástico y láminas de zinc, y se instalaron con sus familias y hasta animales domésticos. A ninguno le importó que la propiedad tuviera dueño y plantaciones de caña, café, maracuyá u otros siembros agrícolas. Limpiaron la parcela, midieron, se repartieron los lotes, y ahora esperan que los “coordinadores” —a cargo de dirigir la invasión— negocien los nuevos títulos de propiedad para poder “vivir en paz”.

Los terrenos donde se instalaron desde junio estos cientos de familias están en los departamentos de Rivas, Managua, León y Chinandega.

La Unión Nacional de Productores de Nicaragua (Upanic) contabilizó en junio 9800 manzanas invadidas. A esta fecha, 4320 manzanas han sido recuperadas por sus legítimos dueños y aun quedan mas de 5000 manzanas ocupadas de forma ilegal.

La militarización y ocupación ilegal de las propiedades suma una pérdida económica de 17.1 millones de dólares, según los cálculos de Upanic. También, más de 9000 empleos se han perdido y las consecuencias en la producción se acarrearán aún hasta el próximo año.

Además, el lucro cesante de este acto ilícito, se estima en otros 7.4 millones de dólares y perjudica a 20 propietarios: 16 nicaragüenses y cuatro estadounidenses.

“La Pañueleta” en la mira

Las 93 manzanas de la finca “La Pañueleta” están entre las 5480 que siguen invadidas. La finca, ubicada en Chinandega es propiedad del empresario César Castillo.

En “La Pañueleta”, los precaristas han lotificado todas las hectáreas. Cerca de ahí, en la finca “Holanda”, del Grupo Coen, varios encapuchados con armas no se han repartido ninguna parcela, pero desalojaron a los trabajadores del lugar y custodian la propiedad día y noche.

Esta militarización de varias propiedades, donde nadie intenta hacer uso del terreno, pero grupos armados mantienen presencia permanente, es según los empresarios una clara muestra del uso de tomatierras como instrumento de represión. Las consecuencias incluyen millonarias pérdidas económicas, y una alta factura para la seguridad jurídica y de la propiedad en el país.

Finca "La Pañueleta", de César Castillo, lotificada por precaristas. Carlos Herrera | Confidencial

César Castillo se aferra a una frase que su suegro decía cada vez que tenía un problema: “Si tu mal no tiene remedio, ¿de qué te afligís? Y si tiene remedio, ¿por qué te vas a afligir?”. “La Pañueleta” la adquirió su bisabuelo en 1904, y es una de las propiedades más costosas de Chinandega. Años atrás, ya habían intentado tomársela, pero nadie lo había concretado.

“Chapodaron un pedazo, pero la Policía llegó y los sacó”, recuerda Castillo. Sin embargo, las amenazas de invasión eran casi permanentes. “La gente siempre dijo eso. Lo que pasa es que no se había tomado en cuenta, porque no te podés poner el paraguas antes de que salga la lluvia. Además, Daniel dijo que no iba a haber invasiones”, reclama.

El primero de junio, simpatizantes sandinistas invadieron su propiedad. “Les gustó y ya le tenían ganas”, dice. El propietario denunció la invasión en la Policía, pero ni siquiera le entregaron una copia de la misma. Igual le ocurrió en la Procuraduría General de la República (PGR).

Castillo critica que “la parte legal que se podía hacer ya se cubrió”, y lamenta que “después de eso no tenemos nada que hacer (…) no jugamos ningún papel”.

Los coordinadores aseguran a las familias que el Gobierno está negociando con el dueño de la propiedad, para pagarle cada manzana con dinero u otras tierras en Matagalpa. Castillo lo desmiente y asegura que “vender con una pistola en la cabeza no es vender”.

El ataque al Grupo Coen

Vista de una propiedad de Piero Coen, ocupada por tomatierras. Cortesía

El Grupo Coen es uno de los conglomerados económicos más importantes de Nicaragua y también uno de los más afectados por la toma de tierras. Un total de 1500 manzanas de su propiedad permanecen ocupadas ilegalmente. Es un 28% del total, calcula Carlos Zúñiga, director jurídico y de operaciones del Grupo.

