20 de octubre 2018
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Este viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ante el Consejo Permanente que en Nicaragua “sucede algo terrible” y que la continuidad de las políticas represivas del régimen de Daniel Ortega, obligará a recurrir “al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana dicta que en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
La aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sería la antesala de la aprobación del artículo 21, que suspendería a Nicaragua de la OEA, explicó el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, en el programa televisivo Esta Noche.
“El artículo 21 es en el que realmente empieza a apretar duro la OEA.Sin embargo, para que se apruebe la suspensión del país, que es algo que algunos miembros de la OEA piden para Nicaragua, se necesitan 24 votos y ni siquiera con Venezuela se ha llegado a esa cantidad todavía. Algunos países centroamericanos han jugado papeles ambivalentes. Yo no anticipo una convocatoria, digamos pasado mañana, para considerar la aplicación del artículo 21, pero en esa dirección se está moviendo la OEA”, expresó Aguirre Sacasa.
La aplicación del artículo 21 significaría el aislamiento del Estado de Nicaragua en el hemisferio. Aguirre Sacasa recordó cuando se aplicó la suspensión a Honduras después del derrocamiento de Manuel Zelaya. En esa ocasión Estados Unidos apoyó con la mayoría de países esa medida, retiró las visas a las nuevas autoridades, el BID suspendió sus desembolsos y no aplicó ningún crédito nuevo. Otras instituciones financieras, incluyendo el FMI y el Banco Mundial, también se replegaron en este caso.
“O sea, algo de eso podría pasar en el caso de la suspensión de Nicaragua de la OEA, pero de hecho ya está pasando. Si vos ves el presupuesto que el Gobierno acaba de presentar ante la Asamblea, los desembolsos del Banco Mundial y del BID, y el FMI, para 2019 son mucho menores de los que deberían haber sido en tiempos normales”, afirmó el excanciller.
Mauricio Díaz, exdiplomático del Gobierno de Nicaragua, coincidió con Aguirre Sacasa respecto a la posible aprobación del artículo 21 de la Carta Democrática y la posterior suspensión de Nicaragua. Sin embargo, no se mostró muy optimista con la reacción del mandatario sandinista.
Defensa de la democracia
“El problema es que Ortega no tiene ‘en misa’ ningún propósito de enmienda y a él le pueden decir lo que sea, y podría seguir siendo indiferente en cumplir con los compromisos internacionales en cuanto a la OEA. La suspensión sería, en todo caso, una sanción política y moral, pero no será coercitiva”, explicó Díaz.
El exdiplomático manifestó que la OEA podría influir en los Estados miembros para que de forma bilateral, tomen las medidas que consideren necesarias para aportar a ese orden democrático y constitucional. Díaz mencionó que un ejemplo de ello, es lo que realiza Estados Unidos, con la “Magnitsky Nica”.
Díaz consideró que en el caso de Nicaragua lo que ocurre es una defensa colectiva de la democracia, de parte de los Estados miembros, y que esto no tiene nada que ver con que se esté violando la soberanía del país, pues los derechos humanos no tienen fronteras, y en este contexto se ha violentado algo fundamental, que es el derecho a la vida.
“¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sé. A estas alturas, un Gobierno responsable debería estar preocupado por ver cómo reconstruye la institucionalidad, sin embargo, la reacción de Ortega es de fuerza, violencia y terror. Lo que veo es la venezolanización de Nicaragua con una componente de cubanización”, explicó Díaz.
Una de las sanciones que también podrían aprobarse como un “mecanismo de presión” para el régimen de Daniel Ortega es ley “Magnitsky Nica”, que está a un paso en el Senado de los Estados Unidos.
“Nos metería en un club muy indeseable donde solo están Rusia, Corea del Norte y Venezuela”, comentó Aguirre Sacasa.
La nueva ley limitaría el acceso a los créditos ante los organismos financieros, designaría sanciones individuales similares a la Ley Global Magnitsky, y contempla el bloqueo de capitales, la revocación de visas y penalidades económicas, medidas ya ejercidas por Estados Unidos e intensificadas desde el inicio de la crisis.
El Senado y la Cámara de Representantes norteamericana se encuentran en receso y a su regreso, a inicios de noviembre, “podrían jalar el gatillo”, afirmó el excanciller.
Grupo de Trabajo de la OEA alerta por "clima de miedo"
El Grupo de Trabajo de la OEA, integrado por 12 países, alertó de un "clima de miedo" en Nicaragua y dijo haber observado un aumento de las detenciones entre quienes protestan contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El embajador de Chile ante la OEA, Hernán Salinas, presentó durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente el último informe del Grupo de Trabajo, creado el 2 de agosto y compuesto por 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
El reporte concluye que, "si bien se ha contenido la represión violenta de los meses de verano, prevalece un clima de miedo" en Nicaragua debido a que "los informes de detención y victimización están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación".
