7 de noviembre 2018
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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) estima en más de 600 personas los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, detenidos por asuntos de índole política, y acusados bajo la fabricación de delitos vinculados al terrorismo, contrario a los 273 que reconoce el Ministerio de Gobernación, según un informe presentado por el viceministro Luis Cañas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) calculan, por su parte, que el Gobierno de Daniel Ortega tiene 400 presos políticos diseminados en los distintas cárceles y penales del país.
Entre 315 y 320 están siendo objeto de proceso y dentro de esos procesados, la CPDH representa entre 160 a 165 personas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza 552 personas presas, entre ellos 507 hombres, 40 mujeres y 3 personas transexuales.
Mairena en "el infiernillo"
Medardo Mairena, líder campesino y preso político, fue llevado este martes a los Juzgados de Managua junto a Pedro Mena para iniciar el Juicio Oral y Público y enfrentar ocho cargos, entre ellos terrorismo. Sin embargo la audiencia fue reprogramada por tercera vez para el 14 y 15 de noviembre.
El líder campesino pudo reunirse con el doctor Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y conversar sobre su estado de salud y el trato en las cárceles del Sistema Penitenciario.
Montenegro pudo confirmar, directamente de Medardo, que no está siendo sometido a tortura físicas, pero sí a torturas psicológicas. Mairena se encuentra en la celda 300, conocida como “el infiernillo”, junto a Pedro Mena, Silvio Pineda Bonilla y Orlando Pineda Icabalceta acusados de terrorismo, asesinato, crimen organizado, secuestro, robo agravado, daños a la propiedad, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones.
Los cuatro detenidos permanecen en una celda de cuatro por seis metros, en condiciones de calor, no hay luz, el aire que circula es escaso y no salen a tomar el sol, como los demás reos del Sistema Penitenciario. La alimentación es precaria y el estado de la celda no permite consumir alimentos.
La condición de salud de Mairena y Mena es otro tema pendiente. De acuerdo a Montenegro los líderes campesinos presentan varias dolencias, pero el Sistema Penitenciario no ha registrado ni notificado a los Juzgados la situación de los presos y su defensa no puede realizar las debidas solicitudes para atender las enfermedades de los acusados.
Julio Montenegro asegura que el Sistema Penitenciario realiza “simulacros” de atención médica a los presos y presas políticas. “Sacan a las personas, se les pone en una camilla, hacen como que las están chequeando, les toman fotos, videos y luego vuelven a su estado normal”, afirma el abogado de la CPDH.
Montenegro junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han intentado ingresar a las celdas de “El Chipote”, “La Esperanza” y “La Modelo” para verificar el estado de los presos y presas políticas, sin embargo se les ha negado el acceso. La última vez fue el 27 de octubre para verificar la situación en “La Esperanza”, donde 17 presas políticas fueron golpeadas por un grupo de hombres armados con cachiporras.
Aunque el acceso fue negado, Montenegro pudo comprobar que las mujeres de “La Esperanza” fueron golpeadas. Dos presas políticas de Matagalpa confirmaron a la CPDH la agresión y presentaban moretones en sus piernas, brazos y labios.
Juicio a Mairena y Mena pospuesto por tercera vez
El Juicio Oral y Público en contra de Mairena, Mena, Pineda e Icabalceta se pospuso para el 14 y 15 de noviembre a petición de la defensa. Aunque la Autoridad Judicial no estaba de acuerdo, la CPDH insistió en la reprogramación para que el nuevo abogado defensor tuviera una adecuada representación y los elementos probatorios a mano.
La reprogramación había sido solicitada por escrito desde el lunes 5 de noviembre, sin embargo el traslado de los acusados a los Juzgados de Managua se realizó sin estimar la solicitud.
Los testigos presentados en el caso de Mairena y Mena son funcionarios del Estado. Montenegro afirma que una gran cantidad de oficiales de policía, investigadores, peritos, códigos y empleados públicos suman 75 testigos por parte del Ministerio Público. La defensa a incorporado 10 testigos que acreditan la falsedad de las acusaciones.
“Lo que dice el Ministerio Público no es cierto, simple y sencillamente porque [Medardo] no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Se le está queriendo acreditar que él junto a Francisca Ramírez estaban en el lugar de los hechos y que ellos dirigían los ataques, incluso se señala que Medardo tenía un revólver y esas situaciones no corresponden”, asegura Julio Montenegro.