El ocho de noviembre, hombres encapuchados y armados incendiaron un lote de 25 hectáreas de la finca “Holanda”, ubicada a 15 kilómetros de Chinandega, e invadida el 28 de julio. El grupo empresarial denunció que el objetivo de la invasión fue “dañar las cosechas” y los invasores ni siquiera permitieron el ingreso de los bomberos.

“Pusimos la denuncia en cada uno de los casos, desde la primera propiedad que nos fue invadida el primero de junio, hasta la última que fue el 28 de julio. Vamos semanalmente, a veces hasta dos veces a la semana, a saber cómo van todos y cada uno de los casos, y la Policía lo que nos ha dicho es que tengamos paciencia, que esperemos, que ellos están haciendo análisis operativos y que como son casos muy importantes de tomas de tierras, que estamos en una lista, pero que tenemos que esperar órdenes superiores”, relata Zúñiga.

La única propiedad que ha recuperado el Grupo es una finca de 20 hectáreas que ocupa el proyecto Chinandega Maracuyá Company (Chimaco), un inversión suiza de 19 millones de dólares para sembrar 1200 hectáreas de maracuyá y emplear a 1500 personas.

Chimaco está cerca de la finca “Holanda”, y el Grupo solicitó a la Policía la expulsión de los armados que están ahí, pero según Zúñiga, la Policía respondió que no tenía órdenes de hacerlo.

Un 71% del total de propiedades invadidas son fincas de uso agrícola. Las propiedades ocupadas al Grupo Coen son unidades productivas de actividades agrícolas e industriales.

Carlos Zúñiga, director jurídico y de operaciones del Grupo Coen. Carlos Herrera | Confidencial

Zúñiga asegura que la situación preocupa mucho, pues siendo una parte importante de la producción nacional, no existe señal de que las autoridades quieran ayudar a recuperar las fincas.

Las invasiones, advierte, son un problema jurídico y debería ser abordado por las autoridades, pues atenta contra los derechos a la propiedad, la economía y la imagen del país.

Le piden cinco millones de dólares a Healy

Las fincas “Chatilla”, “Santa Lucía” y “Zopilote”, que suman más de 200 manzanas en Rivas, siguen invadidas por unos 40 hombres armados. Su dueña legítima es Esperanza Lacayo de Healy, madre del presidente de Upanic, Michael Healy, administrador de las fincas y objeto de las represalias del régimen por su participación en la mesa del Diálogo Nacional.

María Healy Lacayo, hermana de Michael, sostiene que la invasión ocurrió por la posición política que él adoptó desde abril.

Finca Chatilla, en Rivas, de Esperanza Lacayo de Healy, invadida por armados que piden a la familia cinco millones de dólares para devolverla. // Foto: Cortesía

A Esperanza Lacayo también le ocuparon su residencia en la “Chatilla”, donde además hay un cementerio familiar, que cuando intentó visitar la primera vez fue apuntada con armas por los invasores encapuchados.

Días después, Esperanza Lacayo regresó con su hija y le permitieron ingresar al cementerio. Los armados también le dijeron que abandonarían el lugar si el presidente de Upanic se acercaba a negociar. María Healy les explicó que su hermano no es el dueño, y que si tenían que negociar era con ella o con su mamá.

“Nos dijeron que nos reuniéramos en Managua, en un hotel en un barrio que no conozco. Fuimos y entré al lugar, era como un hostal. Pregunté por ‘Félix’, que era el supuesto líder, y me dijeron que no lo conocían. Después llegó y me dijo que si quería de regreso la propiedad, debía darles cinco millones de dólares. Les dije que mi finca no valía eso, me levanté y me fui. Me dijeron que me iban a llamar el martes siguiente”, relata Healy.

“Félix” llamó y rebajó el monto a 2.5 millones de dólares. María Healy rechazó la extorsión.

La Finca Chatilla también es la residencia de Esperanza Lacayo de Healy, e incluye una capilla y un cementerio familiar. Foto: Cortesía

“Yo le dije que mi mamá había mandado una carta al presidente y la vicepresidenta. Me preguntó por qué había hecho eso, y le dije que porque era su finca y tenía todo el derecho. Yo le pregunté cuántos eran ellos y me dijo que 45. Después de eso no nos han pedido nada ni se han acercado”, comenta.