Las protestas contra Ortega estallaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social. Hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta 325 ciudadanos muertos durante la crisis, más de 300 detenidos y miles de heridos.
En este contexto, el Grupo de Trabajo ha constatado que "no ha habido ningún progreso" hacia la reanudación del diálogo nacional mediado por la Iglesia católica y en el que participan el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica, que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos.
CIDH advierte "nueva ola de represión" en Nicaragua
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, presentó un informe que completa “seis meses de una dramática situación que afecta la vida de los nicaragüenses”.
La CIDH a través de la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) durante las últimas semanas, observó un incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas en Nicaragua. Abrāo advirtió sobre la detención y criminalización de líderes y lideresas políticas y sociales. Asimismo, expresó su preocupación por los efectos particulares que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La Comisión actualizó la cifra de víctimas mortales a 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías y 24 niñas, niños y adolescentes. Frente a la inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses y sus cuestionamientos al registro de fallecidos reportado por la CIDH, la Comisión reiteró al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre todas las personas fallecidas en el marco de la situación que atraviesa el país, para que la CIDH pueda cotejar y verificar la cifra con los datos proporcionados por las autoridades estatales.
La CIDH, además, expresó "preocupación" por la "persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social" contra Ortega, cuyo Gobierno declaró el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones que no cuenten con el permiso de las autoridades.
Abrāo hizo referencia a la nota de prensa de la Policía Nacional “número 115-2018 del 28 de septiembre”, que califica las manifestaciones públicas como ilegales por el solo hecho de haberse producido en ellas actos violentos puntuales y responsabiliza legalmente a quienes las han convocado y organizan.
“En este sentido, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su extrema preocupación por la posición de la Policía Nacional de Nicaragua que declara ilegales las manifestaciones de protesta y responsabiliza penalmente a sus convocantes”, refirió Abrāo.
El secretario de la CIDH expresó que ese organismo condena enérgicamente cualquier tipo de impedimento impuesto para que una persona pueda ejercer su derecho a utilizar los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales.
Abogan por diálogo y cese a la represión
El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe presentado por Paulo Abrāo, y dijo que la CIDH “se encuentra en nueva etapa de agresión y es un arma del golpismo”. Que, si bien aceptaron en su momento la visita de este organismo “creyendo en sus buenas intenciones”, en la OEA no existen “organismos neutrales, sino con doble rasero”.
Alvarado reafirmó que el Estado de Nicaragua no reconoce la existencia del grupo de Trabajo de la OEA y no otorgó validez al documento presentado por estos países, asimismo desconoció el informe de la CIDH.
“Hacemos un llamado a los Estados miembros a disociarse de acciones golpistas que promueven sectores ultraderechistas de Estados Unidos, en contra de nuestro país y exhortamos que cesen esas acciones.”, afirmó Alvarado.
Los países miembros lamentaron las declaraciones del representante de Nicaragua, y reafirmaron su preocupación y compromiso de aportar acciones para que en el país se reinstale el diálogo con todos los actores involucrados.
Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos en la OEA, consideró que la situación en Nicaragua ha empeorado y que existe una condena internacional por la campaña de intimidación de parte del régimen del presidente Ortega. Insistió en que las acciones desarrolladas por el Gobierno no son aceptables y representan intentos de presionar y criminalizar la protesta.
“El presidente pretende responder a la tensión a través de los grupos armados para todos los fines. Los ciudadanos no armados que ejercen sus derechos humanos no son terroristas, no deben ser tratados como tal. Esas acciones del Gobierno perjudican su imagen ante el mundo. Nos unimos a los demás miembros de la región y hacemos un llamado al Gobierno de Ortega a que cese la violencia y responsabilice a aquellos que han cometido represión”, expresó Trujillo.
Elisa Ruiz Díaz, embajadora de Paraguay ante la OEA, reafirmó que las acciones del Gobierno no contribuyen a la solución de la crisis en el país, sino que profundizan las diferencias, además que denotan la falta de voluntad de diálogo del régimen del presidente Ortega. Reiteró su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis en Nicaragua.
“Deseamos que se cumpla lo consagrado en las letras del Himno Nacional de los nicaragüenses que dice ‘Salve a ti Nicaragua, en tu suelo ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos”, finalizó Ruiz Díaz.
Paula María Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, dijo que Nicaragua, “lejos de mejorar, empeora día a día”. Expresó que el régimen de Ortega se siente seguro a través de un sistema represivo de violaciones e insistió en darle nombre y apellidos a las cifras de muertos, heridos, secuestrados, por el Gobierno sandinista.
“Estamos convencidos que estas personas que están sufriendo tienen nombres y apellidos. Quiero nombrar hoy a Álvaro Conrado, un fallecimiento que toda Nicaragua lamenta. Álvaro murió por el disparo de un francotirador, sus últimas palabras fueron ‘me duele respirar’, y hoy en Nicaragua a muchos les duele respirar”, mencionó Bertol.
