21 de noviembre 2018
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La solución a las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasa por resolver primero la profunda crisis política que afecta al país. No porque sea el mantra que repiten los economistas y los representantes de todos los sectores, sino porque un sistema de pensiones solo funciona bien cuando hay mucha gente con empleos bien remunerados.
Esa fue la conclusión a la que llegaron los expertos Róger Murillo, Donald Soza y Manuel Israel Ruiz, que participaron del Facebook Live ‘Panorama de la Seguridad Social en Nicaragua’, organizado por el Instituto de Estudios Económicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Murillo instó a hacer un esfuerzo por “resolver pronto” la situación del Instituto, a sabiendas de que “todos los economistas dicen que el primer trimestre de 2019 será grave”, advirtió.
“El INSS necesita una revisión a fondo, pero antes de eso, hay que resolver el problema político, porque la base del seguro social es el empleo. Si volvemos a estabilizar el país, se aumentan los índices de crecimiento, el futuro del INSS puede ser mejor, pero administrado de manera distinta”, acotó Soza.
Ruiz por su parte, se concentró en el hecho de que al menos dos millones de personas (entre pensionados, viudas, huérfanos y sus familiares), están vinculadas con el INSS, que necesita 850 millones de dólares anuales para cubrir sus gastos, comenzando por los 40 millones de dólares mensuales que eroga en concepto de pensiones.
De todos modos, no se trata de hacer una reforma por hacerla, sino que debe ser un proceso “horizontal, por consenso, para que goce de legitimidad, y transparente, para que goce de confianza”, exteriorizó.
Si bien hay prisa por comenzar a buscar soluciones para el INSS –y negociarlas, aprobarlas y aplicarlas- Soza advierte contra la tentación de aplicar parches que parezcan solucionar el problema en el momento, pero que en realidad dejen el problema para que lo resuelva el que venga después.
“Cada vez se aporta más y se recibe menos, y eso no puede seguir siendo así. La seguridad social es de los trabajadores, no del Gobierno”, sentenció Soza.
En esa misma línea, Murillo dijo que no se puede resolver la crisis financiera del Instituto, simplemente aumentando las cotizaciones, y que si bien el INSS tiene un problema de caja, “se necesita resolver primero el problema político, porque de lo contrario, no se podrá resolver el problema financiero” de la entidad.
Buscar el consenso
Adelmo Sandino, investigador del Ieepp, conversó con los expertos Róger Murillo, Donald Soza y Manuel Israel Ruiz, sobre el Panorama de la Seguridad Social en Nicaragua. Confidencial / Iván Olivares
Luego de resolver ‘el problema político’, el INSS afrontará un problema de voluntad política para dar con las soluciones adecuadas en su búsqueda de resolver la crisis financiera que le aqueja.
Manuel Israel Ruiz señaló que “el costo de no respetar el Estado de Derecho es altísimo”, a la vez que insistía en la idea de que ya no hay margen para aumentar las cotizaciones, siendo que ya son las octavas más caras de toda la región, como base para mencionar su argumento de que “debe ser una reforma integral”.
El primer requisito para ello, es solucionar la crisis política que paraliza al país. El segundo, es que debe partir de una amplia discusión y consenso (ser horizontal), y no impuesta ‘desde arriba’, o de lo contrario fracasarán como fracasaron las reformas de 1997, 2000, 2013 y 2018.
“El INSS solo ve reformas monocausales, siendo que son múltiples. La reforma de 2013 estaba condenada al fracaso, porque solo incluía el tema de los ingresos, cuando también debía enfrentar lo jurídico, el manejo actuarial, la gobernabilidad del Instituto”, detalló.
“La reforma del 2018, fracasó, como sabemos. Tuvo que ser abortada, pero tampoco tenía opciones, porque solo tocaba lo financiero”, remarcó Ruiz.
“La crisis del INSS era una crisis anunciada, pero llegó en medio de otra crisis por la que ahora hay 160,000 afiliados menos, y se equivocan quienes dicen que eso disminuye los ingresos, pero también los egresos, porque la población sigue envejeciendo y demandando atenciones, lo que se cubre con dinero”, graficó Soza.
No solo la negociación debe ser transparente: también la información a considerar cuando las partes se sienten a la mesa.
“Todos los institutos de seguridad social tienen expertos actuariales. El INSS tenía jóvenes capaces en esos temas, pero si hicieron los estudios actuariales pertinentes para fundamentar las reformas de 2013 y 2018, no lo sabemos, porque no se hicieron públicas, de modo que los que sabemos, no podemos analizarlas para aportar”, lamentó Murillo.
Un estudio actuarial determina cómo ha evolucionado (y cómo pueden evolucionar), variantes tales como la población que está dentro de la esfera del INSS, así como aquellos que están fuera, sea que integren la población económicamente activa o no, para determinar en el tiempo, cuánta gente puede llegar a afiliarse a la seguridad social, por cuánto tiempo, aportando cuánto, y cuánto demandará cuando llegue el momento de jubilarse.
Ese tipo de estudios permite saber que el 35% de los asegurados actuales, tiene menos de 35 años de edad. Saber eso es importante, porque permite calcular año con año, cuánto aportará ese grupo de personas, y que aquellos de ese grupo que lleguen con vida al 2043 reclamarán una pensión, después de haber representado mayores gastos para cuidar su salud, en la medida en que se acercaban a los 60 años de edad.