Sus gestiones legales en Policía y la PGR tampoco han obtenido respuesta. Mientras los invasores cortan y venden la caña y los plátanos sembrados en la propiedad.

El perfil de los invasores

Cuatro perfiles de los invasores: el tomatierra-paramilitar, la necesidad del alto déficit habitacional, y el oportunismo y la extorsión como modus operandi

El “coordinador” no es un tomatierra

*Lo nombra el FSLN, está conectado con las autoridades locales y se desplaza armado. En la propiedad invadida, nadie puede cuestionarlo y el que no le obedece es expulsado

Los coordinadores de la invasión a la finca "La Pañueleta", en Chinandega, cuestionan a un precarista que brindó una entrevista a CONFIDENCIAL. // Foto: Carlos Herrrera

Según la distancia entre una champa y otra, se moviliza en moto o bicicleta. Los demás le llaman “el coordinador”, y es el encargado de custodiar la propiedad invadida y mantener alejados a los legítimos propietarios, sus representantes, o los periodistas. También tiene la potestad de expulsar a aquellos ocupantes que le desobedecen o “traicionan” los “ideales sandinistas”.

El coordinador no es un tomatierra. A veces ni siquiera se reparte una parcela, pero lo manda el Gobierno, y bloquea cualquier cuestionamiento o crítica mostrando su pistola o su AK-47.

En cada propiedad invadida hay al menos un coordinador nombrado por el secretario político local o un funcionario de la Alcaldía correspondiente. Los requisitos: “que obedezca órdenes sin cuestionar, y tenga bastante influencia entre las personas de su barrio o comarca”, asegura una fuente ligada a la estructura partidaria.

La primera tarea del coordinador es llevar al grupo núcleo que se asentará en la propiedad electa. La orientación que recibieron desde mayo es invadir propiedades de empresarios que hayan expresado su oposición al Gobierno, asegura la fuente. Una vez instalado el primer grupo, atraen a más personas, “y cuando ves, ya tenés todo tomado”, agrega.

En “La Pañueleta”, de Chinandega, hay cuatro coordinadores. Todos son hombres y cada uno se encarga de supervisar un sector en la propiedad de 93 manzanas. Los ocupantes deben obedecerlos. “Es que son los que han mediado entre nosotros, la Alcaldía y los dueños de este lugar”, justifica Roberto Mendoza, quien ocupa un lote con su esposa y sus dos hijos.

Cada coordinador asegura que tiene contacto directo con uno o varios funcionarios municipales. Si la propiedad ocupada no tiene agua potable, marca un teléfono y de inmediato las cuadrillas de Enacal llegan a instalar el servicio. También si los tomatierras pelean por el tamaño de una u otra parcela, pide la asistencia de Catastro y se acabó el problema.

Instalaciones de la Alcaldía de Chinandega. Carlos Herrera | Confidencial

“Aquí la Alcaldía vino a medir los solares. Para el agua, vino Enacal. Nosotros pusimos los tubos. Solo con la energía fue que nos pegamos, porque no vino Enel”, comenta Mendoza, aún esperanzado en que el “mero mero”, a quien identifica como “Santiago”, les resuelva “algo” en la municipalidad.

Otros coordinadores operan de forma diferente, como los instalados en la finca “Holanda”, de Chichigalpa, donde solo llegaron cinco hombres, todos armados con fusiles o escopetas, ninguno se repartió nada, no hay segmentación de parcelas ni se invitó a más gente. Sin embargo, la vigilancia es permanente. En la entrada a la propiedad hay dos banderas a cada lado: una azul y blanco y la otra del partido de Gobierno, y dos hombres recostados en hamacas vigilan con sus armas a tiempo completo.

“Lo que nos han dicho es que son gente armada, coordinada, que tiene anillos de seguridad. También nos han advertido que es peligroso que nos acerquemos”, explica Carlos Zúniga, director jurídico del Grupo Coen, dueño de la finca “Holanda”.

Al coordinador lo amparan las autoridades locales y la Policía. Uno de los coordinadores de “La Pañueleta” interceptó al equipo de CONFIDENCIAL y aseguró que para poder ingresar se debía presentar una autorización de la Alcaldía de Chinandega.

