21 de noviembre 2018
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La militarización y ocupación ilegal de propiedades privadas en diferentes departamentos de Nicaragua han ocasionado una pérdida económica global de 17.1 millones de dólares, que además se traducen en la pérdida de más de 9000 empleos, según el último reporte de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). Hasta este 18 de noviembre, 5480 manzanas de tierra siguen ocupadas ilegalmente, de un total de 9800, reportadas en junio, en medio de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra las masivas protestas ciudadanas.
El lucro cesante es el daño patrimonial, que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica a causa de un acto ilícito. Con la invasión de tomatierras, este lucro cesante en el sector agrícola se estima en 7.4 millones de dólares, y perjudica a 20 ciudadanos: cuatro estadounidenses y 16 nicaragüenses, radicados en siete departamentos del país.
El presidente de Upanic, Michael Healy, recomendó la semana pasada al Gobierno de Ortega "dialogar" para encontrar una solución a la situación sociopolítica de Nicaragua, que ha desembocado en una crisis económica.
El economista y expresidente del Banco Central, Mario Arana, estiman que la liberación de los terrenos ocupados por tomatierras es un aspecto positivo. Sin embargo, lamenta que el Gobierno todavía no resuelva el problema de fondo.
“Es un problema de visión, de modelo político. Con el diálogo es que se resuelve ese problema de fondo. Debemos construir sobre la base de instituciones sólidas, el respeto al derecho de propiedad sobre el Estado de derecho, sobre la democracia, eso es lo que debemos asegurarnos”, afirma Arana.
Un mensaje equivocado
Según Upanic, de las 9800 manzanas de tierra que estaban ocupadas ilegalmente, hasta la fecha solo han sido liberadas 4320. Estas propiedades pertenecen a 23 nicaragüenses, siete estadounidenses, un canadiense y un mexicano.
El 25 de mayo, un grupo de ciudadanos de los barrios costeros de Managua invadió terrenos propiedad de la Universidad Nacional Agraria (UNA). Los ciudadanos alegaron que llevaban muchos años pidiendo terrenos al Gobierno. Sin embargo, no habían obtenido respuesta. Otros expresaron que tenían permisos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Grupo Coen ha sido uno de los más afectados por los tomatierras. El ocho de noviembre, hombres encapuchados y armados, incendiaron un lote de 25 hectáreas de la finca Holanda, ubicada a 15 kilómetros de Chinandega, que habían invadido el 28 de julio. El grupo empresarial denunció que la finalidad de la invasión fue “dañar las cosechas”. También impidieron el acceso a los bomberos para apagar el incendio provocado.
En total, 1500 manzanas del Grupo Coen permanecen tomadas por estos grupos irregulares. Según Carlos Zúñiga, director jurídico y de operaciones de este grupo empresarial, representan el 21.5% de la tierra invadida en los últimos meses.
Guillermo Jacoby, presidente la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), manifestó que en un país donde se respeta el Estado de derecho, no debería existir una sola manzana ocupada por tomatierras. Agregó que la ocupación ilegal de propiedades envía un mensaje nocivo al mundo entero.
“El mensaje es que en Nicaragua no se respeta el Estado de derecho, y esto ahuyenta la inversión extranjera. El empresario internacional no tiene la certeza de que las tierras que compre en el país se las van a tocar o no, entonces para qué van a invertir. Ese es el mensaje más grave”, afirmó el presidente de APEN.
Reacciones a nivel internacional
Jacoby explicó que durante la Cumbre Iberoamericana realizada la semana pasada en Guatemala, escuchó la opinión de empresarios de todas partes del mundo respecto a la situación de la región y también de Nicaragua.
“Los problemas que suceden en Nicaragua están repercutiendo a nivel de la región. La inversión está yéndose. Lo que dijeron es que la región está en problemas y que no iban a traer inversión, empezando por Nicaragua. Esto es un verdadero problema”, expresó Jacoby.
El presidente de APEN insistió en que el mensaje que recibe la comunidad internacional es no invertir en Nicaragua o detener sus operaciones en el país. Resaltó que los inversionistas han perdido la confianza y será muy complicado recuperarla a corto y mediano plazo.
“Nosotros lo que tenemos que buscar es un arreglo político que nos lleve al arreglo económico. Pero tiene que haber un deseo del Gobierno de hacer ese tipo de negociación política, para que los inversionistas vean que la situación en Nicaragua se está arreglando”, continuó Jacoby.
Invasiones generan desempleo
El comportamiento de desocupación que refleja Upanic es de tres fincas en julio, doce en agosto, cuatro en septiembre, nueve en octubre y cuatro en noviembre. A pesar de que se han liberado algunas propiedades, 9010 personas han perdido su empleo por esa causa.
Upanic ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR), con la autorización de los propietarios afectados, la documentación y el listado de las propiedades ocupadas, para que esta institución del Estado facilite la liberación de las tierras.
Las propiedades ocupadas por los tomatierras corresponden en su mayoría a fincas de uso agrícola que representan el 71% del total. El 20.5% es de uso pecuario, el 5.5% forestal, el 2% industrial y el 1% a otro tipo de actividad.
El economista Mario Arana enfatizó que la “táctica” del Gobierno de invadir las propiedades de los empresarios, forma parte de “una negociación” que pretende impulsar a la fuerza. Sin embargo, destacó que este “jueguito” solo provoca un ambiente de desconfianza e incertidumbre que afecta las decisiones de inversión en el país.
“Es un mensaje que no va a calar. Tenemos un problema más grande: esos trucos se conocen como recursos que se han usado en Nicaragua, pero el país está cansado de esto. Realmente este no es el método con el que vamos a resolver el problema económico en el país. Su raíz es una profunda desconfianza en el sistema político. Se tiene que dar una negociación real, a fondo, integral, para resolver el enorme problema de desconfianza que se tiene, y buscar la reconstrucción que el país necesita urgentemente”, sugiere Arana.