En la Alcaldía, el relacionista público que no quiso identificarse, reaccionó molesto a las consultas sobre los permisos y asistencia que la comuna ha dado a los precaristas.

--“Nada tenemos que ver nosotros. ¡Váyase! Después usted tergiversa todo. Así son ustedes los medios de la derecha”, acusó.

César Castillo, el legítimo propietario de “La Pañueleta”, sostiene que los coordinadores y tomatierras “tienen que estar respaldados por alguien, porque no puede ser que actúen impunemente”.

“No sé si es un partido, personajes políticos, de la mafia o lavandería de dinero. Simplemente no sé. No tenemos ni idea. Podría ser un mafioso, un político, un militar, un policía, un alcalde”, lamenta.

“El partido nos prometió las tierras”

*Invasores desalojados en terrenos en Sabana Grande, en Managua, se sienten traicionados por Ortega

Sobre el terreno plagado de champas solo quedaron ripios apiñados tras la expulsión de los tomatierras en Sábana Grande. Carlos Herrera | Confidencial

El 21 de septiembre, la Policía Nacional desalojó a miles de tomatierras instalados desde junio en los terrenos privados ubicados frente al Country Club Nejapa, en Sábana Grande, Managua. Los precaristas expulsados manifestaron su enojo contra del Gobierno de Daniel Ortega. Reclamaron sentirse usados por el régimen sandinista.

“Aquí nadie pensaba que nos iban a sacar, porque los coordinadores nos prometieron el terreno”, dijo un precarista que pidió omitir su nombre.

Los coordinadores son los secretarios políticos del Frente Sandinista, quienes según esta misma gente, alentaron a la toma ilegal de tierra. A unos en compensación por haber participado en la represión a los tranques, y a otros por ejecutar represalias contra los empresarios que cuestionaron la represión oficial a la rebelión cívica.

Sin saber a ciencia cierta el por qué, los tomatierras fueron desalojados por la madrugada.

Según Ximena, otra de las precaristas que prefirió omitir su nombre real, no hubo violencia policial, pero sí los conminaron a abandonar la zona en un plazo de doce horas. Ximena se sintió “usada y traicionada”, porque ella se movió con toda su familia al sector de Sábana Grande después que los secretarios políticos le prometieran la legalización del pedazo de tierra a cambio de apoyar “que el comandante se quede”.

Sobre el terreno plagado de champas solo quedaron ripios apiñados, carretones de caballo jalando las pertenencias, banderas rojinegras roídas en los alambres.

Los precaristas expulsados tuvieron que marcharse con sus pertenencias: láminas de zinc, plástico, cartón, colchonetas viejas. Carlos Herrera | Confidencial

Estos tomatierras fueron usados por el Gobierno para participar en la “Operación Limpieza” que el régimen impulsó para desmontar los tranques en el país.

Algunos pagaron por los “solares” la suma de 500 córdobas, y otros gastos. Otros precaristas desembolsaron de 100 a 200 dólares por un pedazo de tierra.

La molestia y la desilusión se notó en el rostro de los miles de precaristas que abandonaban el sitio, uno a uno, con sus láminas de zinc y renglones de madera.

“Daniel: Aquí estaba tu gente, la que te apoyo cuando nos llamaste a las marchas y nos pediste que fuéramos a limpiar esos tranques. Ahora nos das la espalda y así estás perdiendo a quienes te dimos el voto y creímos en vos”, sentenció un precarista.

La necesidad tiene “cara de tomatierras”

En Nicaragua faltan 957 000 viviendas, la de Edgard Aguilar y Antony López son dos de esas. Ambos han pagado por lotes invadidos, “porque es la única forma de aspirar a un espacio”

La Policía ha desalojado a miles de precaristas en algunas propiedades. Los tomatierras aseguran que fueron usados por el Gobierno. // Foto: Carlos Herrera

La champa está hecha de plástico y láminas de zinc. “Pase, pase, siéntese”, dice Edgard Aguilar, un hombre de 38 años que compró en julio dos solares en una finca invadida de Chinandega.

“Yo no me tomé estos terrenos, los pagué y me costaron 12 000 córdobas”, advierte rápidamente.

La propiedad donde se ha instalado fue invadida unos días antes de que él llegara en busca de un lote. Un grupo llegó obedeciendo una orden del partido, que no reparó en los cultivos de caña y maní hechos por sus legítimos propietarios.

En la propiedad, la misma Alcaldía de Chinandega llegó a medir los terrenos y les gestionó el agua potable.

Bajo el amparo de la municipalidad, Aguilar y los demás también esperan los títulos que los acrediten como los nuevos dueños.

“Yo sé que, si nos vienen a desalojar, pierdo lo que he invertido. De eso estoy claro, pero usted sabe que la necesidad tiene cara de perro, y por eso es que la mayoría lo hicimos, porque es la única forma de tener una casa, o aspirar a una”, argumenta Aguilar.

El hombre reconoce que el legítimo dueño quiere su tierra, pero opina que si él y otros de sus nuevos vecinos pueden pagar por los solares “también sería bueno, porque así se ayuda él y nos ayudamos nosotros”.

Los precaristas se instalan rápidamente en champas hechas con viejas láminas de zinc, plástico y cartón. Carlos Herrera | Confidencial

Quienes han invadido fincas privadas (y no son “coordinadores” ni portan más armas que algún machete para “quitar el monte”) en su mayoría son precaristas que alquilan cuartos o viviendas, y que no han optado a un proyecto de vivienda social con el Gobierno o las urbanizadoras. Para ellos es prohibitivo pagar 180 dólares al mes o reunir el suficiente dinero para pagar una prima mínima de hasta 2000 dólares.

“Antes alquilaba un cuarto en el barrio La Florida, y pagaba 1200 córdobas (unos 38 dólares) al mes. Para un albañil como yo, que no siempre tiene trabajo, pagar eso me desajustaba”, recuerda Antony López, quien ahora se ha instalado en una champa junto con su esposa y sus dos hijos.

Para caber con algo más de comodidad en aquel caserío, la inversión de López hubiera tenido que aumentar a unos 60 dólares mensuales. Para él, una cantidad imposible.

Si aspiran a un espacio en las propiedades invadidas, los tomatierras tienen que demostrar su militancia sandinista. En Managua, el Gobierno ha dispuesto de ellos para apostarlos en las rotondas a agitar banderas rojinegras en respaldo a Ortega. Aunque aguantar sol y lluvia tampoco es ninguna garantía de conservar la tierra.

“Yo dije que era sandinista, pero ni eso me sirvió. Al final nos sacaron a todos, como a unos perros”, alega una mujer expulsada de una propiedad en la capital, que prefiere ocultar su nombre, por temor a represalias.

López confiesa que su motivación para tomarse un espacio en este terreno pasó por la necesidad de tener un lugar propio, en el que su esposa y sus hijos puedan vivir sin tanta preocupación ni seguir amontonados. Esta, dice, es la primera vez que participa en una toma de tierras.

Sin embargo, aquí las preocupaciones no son un tema ajeno. Hasta la zona han llegado las noticias de desalojos en propiedades de León y Managua. Y saben que en estos sitios no importó que los precaristas alegaran su fidelidad partidaria.

“Sabemos que venir e ingresar a un terreno privado puede tener sus consecuencias. Tenemos miedo de que pase como en León o Managua, porque aquí hay varios niños”, precisa López.

En última instancia, espera que “si van a venir (a desalojarlos), que vengan y nos digan que debemos irnos, pero que sea pacíficamente. Yo no me opondría. Salgo con mi esposa y mis hijos y ya”, asegura López, algo resignado a que su esperanza de un lugar propio pueda acabarse.

“Aquí hay un montón de aprovechados”

*En las invasiones de propiedades, también hay otros que no se mueven por la necesidad de un espacio propio, sino porque han encontrado en esto una forma de extorsión

Durante la crisis sociopolítica, muchos precaristas han colocado mantas de apoyo al régimen orteguista para permanecer en las tierras invadidas. Carlos Herrera | Confidencial

Ninguno quiere hablar del aprovechado. De ese vecino que tiene su casa en otro lugar, pero solo se mete a invadir fincas privadas para lotificar y luego vender, a pesar de no tener título de propiedad en mano que lo verifique como el legítimo dueño.

Los precaristas de escasos recursos saben quién es quién, pero temen dar detalles porque saben que pueden tomar represalias en contra de ellos.

El “aprovechado”, según testimonios de otros tomatierras, es aquel que tiene buena relación con los coordinadores que dirigen las invasiones.

Normalmente son personas que han pasado toda su vida entrando a propiedades de forma ilegal, con el objetivo de tomar no una, sino hasta cinco parcelas.

“Aquí hay un montón de aprovechados, gente que yo sé que tiene su casa en otro barrio, pero le vienen a quitar al que anda peleando por tener dónde vivir”, dice un precarista que tiene un terreno tomado en una finca en León.

Edgard Aguilar, quien compró sus dos solares por 12 000 córdobas en una finca de Chinandega, prefiere no hablar del tema. “Lo que le puedo decir es que me vendieron y ya, nada más”, dice un poco nervioso. “No puedo decir más, es peligroso”, justifica.

A menudo, este tipo de “invasor” se mueve entre grupos de cinco o siete personas. Otros similares a él que pueden soportar su historia de “necesidad” o afiliación partidaria.

También ellos responden o actúan según las direcciones de un líder, que lleva la cuenta y administración de las parcelas tomadas.

Ellos, según otros precaristas, ni siquiera son fieles a Daniel Ortega o el FSLN, simplemente obedecen las órdenes del coordinador para conservar el terreno, y una vez que le sea posible vender a alguno más que tenga la verdadera necesidad, aunque no puedan dar garantía de conservar el espacio. Pero tampoco les importa mucho, porque en cuanto pueden se desaparecen.

Entre precaristas, varios critican a los grupos que han hecho de las invasiones un modus operandi. Carlos Herrera | Confidencial

“Yo tengo un vecino, ese anda con su familia, así trabajan. A ellos no les importa si el terreno es del Gobierno o no. Esos hasta a su mamá venden. Lo que hacen es agarrar los primeros solares, para darlos en 10 000 o 15 000 pesos, y ya después se van, a buscar dónde meterse”, asegura un ciudadano de León, instalado en un asentamiento.

César Castillo, el propietario de “La Pañueleta”, reclama que no se puede tener un buen concepto de una persona que llega a “tu propiedad y se la toma”.

Castillo considera que este tipo de acciones son un negocio establecido: el tomatierra llega por la fuerza, permanece un mes, luego vende todo y se retira con su dinero, critica.

También alerta que los compradores al final no tienen derecho sobre la propiedad, porque al fin de cuentas están adquiriendo parcelas robadas.

Otros precaristas saben bien quiénes son estas personas que han hecho de las invasiones a propiedades privadas un modus operandi para vivir de la venta de propiedades ajenas. Sin embargo, ellos prefieren no decir nada porque todos son parte del mismo ilícito de invasión. Aunque su presencia les resulte incómoda.

“Los coordinadores deberían de ver eso, y sacarlos. La Alcaldía, que es la que nos ha ayudado a medir los terrenos, también debería sacarlos y ayudar a otras personas que son de escasos recursos como nosotros”, opina un precarista.

—Pero este terreno es privado, ¿lo que usted propone continúa siendo ilegal, porque se van unos, pero quedan otros en una propiedad que no les pertenece?

—Pues sí —reconoce—, pero al menos podría ayudar a los que más necesitan.

La toma de tierras durante la crisis

La invasión de propiedades privadas se extendió rápidamente durante la segunda etapa de represión oficialista en Nicaragua. En menos de dos meses, 9800 manzanas fueron ocupadas ilegalmente.

Precaristas en Sábana Grande revelaron ser parte de la "Operación Limpieza" a cambio de un lote, cuando fueron desalojados en septiembre. // Foto: Carlos Herrera

25 de mayo
Los primeros tomatierras ocupan terrenos de la Universidad Nacional Agraria (UNA), en Managua. Alegan que llevan años pidiendo terrenos al Gobierno, y algunos afirman tener permiso de la Procuraduría General.

1 de junio
Unas veinte familias de precaristas se toman 93 manzanas de tierra en la finca “La Pañueleta”, de Chinandega, propiedad del empresario César Castillo, originario de León.

18 de junio
Más de 100 manzanas son invadidas en Carretera Sur, por precaristas que se identifican como simpatizantes del partido de Gobierno.

29 de junio
Hombres armados invaden una propiedad del empresario Piero Coen, cerca de la pista Jean Paul Genie, en Managua. El terreno se suma a las 200 manzanas que ya tenían invadidas en propiedades de Managua y Chinandega.

30 de junio
Los armados que ocupan ilegalmente la propiedad del Grupo Coen, cerca de la rotonda Jean Paul Genie, en Managua, atacan la marcha de Las Flores. La jornada termina con diez heridos de bala y un fallecido: Luis Ortiz Martínez.

5 de julio
Tomatierras invaden propiedad de exalcalde de Granada, Silvio Urbina. Unas 200 familias ocuparon el lugar, argumentando que lo hacían porque no tenían donde vivir.

25 de julio
Precaristas instalan servicios básicos en tierras ocupadas en Managua, Estelí, Carazo, Chinandega y otros departamentos.

10 de agosto
Tomatierras armados en Chinandega, retienen y asaltan a la periodista alemana Sandra Weiss, cuando realizaba su labor en el proyecto Chinandega Maracuyá Company (Chimaco), propiedad de una empresa suiza y el Grupo Coen, cerca del kilómetro 125, en Chinandega.

21 de agosto
Policía y trabajadores de la Alcaldía desalojan a los primeros tomatierras en Estelí, instalados en la finca Los Placeres, propiedad de Orlando Valenzuela. Más de 350 familias fueron desalojadas del sitio destinado para un proyecto habitacional.

23 de agosto
Encapuchados desalojan a familias de una propiedad en Carretera a León y matan a dos tomatierras. Los precaristas ocupaban un terreno propiedad de Inversiones Mineras S.A (IMISA), ubicado exactamente al costado sur del Cerro Motastepe. Franklin Poveda Vivas y Félix Alberto Ferrufino Ayala fueron los dos fallecidos.

6 de septiembre
Más familias son desalojadas, ahora en Chinandega. Los tomatierras deshabitaron los terrenos de una empresa licorera, ubicada al sur de la ciudad. El sitio tenía energía eléctrica y agua potable.

21 de septiembre
Tomatierras desalojados de terrenos del Country Club denuncian manipulación y traición de parte del Gobierno. Declararon a los medios de comunicación que fueron usados para asistir a las marchas y participar en la “Operación Limpieza” en distintos departamentos, a cambio de un pedazo de tierra.

28 de septiembre
Ciudadanos que ocupaban los terrenos cercanos a la Pista Suburbana abandonan la propiedad ante un aviso policial de desalojo. También manifestaron su enojo por “las mentiras” del Gobierno de Daniel Ortega.

21 de octubre
Precaristas que fueron desalojados de una finca en San Marcos denuncian que el Gobierno les prometió esos terrenos a cambio de que participaran en la “Operación Limpieza”. David Mendoza Rodríguez admitió que anduvo armado tres meses.

6 de noviembre
El Gobierno anuncia la entrega de lotes a nivel nacional a través del programa de vivienda Bismark Martínez. Los interesados tendrán que pagar 1500 dólares por los terrenos que tendrán agua potable y conexión eléctrica. Reyna Rueda, alcaldesa de la capital, dijo que en Managua se ofrecerán al menos 5000 lotes por año.

8 de noviembre
Hombres encapuchados y armados, que desde el 28 de julio se tomaron una finca dedicada a la plantación de caña de azúcar, de Piero Coen, prenden fuego a un lote de 25 hectáreas e impiden el acceso de los bomberos.

10 de noviembre
Esperanza Lacayo de Heavy, propietaria de las fincas Chatilla, Santa Lucía y Zopilote, ubicadas en Buenos Aires, Rivas, informa que grupos armados han invadido sus propiedades en represalia a las críticas de su hijo, Michael Healy, presidente de Upanic y administrador de sus fincas.

18 de noviembre
El asalto a la propiedad privada se extiende por ocho departamentos del país, y según las denuncias recabadas por Upanic, 5480 manzanas de tierras rurales y urbanas siguen tomadas por grupos armados.